Portezuelo del Viento: suspenden la licitación

“La Comisión de estudio y evaluación de ofertas se encuentra realizando un análisis exhaustivo de la cuantiosa documentación aportada por el oferente – señala el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza a través de la circular aclaratoria 19 -. Se dispone por lo supuesto suspender las fechas de apertura fijada para los sobre Nro 2 y 3. Las nuevas fechas serán comunicadas en la forma y de acuerdo al procedimiento establecido” en los pliegos.

La información la reveló el portal Desarrollo Económico que publica el periodista Hernán Dobry.

La obra sufrió un cimbronazo el pasado 26 de junio, cuando el Consejo de Gobierno de COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) votó por cuatro a uno (La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro contra Mendoza), la realización de un nuevo estudio de impacto ambientral. Pero el gobernador Rodolfo Suárez ratificó la apertura de la licitación para el 3 de julio. Allí se presentó un consorcio de empresas, llamado Malal Hue, encabezado por el grupo chino Sinohydro y la mendocina IMPSA (Industrias Menotti Pescarmona SA).

El grupo que está analizando la propuesta tomó la decisión de frenar temporalmente el avance de la licitación ya que al consorcio Malal Hue, compuesto por Sinohydro (46%), IMPSA (22%), Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) (16%), Obras Andinas (OASA) (16%), con la participación de China Gezhouba Group Corporation (CGGC), le faltaba incluir algunos antecedentes de las empresas subsidiarias que forman parte el proceso, por lo cual le solicitaron algunas aclaraciones, señaló una fuente cercana al gobierno mendocino.

"La decisión del gobierno mendocino de postergar sin una fecha cierta la apertura de las ofertas técnicas y económicas ha sembrado más dudas que certezas sobre la continuidad de un proceso que viene siendo cuestionado tanto por los empresarios como por el gobierno nacional y el pampeano, quienes han intentado ponerle todo tipo de palos en la rueda para que no pudieran avanzar", señala

"Si bien descarta que se trate de un problema complejo de resolver, los abogados evitaron fijar, por el momento, una nueva fecha para continuar con la apertura de los siguientes sobres", agrega Desarrollo Económico.

El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública debía dar a conocer el 11 de agosto la oferta técnica, que incluye una básica, una alternativa obligatoria y variantes presentada el consorcio.

En tanto, el resultado de la propuesta económica (que constan de estas mismas opciones) tenía que anunciarse el 16 de noviembre. El nombre del único participante se informó oficialmente el 3 de julio cuando se abrió el primero de los tres sobres que forma parte de la licitación.

Luego de concluir con esta etapa, el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública planea tomarse un par de meses para analizar la propuesta de Malal Hue antes de preadjudicar la obra. "

"Como adelantó Desarrollo Energético, el gobierno podría extender hasta 18 meses el plazo para adjudicar el contrato ya que, en ese tiempo, espera tener más claro el clima político y le dará margen para resolver todos los problemas relacionados con el estudio de impacto ambiental", explica el portal.

Varios grupos empresarios nacionales esperaban conocer la adjudicación para impugnar el proceso.

Las compañías y la CAC intentaron una y otra vez torcerle el brazo al gobernador, para que pospusiera el inicio de la apertura de los sobres por cinco o seis meses, pero sólo consiguieron que lo hiciera por treinta días, aunque fue a pedido de uno de los consorcios para que los interesados en participar de la licitación pudieran enviar sus ofertas.

Pese a esto, la provincia esperaba contar con dos ofertas, pero sobre el límite de la presentación de las propuestas, la UTE por China International Water & Electric (CWE), Decavial y Harbin Turbine Company decidió abandonar el proceso, con lo que dejó a Malal Hue como la única participante del concurso de precios.

El portal Desarrollo Energético afirma que ese onsorcio decidió no participar del proceso por el “escándalo político” que generó la decisión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental para el proyecto ya que estiman que esto va a provocar una lucha política que paralizaría el desarrollo de la central hidroeléctrica multifunción y las compañías estatales chinas no quieren meterse en un conflicto de este tipo.

Otra de las razones que adujo es que los pliegos exigían que las UTEs debían estar inscriptas diez días hábiles antes de presentar las ofertas, algo que consideraron inaceptable porque les generó problemas de compliance (cumplimento) a las firmas asiáticas y argentinas, ya que viola lo establecido en la Ley Penal Empresarial, porque le permite al gobierno y a los competidores conocer quiénes serán los participantes en la licitación y poder interferir en ella dando lugar a una posible cartelización.

La tercera causa por la que desistió de seguir adelante es que la administración de Suárez no estableció el trazado que tendrá la línea de alta tensión de 220 kV que conectará a la central hidroeléctrica con la Estación Transformadora (ET) y el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), ni gestionó los permisos correspondientes con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), algo indispensable para realizar las obras que serán adjudicadas.

"Finalmente, una cuarta razón que lo llevó a abandonar la contienda es que consideran que la competencia no es leal ya que algunos de los miembros de Malal Hue carecen del sustento financiero suficiente para participar de una obra de la magnitud de Portezuelo del Viento, explica una fuente que conoce de cerca el proceso", señala Desarrollo Económico.

