El dólar blue no encuentra piso y en el mercado se preguntan hasta dónde puede caer
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EL DIARIO digital
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El Gobierno de Milei anunció este miércoles la puesta en marcha de un plan para "modernizar" el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cual implica la venta de edificios, tierras y el despido de 227 empleados.
"El Gobierno puso en marcha un plan para modernizar el INTA, que es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior", apuntó el vocero presidencial Manuel Adorni.
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario nacional disparó: "Desde 2007 el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con lo agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar".
Al brindar detalles sobre el plan, Adorni indicó que "se van a dar de baja los 227 ingresos que se hicieron el año pasado, que deberían haberse suspendido en enero, y se va a poner a disposición el predio del ente estatal en Cerrillos provincia de Salta".
"Mañana el Consejo Directivo del INTA va a votar este plan. Ojalá que los directivos del INTA opten por aprobar estas medidas que le van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones", deseó el funcionario público.
En esa línea, Adorni dijo confiar en que las autoridades del Instituto estén "a favor de tener un INTA que funcione para los fines que efectivamente fue pensado y no para lo que se lo ha utilizado últimamente".
"El 50% de sus 6.852 empleados actuales ingresó durante los gobiernos de Cristina Fernández, entre 2007 y 2015. De los 250 millones de dólares al año que recibe el INTA, el 90% se usa para pagar sueldos. Hoy la participación privada en las investigaciones del INTA es inferior al 10% y el objetivo es que esta cifra aumente al 30% para el año 2027", subrayó el portavoz.
En cuanto al plan de modernización que buscarán llevar adelante, Adorni detalló: "Incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Avenida Cerviño y Ortiz de Campo en Palermo. Este edificio está valuado en 6 millones de dólares como precio base. Cuenta con más de 3100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados". Y agregó: "Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio".
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tal como dispone el Decreto Nº 950 del 24 de octubre de 2024, impulsó su enajenación, ya que se encuentra dentro de los bienes declarados "innecesarios" o "sin destino", así como aquellos desafectados de sus jurisdicciones de origen.
La subasta de este emblemático inmueble de Av. Cerviño 3101/67 se dispuso a través del decreto 70/2024 publicado el 22 de noviembre en el Boletín Oficial y firmado por Nicolás Alberto Pakgojz, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En detalle, cuenta con una superficie cubierta total de 3.143,53 metros cuadrados sobre un terreno de 919,10 metros cuadrados. Allí funciona la Fundación ArgenINTA, INTeA (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias), el Centro de Investigación de Economía y Prospectiva (CIEP), las Direcciones de Vinculación Tecnológica y de Relaciones Internacionales, y trabajan unas 140 personas.
El valor base de la subasta es de USD 6.378.968 y el monto de garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego es de USD 95.684. La subasta pública tendrá lugar el 23 de diciembre a las 12 horas.
El vocero presidencial destacó que "lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA que son investigaciones".
"De las 116.000 hectáreas que tiene el INTA entre todos sus predios y propiedades solo 45.000 de ellas se usan para experimentación con fines comerciales y productivos", señaló Adorni.
La "modernización" que impulsa el gobierno nacional provocó el pasado 15 de octubre la renuncia del expresidente del INTA, el ingeniero agrónomo cordobés Juan Cruz Molina Hafford (ejercía desde diciembre de 2023) por discrepancias en cuanto al modo de hacerlo y también, en algunos temas, en cuanto a los ajustes puntuales.
Molina pedía que se respete el modelo de gobernanza del organismo, cuyo Consejo Directivo Nacional (CDN), el que toma las decisiones, está conformado por diez personas: cuatro de las entidades gremiales del campo, una de Aacrea, dos de las universidades de Agronomía y Veterinaria y tres directivos del INTA, su presidente, su vicepresidente y un vocal.
Al momento de asumir su cargo, el Gobierno le pidió a Molina hacer un uso más eficiente del patrimonio, de los espacios físicos, los campos e inmuebles que tienen jurisdicción en el INTA y pasar a disponibilidad todo lo que no tuviera sentido que lo tenga el instituto para que la AABE defina qué hacer. Para eso "se hizo un trabajo en conjunto, con equipos del INTA, con la Secretaría de Agricultura y el Ministerio Economía", explicó en una entrevista brindada Clarín Rural. "Yo estaba de acuerdo, siempre en base a que todas estas discusiones se deben conversar a nivel del Consejo Regional o el Consejo Directivo Nacional. Estas discusiones INTA siempre las tiene dentro de esos espacios de toma de decisión porque quienes mejor conocen el funcionamiento y el uso son estos Consejos. En mi modelo de gestión siempre puse muy en valor la participación del CDN", dijo Molina.
Otros de los puntos en conflicto fue el recorte del número de trabajadores: el Gobierno pedía 1.500 empleados menos y Molina sostenía que debía ser como máximo 900 ya que en durante la gestión de Mauricio Macri ya se había definido la dotación ideal de la planta del INTA, la cual no se modificó desde 2017. Para este ajuste, se procedió a una aceleración del proceso de personas jubilables y a retiros voluntarios que finalizó a principios de noviembre.
"No es lo mismo un trabajador del INTA que de otro lugar. El proceso de formación de los cuadros del INTA es continuo, es un proceso de criticidad, por mérito, por concursos; la gran mayoría de las posiciones de técnicos y profesionales se cubren por vacancia, hay becarios en formación, técnicos en procesos de postgrado, doctorados y posdoctorados. Entonces, la persona que se va del INTA probablemente agregue más valor que uno de otro organismo", sostuvo el expresidente del organismo.
La reestructuración del INTA también incluye cambios en los proyectos científicos y de experimentación que se vienen desarrollando. En ese sentido, Molina coincidía con el Gobierno en que los mismos deben agregar valor a la comunidad agroalimentaria. Por eso, el Consejo Directivo y el director nacional, propusieron medir el impacto de esos proyectos y el nivel de madurez de las tecnologías que generan.
"Como organismo tenemos que demostrar cuál es la productividad total de los factores para priorizar la asignación de personal y recursos a los que agregan más valor, los 135 proyectos no son todos iguales ni los productos o resultados que generan. Tenemos que ver cómo hacemos para achicar las brechas tecnológicas. Y esa productividad total de los factores se genera con investigación y con extensión", argumentó.
La Federación Agraria Argentina expresó su preocupación por el ajuste en el INTA, reclamó que se garantice la institucionalidad y la transparencia. "El INTA es un organismo autárquico y el CDN tiene toda la facultad, siempre se toman las decisiones allí, así que hemos transmitido nuestra posición: consideramos imprescindible defender al INTA, sostenerlo y mejorar su funcionamiento en aquellos aspectos que haya que mejorarlo", manifestó su presidenta, Andrea Sarnari.
La entidad federada propuso que, en lugar de considerar la venta de terrenos, se promuevan planes y proyectos de colonización para pequeños y medianos productores, como los ya existentes en Entre Ríos.
Ahora, ya con Nicolás Bronzovich en la presidencia del INTA, Adorni sentenció: "Se terminó el uso de los organismos públicos como máquinas para financiar el despilfarro de la vieja política. Ninguna oficina estatal tiene derecho a extirparle la riqueza a los argentinos".
