Una puerta abierta al diálogo y el lobby para un retroceso

Una de cal...

El gobierno provincial encontró un camino institucional, que antes la gestión libertaria impedía y negaba, para reclamar y negociar la abultadísima deuda que Nación tiene con La Pampa, y que se ha incrementado de modo notable y sistemático desde el 10 de diciembre del año pasado.

El gobernador Sergio Ziliotto eligió asomarse a esa puerta entreabierta que ofreció La Libertad Avanza, por lo que es posible que por primera vez con cuestiones realmente importantes que atender y conversar la Provincia y Nación se sienten en una misma mesa.

De todos modos, y como ocurre con todos los asuntos y problemáticas bajo la órbita del equipo de Javier Milei, el futuro es una incertidumbre total: la información que difundió el oficialismo nacional es insuficiente e imprecisa, fue metida en la misma bolsa con otras provincias que están en condiciones diferentes y es un misterio hasta qué punto se mantendrán relativamente estables los ánimos gubernamentales.

Aún si todo eso fuera un poco más claro, se sostendría el halo de incógnita respecto de los resultados concretos de la negociación, puesto que entre las características que ostenta la gestión de LLA se incluye la de ningunear pactos cuando le hace falta, o hacer de cuenta que nunca existieron acuerdos (el mejor botón de muestra, reciente y concreto, es el del Banco Nación de La Pampa, cuya gerencia zonal sigue sin ser repuesta).

Como sea, Ziliotto modificó el tono merecidamente belicoso que le venía dando a su discurso respecto de la órbita nacional: los constantes abusos de los que La Pampa es víctima justifican que la resistencia verbalizada sostenga esa defensa clara y sin medias tintas de los intereses pampeanos, que no son los de un gobernador, sino los de su población.

Aunque este cambio de impronta y el primer "sí" importante entre dos partes que no se podían ni ver aparece como el inicio de una nueva etapa, eso no quiere decir que se pueda imaginar ahora una conversación entre partes como si fuera sobre un lecho de rosas.

Lejos de ello, la esencia del gobierno nacional es el ninguneo permanente del federalismo así como de los intereses populares y trabajadores, con lo cual la tarea para que de ese encuentro surja alguna consecuencia positiva no será nada sencilla.

Por otra parte, sí es claro el monto de la deuda: en ese caso no se admiten demasiadas discusiones puesto que la cuenta es clara, está medida desde hace tiempo, al punto de que le ha permitido a La Pampa no sólo sostener su soberanía política y su histórico desendeudamiento sino también proyectar en el presupuesto 2025 cuál sería el número de la deuda acumulada si Nación insistiera en su actual posicionamiento ilegítimo.

...y una de arena...

Las patronales agropecuarias de la provincia, envalentonadas por un tiempo en el que su mirada política e ideológica ostenta un mayor consenso social, aunque siempre relativo, decidieron ahora arremeter contra una de las legislaciones ejemplares de las que supo hacerse la Provincia.

La Mesa Agropecuaria, que desde ya defiende sus intereses sin que le importen tanto los del bien común, pretende directamente que deje de existir la Ley de Plaguicidas que se logró después de un esmerado y enriquecedor debate en la Legislatura provincial.

Con la excusa de que el Ejecutivo empezó estudios para concretar la reglamentación de esa normativa, que ya está hecha borrador, las entidades agrarias ejercieron todo su poder de lobby, agitaron el pedido de favores a los sectores políticos que les hacen reverencia y hasta se atrevieron a abandonar la mesa oficial donde se conversaba el tema, dando un portazo cargado de simbolismo político.

Esa puesta en escena, según confesaron después dirigentes de las propias organizaciones, ya estaba planeada a fin de arriar agua al molino de quienes denuncian, en el colmo de la exageración, que la decisión oficial de una ley en la materia significa "criminalizar la actividad".

Así le llaman los patrones rurales al hecho de que un texto normativo, como en cualquier actividad, ámbito o rubro, establezca sanciones, exija requisitos, implemente modos de contralor o determine autoridades que pueden peticionar documentación.

Los propietarios de la tierra y productores rurales prefieren que no haya nada de todo eso, y que la aplicación de agroquímicos y plaguicidas, que algunos sectores definen directamente como pesticidas, se haga según las conveniencias económicas, las necesidades y deseos de quienes cortan el bacalao.

El gobierno primero incurrió en una demora injustificada en la reglamentación, que ayudó a que bloques legislativos embanderados con los intereses económicos de los patrones rurales, plantearan su teoría de que están vencidos los tiempos para concretar ese trámite.

El comportamiento oficial también abre lugar a dudas cuando para la mera reglamentación de una ley, que en todos los casos opera casi de facto, sin necesidad de nuevas reuniones o conciliábulos, cita esta vez a los actores para que sepan de primera mano lo que viene y a su vez difundan sus posicionamientos.

Nadie impugna, obviamente, la importancia del sector rural en la economía pampeana, porque aunque no sea la actividad que genere más o mejor empleo, sí tiene una actuación importante en el ingreso de divisas a partir de las exportaciones, pero ser un jugador clave en la materia no le da derecho al privilegio de solicitar descontrol respecto del uso y abuso de insumos comprobadamente tóxicos y perjudiciales.