Un pacto a cara de perro y un acuerdo que no fue
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EL DIARIO digital
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Una de cal...
Desde el interior de la provincia y bajo la amenaza latente de que será vetado del mentado "Pacto de Mayo" convocado por el presidente libertario Javier Milei, el gobernador Sergio Ziliotto apostó a una fuerte política de Estado que tiene como objetivo y afán lograr la soberanía energética en todo el territorio pampeano.
Durante la semana pasada quedó inaugurado en Victorica el Parque Fotovoltaico, compuesto por 14.289 paneles solares, cuya inversión alcanza los 8 millones de dólares y genera energía limpia para 4.300 hogares.
"El rol del Estado es ser el principal sostén de la calidad de vida de los y las pampeanas", reafirmó el mandatario pampeano.
La iniciativa surgió de un proyecto impulsado el año pasado por el propio Ejecutivo en la Cámara de Diputados, donde se establecieron las bases para un plan de desarrollo energético de los próximos 20 años.
Otros de los lineamientos que prevé el desafío es generar un mercado eléctrico provincial con un entramado, o una sinergia, como le gusta decir a Ziliotto, entre lo público y lo privado: además de la presencia de la APE como autoridad de aplicación y la participación de Pampetrol, también es crucial el rol que tendrán las cooperativas energéticas, en el marco de ese sistema solidario que permite llevar electricidad a cada hogar en los pueblos donde se han asentado.
Con esa premisa como meta, que invoca un modelo ideológico de provincia, los números oficiales marcan que tan solo en el presente año quedarán en La Pampa unos 830 millones de pesos: ese es el valor de la energía que producirá el parque.
A ello hay que sumarle al aporte que brindará en cuanto a la seguridad del servicio eléctrico en la región a partir del impacto zonal.
"Para darle solución a la seguridad energética de la zona se planteaba la construcción de una línea de 132kv desde Mayer a Victorica. Una línea que hubiera costado de 40 millones dólares. Hoy con una inversión de sólo el 20% estamos resolviendo ese problema", ejemplificó el propio Ziliotto sobre su apuesta.
La coyuntura, incluso, aparece como ideal para sopesar lo que propone el Estado y lo que impone el mercado.
En la actualidad el Estado, al menos en La Pampa, es indiscutiblemente el actor más relevante en el mercado eléctrico, con clarísimas expresiones tendientes a lograr que la cuestión ambiental también esté entre los temas prioritarios de la agenda pública.
La misión no es sencilla y requiere de constancia y coherencia, más allá de lo que impone el actual gobierno nacional que desde que asumió no ha hecho otra cosa que eliminar los subsidios energéticos y aumentar los precios y tarifas con una afectación cada vez más fuerte en el costo de la canasta familiar, sumado a una temeraria distribución de los ingresos.
Y una de arena…
Con el aval explícito de los diputados nacionales pampeanos del PRO e implícito de la representante de la UCR, la Cámara de Diputados aprobó durante la semana pasada la "renovada" Ley Bases, ahora compuesta por un proyecto de más de 200 artículos que cambiará varios aspectos de la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Fundamentalmente, lo que propone la gestión del presidente Javier Milei es lograr desregulaciones en la economía. Ahora solo falta el aval del Senado, un camino menos complicado que el imaginado previamente. De todos modos, el poroteo ya está en marcha.
La normativa encierra una vulneración de competencias provinciales y la violación de la división de poderes, debido a que habilita a la Justicia a modificar o no aplicar normas vigentes y sancionadas anteriormente.
Entre esas modificaciones que introduce a la nueva legislación se encuentran varios cambios al régimen laboral, reforma del Estado, de empresas públicas sujetas a privatización y una alternativa para el sistema previsional.
En paralelo, también se discutió y se aprobó el paquete fiscal, motivo de puja entre Milei y los gobernadores. Los puntos claves son Ganancias, monotributo, eliminación de impuestos, blanqueo y bienes personales.
En cuanto al empleo y la reforma laboral, el cambio quedó finalmente reducido a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo y la derogación de multas por no registración laboral.
De la extensa lista de empresas con participación estatal que La Libertad Avanza busca habilitar la privatización, finalmente solo un puñado de compañías quedaría en esas condiciones en caso de que avance la ley en el Senado.
Lo controversial se hace más fuerte a la hora de repasar el nuevo paisaje impositivo, las jubilaciones y el sistema previsional.
En el primer caso, regresa la cuarta categoría de Ganancias -vetada en septiembre el año pasado- una baja de Bienes Personales a lo largo de los próximos años, una actualización de las escalas del monotributo, una amplia moratoria de deudas tributarias y un blanqueo de capitales.
En el segundo caso, la ley Bases contempla la derogación de la moratoria previsional y crea la figura Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.
Quienes cumplan con esos requisitos cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), la cual es equivalente al 80% de la jubilación mínima ($260.141,60 contemplando el refuerzo) y no deja derecho a pensión por viudez.
Ajustar a los jubilados no refleja ni un plan económico pensando en las mayorías, ni mucho menos condiciones para generar en este sector de la sociedad condiciones de vida un poco más dignas.
Según datos oficiales, del total de personas que se dieron de alta para jubilarse en 2023, 8 de cada 10 lo hicieron a través de un plan de moratoria.
Ahora, con la Ley Bases mediante, 9 de cada 10 mujeres y 7 de casa 10 varones no podrán jubilarse a los 65 años y deberán optar por alternativas que no llegan a la jubilación mínima, suma que no alcanza siquiera a cubrir la canasta básica alimentaria.
