Conflicto político destrabado, pero con amenaza de repetición
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
En un acto de gran potencia institucional, el gobierno pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, dos respetadísimas organizaciones no gubernamentales y un jerarquizado abogado constitucionalista compartieron miradas sobre un informe oficial que describe los padecimientos que la provincia sufre a raíz del despojo del río Atuel, del que es víctima por parte de Mendoza.
La instancia siguiente de ese trabajo consciente y pormenorizado será una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la expectativa de que sea un paso positivo para que se haga práctico el fallo que la propia Corte Suprema de Justicia dictó en su momento, pero que sigue siendo una decisión sin efecto práctico.
Las presencias del profesional Andrés Gil Domínguez, de la Fundación Chadileuvú y de la Asamblea por los Ríos, que serán las organizaciones que formalmente reclamen, otorgan al informe no sólo el peso político que ya dio de manera concreta el gobernador Sergio Ziliotto, sino también técnico, histórico y simbólico.
Aunque la problemática del río Atuel en la provincia está tan divulgada y sabida que a veces hasta resulta ociosa la repetición de los daños causados desde el despojo, en otros niveles y jurisdicciones hay ignorancia respecto de la dimensión que sigue implicando ese corte arbitrario ejercido por la provincia cuyana, que además no duda en seguir tramando modos de aprovechamiento de los recursos hídricos en perjuicio de La Pampa.
Gil Domínguez señaló en algún momento que si en vez de tratarse de provincias de un mismo país y si en lugar de la vía judicial y pacífica La Pampa hubiera optado por otras formas de hacer cumplir sus derechos, la circunstancia hubiera derivado directamente en una guerra: así de grave es lo que hizo y sigue haciendo Mendoza.
Gil Domínguez es voz autorizadísima en la materia, no sólo por sus pergaminos profesionales, sino porque además fue uno de los que junto al abogado Miguel Palazzani se atrevió a dar el primer paso de denunciar ante la Corte la situación del Atuel: lo hicieron como simples ciudadanos, cuando el Estado provincial se hacía el distraído y el PJ pampeano en el gobierno confiaba en que todo se acomodaba con un par de llamados telefónicos y haciendo rosca política.
Por otra parte, es insólito que una fallo del máximo organismo judicial pase desapercibido como si no existiera y sea relativizado de semejante modo sin que existan consecuencias sobre esa desidia: desde ya que ese estado de cosas describe cuál es el respeto que Mendoza tiene por las instituciones, pero además evidencia la falta de mecanismos para que ante este tipo de conflictos se genere un modo reparador efectivo y concreto, que haga realidad la idea de "justicia".
La cruda verdad es que la propia Corte, desde el momento en que determinó que el río debía ingresar en la provincia con un caudal de tres metros cúbicos por segundo, se desinteresó de la cuestión y no movilizó los recursos a su alcance para que el fallo se haga efectivo, y además prefirió someterse a los juegos políticos que nunca están ausentes en esos niveles.
…y una de arena…
Aunque la realidad compleja instala como urgentes e incluso importantes otras problemáticas, en Santa Rosa también está impuesta en las conversaciones cotidianas la situación generada en torno a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una herramienta que el gobierno local quiere hacer efectiva desde el mes de octubre, pero que viene sumando ruidos y que a esta altura parece muy complicada de poner en vigencia con legitimidad.
La última novedad en torno al caso es que el taller destinado a hacer los controles, un monopolio surgido de una licitación, no tiene la habilitación nacional para esa tarea ni tiene la potestad para el otorgamiento de las obleas, según advirtió mediante carta documento la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Esa advertencia se formalizó luego de las observaciones que hizo la oposición política, que percibió prontamente que tenía con ese tema la posibilidad de ganarse un poroto, porque la gestión local incurrió en algunas situaciones por lo menos confusas y en algunos casos hasta sospechosas.
Es, además, un tema de impacto a nivel popular, no sólo porque la capital pampeana es una de las ciudades que mayor cantidad de vehículos tiene en proporción a su población, sino porque la puesta en vigencia de esa nueva herramienta implicaría para vecinos y vecinas un nuevo golpe al bolsillo, en circunstancias socioeconómicas penosas, producto de las políticas nacionales que sostienen la inflación y paralizan la actividad económica.
Se suma una situación indisimulable: el fondo de la cuestión es que se reclama que los vehículos demuestren que están en condiciones inmejorables de circular, pero se ignora que la ciudad presenta en general penosas condiciones de transitabilidad, puesto que una abultada proporción de las calles tienen defectos evidentes.
Esta última circunstancia, desde ya, no es atribuible a la gestión actual, por lo menos no de manera exclusiva, pero sí es una cuestión importante a tener en cuenta: cuando a la ciudadanía se le exigen determinados deberes y condiciones, es obvio que debe ser analizado qué servicios se contraprestan.
Si ya era extraño e inoportuno que semejante movida, obligatoria y onerosa, quedara en manos de un solo taller mecánico, mucho peor se vuelve ahora la situación con la oficial advertencia de que ni siquiera tiene la habilitación correspondiente, eso pese a que, según han contado vecinos y vecinas, exhibe las obleas supuestamente necesarias y ya ha cobrado por el servicio a quienes decidieron anticiparse y ahora estarán evaluando si no salieron perdiendo como consecuencia de ese apresuramiento.
Desde lo político, la oposición encontró en este caso una situación en la que hacer base con relativa coherencia: así como aparentó dispuesta a poner palos en la rueda en cualquier tema que fuera y sin importar demasiado las razones, en esta cuestión los argumentos más racionales y atendibles quedaron de su lado.
A tal punto que se vuelve lícita la pregunta: ¿podrá la Municipalidad sostener su idea de imponer la RTO en octubre, contra viento o marea, o la evidencia de que se parece demasiado a un capricho la obligará a dar marcha atrás?
