Bessent defendió la asistencia financiera a Argentina: "Es un aliado estadounidense"
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EL DIARIO digital
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La Armada Argentina quedó en el centro de una investigación penal y administrativa a raíz de una presunta maniobra sistemática de desvío de fondos públicos en el área de liquidación de haberes. La suma comprometida superaría los 1.600 millones de pesos e involucraría a personal del escalafón de Intendencia de la fuerza.
El caso tomó impulso formal tras la denuncia presentada por el jefe de servicios financieros del organismo, donde se detallaron severas inconsistencias en la acreditación de sueldos, asignación de suplementos y pago de horas extras al personal civil y militar.
Según la reconstrucción inicial de los hechos, la maniobra consistía en mantener vigentes las liquidaciones salariales de personal que ya había sido desvinculado de la institución. Posteriormente, esos montos eran transferidos a cuentas de efectivos en actividad, constituyendo un circuito paralelo de sobresueldos.
Las pesquisas preliminares señalan que los responsables del área habrían retenido hasta el 50% de las sumas desviadas, con una nómina de presuntos involucrados que podría alcanzar a medio centenar de personas. El área de liquidaciones tiene como responsables principales a los capitanes de navío Carlos Alberto Castro Maggio y Guillermo Gabriel Orozco.
Fuentes cercanas al expediente advierten que las fallas en los controles y auditorías internas permitieron la continuidad del esquema en el tiempo, al tiempo que no descartan que la causa derive en responsabilidades sobre estamentos superiores de la conducción naval.
Ante la difusión del caso, la Armada Argentina emitió un comunicado oficial confirmando la apertura de una actuación administrativa tras constatar las irregularidades en las acreditaciones salariales.
En forma paralela, las autoridades del Ministerio de Defensa promovieron la denuncia penal correspondiente ante el Juzgado Federal N° 2, con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales de los implicados. Desde la cartera de Defensa subrayaron que se aplicará una política de tolerancia cero ante el manejo irregular de los recursos públicos y que se aportará la documentación requerida para el avance de la causa.
