Exabrupto, impunidad y "operetas"

El ministro de Hacienda Ernesto Franco incurrió en un auténtico exabrupto cuando en diciembre del año pasado, ante diputados y diputadas provinciales, sobreactuó una explicación sobre los contratos de alquiler entre la Provincia y la empresa mixta de mayoría estatal Pampetrol.

Aunque ocurrió hace varios meses, la situación fue "recuperada" ahora ante la opinión pública, se la activó intensamente en las redes sociales y terminó formando parte de una operación de prensa nacional, con entusiasta participación de los medios dominantes porteños.

Es un misterio qué llevó al funcionario provincial, además una persona de experiencia en cargos públicos, a soltar semejante figura cuando tuvo que aludir a la cuestión: pidió que se frenara la grabación del encuentro "porque vamos todos presos" y explicó una maniobra en la que dio a entender que se evita por parte de la empresa el pago del impuesto a las Ganancias.

En principio, la situación no constituye un delito ni parece ilegal: es lo mismo que entendió la comisión Interpoderes que en el año 2017 avaló esos contratos, y que tuvieron el aval de diputadas y diputados de las distintas fuerzas políticas.

Sin embargo, el escándalo tiene su razón de ser y tal como ha señalado alguna dirigencia de la oposición provoca un daño inevitable a la credibilidad del propio Estado en general y al funcionamiento de Pampetrol en particular.

Los propios dichos del funcionario parecen, en parte, ser hijos de cierta impunidad en el manejo del Estado y la cosa pública: reina a veces esa sensación de que determinadas personas, en algunas posiciones, pueden hacer y decir lo que les plazca sin que ello tenga consecuencias.

Pero esa sensación de arbitrariedad queda muchas veces derribada cuando aparece alguna prueba de impacto comunicacional, como ocurrió en este caso.

Aunque el gobierno provincial se ha cuidado de no decir mucho sobre el asunto, nadie pudo disimular la sorpresa y la molestia con la "bravuconada", como en voz baja califican la conducta del ministro, a la vez que resulta muy difícil despegarse de ella.

La intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas seguramente definirá qué irregularidad existe, si es que hay alguna, desde el punto de vista legal.

Desde lo político resulta un importante tropezón para el oficialismo, que tiene que salir a dar explicaciones en un clima enrarecido y frente al cual sectores opositores -con la firma de dirigentes que no intervinieron en ese trámite puntual- aprovechan para pedir la renuncia del ministro y agitar palabras y asuntos que ni siquiera están en juego en esta circunstancia.

La cercanía de la campaña electoral incide en los tonos y los posicionamientos de las fuerzas partidarias, con el agregado de que desde el año pasado se vive un nuevo fenómeno en el rubro, puesto que ha sido notable la influencia permanente de los actores mediáticos porteños, desde ya que interesados y además con capacidad de facilitar las réplicas que se multiplican en las redes sociales.