La posibilidad del consenso y la política como show
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
El gobierno provincial y los gremios que agrupan al sector estatal lograron una buena noticia en este tiempo que se caracteriza por las novedades negativas, o en todo caso por las mentadas "fake news": hicieron un acuerdo en la negociación paritaria que puede ser mirado con envidia, supongamos que sana, por otros sectores laborales u otras jurisdicciones del país.
En un contexto de alarma por el crecimiento de la desocupación, la pobreza y la indigencia, con un gobierno que además de mostrarse incapaz para frenar la inflación mete esa realidad en un cóctel con recesión e inestabilidad en los mercados financieros, el acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos es un paso adelante, según han reconocido referencias de ambas partes.
Eso no quiere decir que los gremios consideren saldadas todas las cuentas, puesto que los sueldos de bolsillo tienen todavía un notable atraso respecto de la inflación que se dio en el final del año pasado, pero las conversaciones en esta instancia llegaron a buen puerto y desactivaron un conflicto que le hubiera complicado un poco más la existencia a un gobierno provincial con varios frentes abiertos.
El nuevo acuerdo implica que sobre el salario de estatales impactará un incremento que incluso supera a la inflación que se registró en lo que va del año, garantizando un mínimo de $770.656 para el próximo cobro, además con la previsión de nuevos incrementos del 4% en agosto y 4% en septiembre, con la posibilidad de que sean revisados si el índice inflacionario supera esos números.
Independientemente de los números finos, es de destacar especialmente la conducta política de las partes, que atravesaron en este proceso momentos de tensión y tiraron de la cuerda defendiendo intereses diferentes, aunque todo eso lo hicieron desde una demostrada madurez para abordar el diálogo y sin abandonar la empatía respecto de los planteos de la otra parte.
Ese contexto es muy diferente al que sufren cotidianamente quienes trabajan en el Estado nacional: quienes no han sido despedidos temen día tras día quedarse sin su trabajo; son ninguneados de modo palmario, acusados públicamente de ser vagos, acomodados o corruptos; sometidos a condiciones laborales y salariales de inferioridad, todo bajo la lógica que prima en el gobierno de un presidente que ama ser el topo que destruye el Estado desde adentro.
En el caso de La Pampa, además, esa paritaria estatal tiene el valor agregado de que es dinero genuino que derrame sobre la economía local, porque está comprobado de modo suficiente que empleados y empleadas de la Provincia utilizan esos fondos para consumir en comercios locales, en una etapa durísima para ese sector productivo.
Las cifras que días atrás dio el Centro de Empleados de Comercio de General Pico son contundentes y patéticas: en un semestre, en la zona norte de la provincia, hubo 32 cierres de negocios y 105 despidos en el rubro.
…y una de arena…
La oposición política de Santa Rosa vio una grieta que no piensa abandonar: agita con alma y vida la suspensión de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que con inaudita perseverancia el gobierno de Luciano di Nápoli sostiene como herramienta imprescindible, pese a la infinidad de ruidos que rodean esa pretensión.
No hay ninguna duda de que radicales, macristas y tiernistas definieron que harán todo lo que esté a su alcance para hacerle la vida imposible a la gestión de la capital provincial, pero posiblemente cuando definieron esa estrategia ni siquiera contaron con la cantidad de errores no forzados que la comuna viene cometiendo.
La oposición es un espacio que tiene que explicarse a sí mismo, porque amucha con un mismo objetivo a sectores políticos de dudosas coincidencias, más allá del oportunismo; y porque además no tiene en el Concejo Deliberante actores de volumen político, ya que las bancas legislativas están ocupados por dirigentes de escaso peso propio, sin trayectorias brillantes y que ni siquiera pisan fuerte en sus propios partidos.
Así y todo, merced a los tiempos que corren de exacerbación de las oposiciones, y aprovechando los errores del oficialismo, el rejunte se las rebusca para poner a la gestión municipal en posición incómoda, e incluso logró con la problemática de la RTA sintonizar fácilmente con una mayoría de pobladores de Santa Rosa que no huelen bien el mecanismo anunciado.
Las argumentaciones de la RTO han sonado en su mayoría justificadas, sobre todo si en vez de estar diseñada para Santa Rosa estuviera pensada para una prolija ciudad noruega, por ejemplo, tanto en lo que tiene que ver con plazos, metodologías y costos.
La Municipalidad queda pagando porque determina esa obligación en un contexto de crisis económica indisimulable, donde afrontar el pago de un nuevo tributo -o similar- es un golpe al bolsillo: la comuna puede apelar, como ha hecho en otros casos, a una apariencia de insensibilidad y avanzar sin que le importe esa circunstancia, pero tampoco le será gratuito.
Por otro lado, la mayoría de las calles de la capital presentan un estado entre lamentable y defectuoso, como lógica consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa, y también por la cantidad de obras que están en pleno desarrollo, lo que seguramente en el mediano pazo será bienvenido, pero que en la actualidad genera problemas cotidianos y también destruye vehículos.
El tercer punto es el más complicado de justificar para la comuna: la determinación de que sea un monopolio el que ejerce el servicio, y además determina los precios, dispara sospechas y especulaciones, y así como es fácil amontonar desde ese lugar cualquier acusación disparatada también hay una serie de dudas elementales y básicas, que echan por tierra con cualquier posibilidad de que ese trámite suene transparente.
