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EL DIARIO digital
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La Corte Suprema rechazó la licencia extraordinaria que pidió el juez federal Ariel Lijo en el juzgado federal número 4 para asumir en el máximo tribunal.
Lijo fue nombrado "en comisión", por decreto, por el presidente Javier Milei, el pasado 26 de febrero.
La decisión fue tomada en la reunión de acuerdos de la Corte de esta mañana. Participaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto junto a Lijo y juró como miembro el pasado viernes.
Lijo presentó la solicitud ante la Cámara Federal porteña, que dio luz verde al pedido, pero lo elevó a la Corte Suprema, que suele definir la concesión de las licencias que se extienden por más de 6 meses.
La designación de ambos, a pocos días de que se inauguren las sesiones ordinaras y traccionada por una controversial interpretación del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución que avala al presidente a llenar las "vacantes de los empleos" mientras el Senado se encuentre en receso quedó envuelta en la la polémica.
Ayer, un grupo de ONGs presentó en la Justicia un amparo contra el Estado pidiendo que se anulen la designación de los jueces. Fundación Poder Ciudadano, sociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y el el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) señalaron en el escrito que el procedimiento habitual para la designación de jueces exige el aval agravado del Senado.
La opción del Senado
A partir de esta decisión, la suerte de Lijo está puesta únicamente en el Senado. Si la Cámara Alta decide reunirse para tratar su pliego, el juez a cargo del juzgado federal 4 podría a ingresar a la Corte de manera vitalicia. Lijo ya obtuvo dictamen a favor de la Comisión de acuerdos pero el tratamiento de su pliego sigue demorado.
Su pliego de Lijo, que inicialmente contaba con el respaldo necesario para ser aprobado, quedó en suspenso tras el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, lo que llevó a aliados y opositores a reconsiderar su apoyo.
Por otro lado, el pliego de García-Mansilla no alcanzó las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, lo que obliga a la oposición a reunir dos tercios de los votos en el recinto para su aprobación. A pesar de haber jurado como juez, su nombramiento está sujeto a un plazo de un año lo que refuerza la fragilidad de su posición.
La defensa de Milei
El presidente defendió enérgicamente la constitucionalidad de los nombramientos en comisión por decreto, argumentando que la propia Corte avaló esta práctica al tomar juramento a García Mansilla. En una entrevista afirmó: "La evidencia de que el nombramiento de García Mansilla por decreto es constitucional es que la Corte lo analizó y decidió tomarle juramento". Además, calificó de "ñoños republicanos" a quienes cuestionan esta decisión. Justificó también su decisión en la demora del Congreso en aprobar los pliegos de ambos jueces, enviados en marzo del año pasado.
Sin embargo, la designación de jueces por decreto genera incomodidad incluso dentro de la Corte. Aunque en 2015 el expresidente Mauricio Macri utilizó este mecanismo para nombrar a Rosatti y Rosenkrantz, ambos asumieron sus cargos solo después de obtener el acuerdo legislativo.
En las próximas horas podría definirse la suerte de Lijo en el Senado.