Un pacto a cara de perro y un acuerdo que no fue
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
La necesidad de un Estado presente, con determinadas reglas, que tenga en cuenta el juego de intereses y que también contenga en su radar que las personas son seres humanos, quedó una vez más en evidencia concreta durante la semana que se fue, cuando el Poder Judicial le puso un freno a las pretendidas manos invisibles del mercado.
Después de un largo proceso, la jueza Adriana Pascual determinó, para beneficio de quienes claramente son los más débiles de la cadena en cuestión, que las personas que decidieron comprar un vehículo mediante operaciones de planes de ahorro tendrán que afrontar el pago de una cuota con lógicos parámetros de justicia y no seguir siendo abusadas por las empresas involucradas.
Si en ese marco no se hubiera producido una actuación del Estado en salvaguarda de ciudadanos y ciudadanas que tienen derechos, hubiera regido la Ley de la Selva, que es la que parece dominar los comportamientos socio-económicos en los últimos meses, y especialmente desde que está en vigencia un decreto de necesidad y urgencia al que, paradójicamente, la mayoría de sus analistas consideran inconstitucional.
La decisión judicial hizo además lugar a lo que se considera una demanda colectiva, uno de los modos legítimos de organizarse para llegar a un objetivo que tienda al bien común, y más aún incluyó en el alcance de su planteo a todas las personas que estén en las mismas condiciones, aunque no hubieran promovido por su cuenta ningún recurso judicial.
La magistrada simplemente ordenó que las cuotas por el pago de los vehículos adquiridos se basen en el índice de inflación que operó desde el 1 de abril de 2018, fecha desde la cual se aplicaron incrementos inauditos y sin ninguna justificación, cuyo parámetro es inexistente, ya que además del índice de precios también quedó muy por encima de la variación del costo de los propios vehículos o del aumento del dólar, por tomar un par de variables que pueden tener cierta relación con ese valor.
Para completar el salvavidas estatal que le puso freno a esos aumentos excesivos pretendidos por los más fuertes del mercado, la reacción de las personas perjudicadas fue impulsada por otro representante estatal, en este caso el diputado provincial Espartaco Marín, un dirigente que en el actual contexto bien podría ser referido en tono de desprecio como "un político" (la casta) por quienes desde arriba de la pirámide explican el modo de ver el mundo en esta época y en este lugar.
El episodio es más importante que el fallo judicial que beneficia a miles de inocentes ahorristas consumidores: es también un ejemplo, si se quiere pequeño pero aleccionador, de la necesidad de que existan los derechos, las reglas de juego y las decisiones coherentes y oportunas de una autoridad.
Ese combo bien podría ser definido como Estado, que requiere a su vez de que haya una población activa, dispuesta a defenderse y a no dejarse pasar por encima, que crea en la capacidad de incidencia de una organización colectiva: esos aspectos de la voluntad humana, que tienden a la equidad y la solidaridad, alejan de modo definitivo la presunción de la tesis del presidente Javier Milei respecto de que el Estado es una organización criminal comparable con un pedófilo que tiene a su merced a un grupo de niños envaselinados contra la pared en un jardín de infantes.
…y una de arena…
La novedad que vino del Poder Judicial respecto de la decisión que beneficia a personas de carne y hueso fue de las pocas que realmente merecen celebración y que ocurrieron durante la semana que se fue, especialmente dolorosa y triste cuando se repasan las noticias de actualidad y coyuntura.
Claro que también depende de cada mirada, de cada interés y de cada sensibilidad, porque aunque parezca salido de una película de terror o de ciencia ficción, la etapa que se atraviesa implica también la extendida presencia de personas que festejan el dolor ajeno, y de sectores que sienten la felicidad de que a otros les vaya mal.
Los despidos que se concretaron en varios organismos estatales, como Agricultura Familiar, ANSES, ENACOM, medios públicos, programas de Niñez e Infancia o Ministerio de Trabajo, tienen algo en común: están rodeados de una crueldad nunca antes vista, parecen preparados de modo morboso, se concretan de manera repentina y feroz, se comunican de modo inclemente y se difunden en tono celebratorio.
Esas situaciones alcanzaron a pampeanos y pampeanas, que además de quedarse sin trabajo tuvieron que soportar que como efecto derrame de las falacias pronunciadas por las autoridades, medios de comunicación y redes antisociales fueran las plataformas desde las cuales les acusaron de "ñoquis", "planeros" y otros etcéteras que supuestamente les hacen merecedores de paredón y burla.
Además de pronunciar esas mentiras, en un clima que exacerba la violencia, el presidente Javier Milei también se jacta, frente a las narices de la verdadera casta, que es el establishment económico, de no sólo haber echado a la calle a decenas de miles de personas, sino de tener preparados los telegramas para sacarse de encima a un número todavía más grande de esos seres, a los que bien podría caberles el mote de "orcos".
El tiempo patético que se vive todavía no es afrontado con la empatía y la organización colectiva suficiente, justamente porque es tan sanguinario que por un lado paraliza y por otro distorsiona la capacidad de comprensión, incluso de tiempo y espacio: es exactamente una distopía de apariencia ficcional en la cual las propias víctimas asisten a los episodios como si en vez de mártires reales fueran meros televidentes de una serie que en unos minutos termina.
El sadismo se vuelve show y la capacidad de saña se convierte en preciada virtud.
Pero además del padecimiento de cada persona frente a los despidos, los tarifazos, los anuncios falsos, las persecuciones, las suspensiones de cooperativas de trabajo, lo que ocurre en el nivel social es incluso mucho más grave: lo que está sucediendo es la destrucción de todos los espacios nacidos para hacer cumplir derechos y para que las personas puedan organizarse para ser felices.
El plan libertario es la aniquilación y la devastación de esos espaldarazos y de las políticas públicas que los hacen posibles, porque está en el norte de su propia filosofía política, que considera al Estado como el gran Mal.
