El rol del Estado: ser o no ser, esa es la cuestión
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
El hecho de que el Senado nacional haya dado un par de muestras de estar a la altura de la circunstancia crítica actual, no alcanzó durante la ciclotímica semana que se fue para ponerle algo de alivio a la realidad socio-económica y política de la Argentina, que obviamente es la misma que afecta a nuestra provincia.
La Cámara Alta votó contra el impresentable decreto que le otorga a la SIDE más gastos reservados, por un monto de $100.000 millones, y además respaldó la necesidad de un financiamiento concreto a las universidades públicas, pero como confesó el propio legislador del peronismo pampeano Pablo Bensusán esas medidas son más "para la tribuna" que otra cosa.
Es que, por un lado, los $100.000 millones la SIDE ya se los gastó y por otro el presidente Javier Milei anunció de inmediato el veto total de la normativa que beneficia a la educación pública, posiblemente envalentonado porque le salió bien la jugada en perjuicio de los ingresos jubilatorios, con la complicidad del PRO y de los radicales vendidos.
La semana de vaivenes reitera al fin de cuentas un proceso más extendido y complejo, como resultas del cual queda la sensación de que ninguna conducta política se paga, o peor aún, genera la idea de que cuanta mayor crueldad, cuanto mayor aprovechamiento de los que menos tienen, cuanto menor vergüenza y mayor impunidad, más agua es capaz de arriar a su molino un sector político o un dirigente.
En medio de los embates que sufre el federalismo también resultó una noticia positiva que las provincias hayan hecho escuchar su voz y sus intereses para sostener la continuidad de la gestión del Consejo Federal de Inversiones, cuya administración resultó destacada aún en este tiempo de oscuridades por varias autoridades y jurisdicciones, incluyendo al gobernador Sergio Ziliotto.
En ese caso, fue derribada la operación que habían trazado los también ciclotímicos aliados liberal-libertarios, que así como son capaces de pactar milanesas de por medio en perjuicio de sectores populares y trabajadores, también son diestros en carnicerías para sacarse los ojos cuando la repartija no les convence.
En La Pampa, Ziliotto insiste con mensajes concretos que demuestran que se puede gobernar sin pisotear a las personas que más necesitan del Estado: mientras Milei veta el exiguo aumento que el Congreso otorgó a jubilados y jubiladas, el gobierno pampeano alivia a ese sector del pago de las cuotas de viviendas sociales; mientras la ola de tarifazos no se detiene y se la festeja en el nivel nacional, las cooperativas y el Estado acuerdan la posibilidad de un congelamiento que no haga estallar la convivencia pacífica por los aires.
Pero una serie de dudas disparan de esas decisiones en beneficio de la comunidad. Se instalan, ante la carencia de recursos, interrogantes elementales: ¿hasta qué punto las arcas provinciales están en condiciones de aguantar tamaña embestida nacional, la deuda multimillonaria acumulada, los fondos que vía Banco de La Pampa bancan al comercio y a los consumidores, los dineros para la emergencia alimentaria, los recursos en obras públicas que la Nación abandonó, los salarios de la administración que hasta cierto punto se incrementan en el mismo ritmo que la inflación?
…y una de arena…
Aún en ese contexto pampeano que tiene circunstancias más amables, la dirigencia política debe ser cautelosa en los hechos y con sus dichos, empezando porque la provincia no es una isla, y además porque los sectores trabajadores vienen padeciendo medidas y políticas públicas no de ahora sino desde hace largos años.
La referencia de la ministra de Educación Marcela Feuerschvenger respecto de que el salario docente le ganó a la inflación no fue precisamente una intervención afortunada, algo que seguramente comprobó ella misma a las pocas horas de su planteo, cuando un diputado radical le dijo que vivía en Disney, el sector docente autoconvocado le pidió que muestre su recibo de sueldo y hasta el gremio docente mayoritario, UTELPa, tuvo que salirle al cruce.
Aunque las intenciones de la funcionaria hayan sido las de poner en primer plano el modo en que la Provincia prioriza a sus docentes, las declaraciones fueron para el gobierno un pelotazo en contra, en una semana que tuvo para los oficialismos otras dificultades de peso, tanto en el nivel provincial como en el nivel local.
La repentina aparición del Banco Nación contra el aporte solidario es otro contratiempo para una normativa que lleva más de medio año de vueltas y dimes y diretes: el organismo alineado con el presidente Javier Milei anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para plantear la inconstitucionalidad, pero además amenazó con la posibilidad de cerrar la sucursal local de la entidad crediticia.
El argumento suena insólito o desinformado: si el BNA tiene que cerrar su presencia en la capital pampeana porque se incrementa en algunos puntos la alícuota de Ingresos Brutos significa por un lado que atraviesa una crisis financiera oculta, y por otro que hay un absoluto desinterés por la función que cumple ese banco.
Parece, en verdad, una puesta en escena, sobre todo si se toma en cuenta que por ejemplo el Banco de La Pampa puede absorber ese incremento sin problemas. Pero desde ya que es parte de la ofensiva contra el federalismo y los gobiernos provinciales que están dispuestos a defender sus intereses territoriales sin agacharse ante la ola libertaria.
En ese marco y para ratificar su posicionamiento de los últimos tiempos el diputado nacional del PRO Martín Ardohain aprovechó para echar más tierra sobre el gobierno peronista, dejando en segundísimo plano los intereses pampeanos y en especial de las familias más vulnerables, que serán las destinatarias de los recursos que se le reclaman al siempre muy afortunado sector financiero.
La herramienta de la falta de quórum que sufrió ese proyecto se mudó en la semana a la Municipalidad, donde la oposición tiene entre ceja y ceja la suspensión de la Revisión Técnica Obligatoria, y esta vez dejó en suspenso la sesión hasta que el intendente Luciano di Nápoli, que viene prefiriendo el silencio, responda al pedido de audiencia pública.
La misma estrategia de falta de respuesta y ocultamiento de información tiene la comuna frente a la posibilidad de que se cierre el INCAA de Santa Rosa, un espacio que es paradigma de años felices y de extensión de derechos, y que en estas horas asoma en riesgo no ya por la andanada libertaria sino por aparente desidia, cuando no intención política, de la gestión local que se presenta como nacional y popular.