La postura de La Pampa

Los empresarios de la construcción no son los únicos que están agazapados a la espera de lanzarse a litigar para frenar la continuidad de la licitación. El gobierno de La Pampa también se encuentra en plena actividad para evitar que el proceso continúe avanzando.

“Si Mendoza sigue adelante con el proceso de licitación de Portezuelo del Viento va a incumplir la ley…y eso tiene sus consecuencias”, amenazó el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri.

El gobierno de Sergio Ziliotto logró en el Consejo de Gobierno del COIRCO aprobara por 4 votos (Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén) contra 1 (Mendoza) que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental regional para el proyecto en toda la cuenca del río Colorado.

Las resoluciones de este órgano deben tomarse por unanimidad, por lo que automáticamente se disparó la cláusula que establece que el Presidente de la Nación debe laudar sobre el tema. Ahora, el futuro de la obra está en manos de Alberto Fernández quien ya dio su opinión en una conferencia de prensa que se realizó el 5 de junio en Santa Rosa.

“No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel (sic)” y en cierta forma adelantó su fallo cuando sostuvo que “no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega”, sostuvo.

Sin embargo, el gobierno mendocino confía en que esto se podría revertir si prospera la postura de Río Negro y Neuquén, quienes plantean que deben fusionarse los estudios de impacto ambiental regional y local, que fueron realizados por universidades Del Litoral y La Plata y la de Cuyo, respectivamente en lugar de hacer uno nuevo, explica la fuente cercana a la administración de Suárez.

Este nuevo documento se lo presentarían al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para su aprobación, lo que permitiría que Alberto Fernández pueda laudar sobre el tema y continuar con el proceso, señala.

“Esta postura también la aceptaría Buenos Aires ya que es la provincia que más se beneficia con esta obra, porque le permite regularizar la cantidad de agua para riego que tendrá durante todo el año. Por eso, el gobernador es optimista con la decisión que va a tomar el Presidente”, destaca la misma fuente.

Esta es una estrategia similar a la que Mendoza quiso llevar adelante sobre finales de la gestión de Mauricio Macri, pero el Sergio Bergman, quien estaba al frente de esa cartera, se negaba a firmar cualquier documento de ese tipo luego de la derrota en las PASO.

Una cuestión de dinero

Otra de las grandes preocupaciones de la administración del gobernador mendocino Suárez es si Alberto Fernández seguirá pagando las Letras del Tesoro (Letes) intransferibles por un total de 1.023.362.922 dólares que le depósito a Mendoza en una cuenta en el Banco Nación, cuyos fondos son enviados a medida que van venciendo (el último día hábil de enero, abril, julio y octubre de cada año) a un fideicomiso constituido para el desarrollo del proyecto.

Si bien el 28 de julio le abonaron los 29,99 millones correspondiente a la cuarta cuota, los temores sobre una posible suspensión siempre están latentes luego de la amenaza que lanzó el Presidente en Santa Rosa el 5 de junio.

“El gobierno que me precedió busco un acuerdo con Mendoza para financiar la obra lo que me valió el enojo de Carlos Verna. No es que no quisimos reperfilar ese bono, no está en el mercado, es un pagaré – advirtió -. Si puedo entender la preocupación de seguir financiando una obra que cuestionan cuatro de las cinco provincias donde llegue el río Atuel (sic). No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel (sic)”.

Técnicamente, el gobierno nacional no podría hacerlo ya que no está fondeando las obras sino pagando un acuerdo extra judicial al que llegó Néstor Kirchner con el por entonces gobernador de la provincia, Julio Cobos, el 29 de agosto de 2006, para terminar con una disputa entre ambas partes que los cuyanos estaban llevando a cabo en la Corte Suprema, por las pérdidas ocasionadas por la promoción industrial que superaban los 7.000 millones de dólares, y que fue ratificado por ambas partes y por el Tribunal el 15 de diciembre de 2009.

El 23 de diciembre de 2016 el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, y el mandatario cuyano Alfredo Cornejo firmaron un convenio para la ejecución de la obra que incluía el esquema de pagos a través de Letes.

El esquema incluía un primer desembolso de 6.995.785 de dólares en 2019, que fue abonado por la administración de Cambiemos el 31 de octubre y, luego, otros cuatro que debía realizarlo Fernández a lo largo de 2020. Hasta ahora, cumplió con el de 16.339.783, el 31 de enero, y el de 18.579.735, el 28 de abril, y el de 29.990.796, el 31 de julio, y aún le queda pendiente el de 78.826.151, el 30 de octubre.

En los siguientes años, deberá pagar en cuatro cuotas 232.981.393 dólares en 2021; 211.223.484 en 2022; 448.025.782 en 2023 y, por último 45.310.327 en 2024 cuando se pensaba originalmente que debía estar terminadas las obras.

Incluso, si el COIRCO decidiera que Portezuelo del Viento no se puede construir por cualquier tipo de razón, el Tesoro debería seguir abonando los vencimientos de los títulos de deuda ya que el acuerdo que firmaron ambas partes establece los fondos son para este proyecto y/u “otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.