El Estado, donde no llega el mercado, y dos malas señales
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
Finalmente este viernes la Municipalidad de Toay decidió una intervención para el lado de la justicia social y permitió que la mujer que ocupaba una vivienda en esa ciudad pudiera instalarse, se supone que transitoriamente, en el albergue comunal, después de varias semanas de confrontación innecesaria.
Se vive en general un tiempo de crueldad, donde el gobierno nacional permite el derrame de su violencia, el gozo del daño de las personas y sectores que sufren el ajuste, un nuevo paradigma vincular que los medios del establishment porteño naturalizan y convierten en nueva "normalidad".
Frente a ese estado de cosas, a veces queda la sensación de que otra respuesta puede darse desde una provincia como La Pampa, todavía pequeña, poco habitada, no contaminada con algunas costumbres de las ciudades que se volvieron inmanejables, con lazos y redes de humanidad, donde hasta el mismísimo Estado y sus representantes son referencias "a las que conocemos todo", como reza un viejo refrán.
Si a eso se suma que hay un sector político que se pretende nacional y popular, que se jacta de tener sintonía con las verdaderas necesidades de la comunidad, lo mínimo que se espera es que ante situaciones de comprobada vulnerabilidad la primera reacción no sea la persecución criminal y la confrontación, sino la comprensión, la contención y la búsqueda de soluciones al alcance de la mano.
En el caso de la mujer que ocupó la vivienda en Toay se agrega que un antecedente debió contribuir a la sensibilización y el aprendizaje: la madre que antes residió en ese sitio, también como "ocupa" porque no le quedaba otra, terminó suicidándose luego de sufrir persecución estatal en distintos ámbitos.
En los días previos a la decisión más sensata de darle lugar a la mujer en el albergue municipal, el intendente de Toay Ariel Rojas abordó la problemática poniendo como su prioridad discursiva la obligación municipal de "cuidar los bienes del Estado", lo cual ciertamente es una de sus funciones, pero no la más importante, puesto que es imprescindible proteger la vida humana y la calidad de esa vida de quienes residen en su ciudad.
El comunicado de prensa que poco después difundió la comuna tampoco fue afortunado, porque hizo blanco en la mujer, víctima de una situación que a nadie se le desea, acusándola de violenta usurpadora y de mentirosa, pese a que todo su obrar fue en situación de desesperación y angustia.
Para demostraciones de crueldad hay suficiente cada día con lo que hace el gobierno nacional de Javier Milei, atacando mujeres, homosexuales, jubilados y jubiladas, personas que se desesperan en oficinas públicas porque llega a su fin la moratoria previsional, o sectores que necesitan de la Salud de modo imperioso mientras el presidente juega a la geopolítica berreta imitando a Donald Trump y haciendo circo con una renuncia a la Organización Mundial de la Salud que encima necesita de aprobación del Congreso.
…y una de arena…
El allanamiento que la Policía Federal hizo en el Taller Técnica Sur por decisión de la Justicia Federal para profundizar la investigación que permita determinar si las obleas que se entregan son falsas puso una vez más en posición incómoda a la ultraconflictiva Revisión Técnica Obligatoria que el gobierno de Luciano di Nápoli se ha propuesto sostener a capa y espada.
Se sumaron en la semana que se va nuevas voces de intendencias opositoras reclamando que la herramienta que se impone en la capital provincial no les sea exigida a vecinos y vecinas de localidades cercanas que desembarcan en Santa Rosa por necesidades laborales, burocráticas o incluso recreativas.
La gestión local prefiere frente a ese estado de cosas un silencio público que le quita argumentos en el espacio de la batalla cultural, y a la vez el agite de supuestas "operaciones" de "desgaste" de la gestión, mediante la puesta en escena que en formato periodístico se hizo de una serie de audios de militantes opositores.
Presentar para su escándalo mediático un par de charlas robadas de chats personales entre aficionados a la política como si eso constituyera una ofensiva de inusitada gravedad que pretende llevarse puesta la representación democrática es un verdadero desfasaje entre lo que a veces se cocina en los palacios y lo que sucede en la calle y la vida real.
Ni siquiera hay dudas sobre un par de cuestiones: 1) la oposición arremete de modo furibundo contra la RTO de modo muy transparente, a veces incluso brutal, en todos los ámbitos a su disposición, es decir el institucional, el político, el callejero y el judicial; 2) el desgaste que la UCR le promete a Di Nápoli es igual de transparente que toda esa operación, y en todo caso podrá debatirse si está en el límite de lo legítimo de la lucha política, pero de ninguna manera constituye una avanzada extraordinaria.
Sería deseable que quienes tienen responsabilidades pongan en el foco de su accionar lo verdaderamente importante y que desde las distintas veredas fueran capaces de quitarse las vendas de los ojos para hacer alguna autocrítica sobre lo actuado y revisar una normativa posiblemente necesaria, posiblemente positiva, pero que ha quedado tan embarrada que se mancha a sí misma.
La RTO es necesaria, la sugerencia de su vigencia forma parte de una legislación nacional, implica una forma de garantizar seguridad en el tránsito y hasta es capaz de "salvar vidas", como dijo despojada de todo interés partidario Silvia González, la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, especializada en la problemática.
La oposición tiene razón en varios de los planteos que hizo, pero es cierto que también prefiere sus poses de guerra antes que los verdaderos avances, y no puede evitar la tentación de comprar agendas porteñas y entonces toda mirada sobre la medida deriva en la palabra "curro" y en la denuncia de que es una decisión "recaudatoria", como si eso en sí mismo implicara un pecado.
Es la recaudación lo que les permite a los Estados mejorar la vida en comunidad o la infraestructura, por ejemplo las calles de Santa Rosa que tanto se vuelven ejemplo de lo mal que están: ¿cómo podrían mejorarse si no hubiera una instancia estatal de recaudación de recursos?
El oficialismo también tiene cuentas pendientes: su andar inconsulto se vuelve un estilo y la soberbia repele posibles aliados, el proceso no ha sido precisamente transparente, eligió un momento inoportuno para caer sobre los bolsillos populares y de algún modo la "exclusividad" otorgada al taller por nada menos que 20 años garantiza más un negocio privado que público.
Si uno y otro bando (porque en eso se han convertido: bandos) son incapaces de construir otro vínculo, aceptar culpas y revisar lo actuado, ya se sabe quiénes van a pagar los platos rotos: los vecinos y vecinas de Santa Rosa y de toda La Pampa.
