El Estado, donde no llega el mercado, y dos malas señales

Una de cal...

La gestión del gobernador Sergio Ziliotto, que se considera "en las antípodas" del Gobierno Nacional, como lo dijo recientemente el propio mandatario pampeano, decidió dar una nueva muestra de la intervención del Estado en aquellas cuestiones cotidianas -e importantes- donde el mercado no pondría el ojo.

Durante la semana que pasó, el Gobierno Provincial firmó una serie de convenios con una veintena de municipios para realizar obras de saneamiento por un monto de $ 914.673.661. Son fondos que la Provincia distribuye a las localidades a través de los PROPAyS (Programa Provincial de Agua y Saneamiento); PROMANCA (Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales); y PROSEDEC (Programa para el Sector de Desagües Cloacales).

"Deseo lo mejor para este año, seguramente será difícil como el que pasó, pero sepan que van a seguir teniendo el acompañamiento del Gobierno provincial en virtud de lo que nos manda la Constitución y la voluntad popular, que es gobernar para todos, para cada rincón de la provincia de La Pampa", le dijo el gobernador a los jefes y jefas comunales.

Una apuesta similar hizo el Estado pampeano durante la semana pasada con los productores de biodiesel. Ziliotto decidió mantener durante todo el 2025 el beneficio impositivo que goza la fabricación de biocombustible en la provincia.

A las empresas se les reduce la alícuota que pagan de Ingresos Brutos del 2 al 0,5%. La medida beneficia a las dos plantas que operan en territorio pampeano, una en General Pico y otra en Catriló. El decreto en cuestión fue firmado el pasado 8 de enero.

En la misma línea podría ubicarse la decisión de la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa de aprobar el "Procedimiento para la Sustanciación de Reclamos de los Usuarios y Usuarias del Servicio de Energía Eléctrica".

Este marco normativo busca garantizar un proceso "transparente, eficiente y accesible" para los usuarios del sistema eléctrico provincial, en caso de presentar quejas relacionadas con el servicio.

El procedimiento abarca una amplia gama de situaciones, desde fallas en el suministro, problemas con la conexión, disputas sobre facturación y medición, hasta cuestiones vinculadas con la generación distribuida y aplicación de cuadros tarifarios.

Según lo establecido en el Artículo 3, el nuevo proceso se rige por los principios del debido proceso, garantizando a los usuarios el derecho a ser escuchados y a presentar pruebas. En casos de personas en situación de vulnerabilidad, se aplicarán ajustes razonables para asegurar la igualdad de condiciones en el reclamo.

... y una de arena

Más allá de la investigación judicial, que avanza y decidió tomarse el caso en serio; y a pesar de la decisión del intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, de pedir una auditoria, lo que ocurrió en Santa Isabel con las tarjetas sociales es una muy mala señal, sobre todo en estos tiempos donde toda ayuda a los más necesitados es puesta en tela de juicio.

La pesquisa comprobó que una funcionaria utilizó la tarjeta social de una familia en su beneficio: hizo al menos una compra en un comercio por 27.000 pesos, un monto irrisorio, pero no por eso reprochable.

La funcionaria -María Ester Fernández, se desempeñaba en ese momento como Secretaria de Desarrollo Social- fue separada del cargo y la investigación incluye a una empleada de esa misma área identificada como Daiana Cabal.

Según lo que se pudo determinar hasta ahora, ambas mujeres recibieron tarjetas alimentarias de al menos cinco personas de esa ciudad, enviadas por el gobierno provincial, y retrasaron por varios meses la entrega. Durante ese tiempo, las habrían usado para hacer compras a su favor en comercios del medio.

Las acusadas afrontan ahora imputaciones por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para la justicia, el caso es grave porque "son dos funcionarias que deberían asistir con esas tarjetas a familias necesitadas y no solo las privaron de poder adquirir alimentos, sino que las usaron en beneficio propio, perjudicando a las familias que deberían ayudar".

Los concejales de Ingeniero Luiggi tampoco parecen estar a la altura de las circunstancias con el escándalo que tiene como principal protagonista al intendente local Gustavo Salvadori, que ya libró 383 cheques sin fondos, por más de 600 millones de pesos, perteneciente a su comercio privado, una conocida talabartería del pueblo.

A partir de la resolución 13/2024, el Concejo Deliberante decidió conformar a fines del año pasado una comisión investigadora "para determinar si los hechos de público conocimiento en los cuales se ve involucrado el intendente Gustavo Salvadori, revisten el carácter de transgresión grave".

De acuerdo a lo resuelto, será esa comisión investigadora la que "determine la existencia de hechos cometidos por parte del intendente municipal y la calificación de los mismos en los términos del artículo Nº119 de la Ley 1597 de Municipalidades y Comisiones de Fomento".

Sin embargo, los cheques sin fondos siguen incrementándose y la comisión brilla por su ausencia.