Arbitrariedad, otro golpe al bolsillo y nueva injusticia

Una de cal...

La escandalosa repartija de la publicidad oficial nacional en La pampa, revelada por este diario, provocó que la Justicia Federal abriera una investigación para detectar posibles irregularidades en el manejo discrecional de esos dineros públicos durante todo el año pasado.

La pesquisa, que se inició de oficio, quedó a cargo de la fiscala Iara Silvestre. Y si bien aparece como una decisión atinada y que tiene como objetivo echar un poco de luz ante tanta arbitrariedad, una semana después de haberse abierto el expediente 76/2021 se desconoce qué avances hubo en el mismo.

Lo primero que surge en un rápido análisis es que se repite la tendencia de los últimos años: los únicos privilegiados son los medios dominantes porteños y un fuerte ninguneo -con migajas mediante- no solo a la provincia, sino también a la mayoría del interior del país.

Pero una mirada más atenta permite descubrir un incomprensible beneficio a determinados medios "fantasma", con nula incidencia y hasta de dudosa legitimidad.

Como Argentina no cuenta con una ley que defina el modo en que debe administrarse la publicidad oficial, y difícilmente la tenga en el corto o mediano plazo, el rasgo autoritario también incluye el mal acostumbrado favoritismo según las simpatías políticas.

La cifra de la pauta estatal durante el primer año de gestión de Alberto Fernández expone, además, un crecimiento moderado en la inversión publicitaria con relación a 2019.

A lo largo de once meses (lo que se conoció y publicó oficialmente no incluye a diciembre) se gastaron 4704 millones, frente a 3350 millones en el último año de su antecesor Mauricio Macri: un aumento del 40%.

Ese número por arriba de la inflación -en medio de la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus- parece relacionarse con una fuerte asistencia a la actividad privada relacionada con el sistema de medios de comunicación. Sin embargo, esa intervención fue selectiva y hasta roza la ilegalidad.

Se huele, incluso, una suerte de "truchada" destinada a estafar al propio Estado, al que se le cobra por servicios que en la práctica no se brindan.

En materia de pluralismo también hay una deuda pendiente. El respaldo a los sectores cooperativos, comunitarios o sin fines de lucro en materia de comunicación casi no existe.

En ese ámbito, además, hay espacios que tienen un trabajo visible, día a día, e incluso un público que los sigue.

La semana que se fue también permite rescatar, en otras temáticas, algunas "buenas nuevas".

El caso del amparo colectivo a favor de casi un millar de suscriptores de planes de ahorro, para adquisición de automotores -ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa-, es una de ellas.

La cautelar inicial, en este caso contra la firma Chevrolet S.A., retrotrae en forma precautoria el valor de las cuotas al 1º de abril de 2018, cuando arrancó la enorme devaluación del peso, para los amparistas domiciliados en La Pampa que firmaron planes de ahorro con ocho administradores de fondos.

En la misma línea de lo que puede tomarse como noticias "rescatables" surge la formalización del jefe comunal de Unanue, Aldo Fabián Araya, acusado de "coacción" y "violencia de género".

La pena que podría enfrentar el intendente del PRO va de los dos a los cuatro años de prisión. Agravada en este caso por violencia de género dado que la denunciante -una empleada municipal a la que dejó sin trabajo- admitió que accedió en dos oportunidades a tener relaciones sexuales para no perder su sustento diario.

Araya por el momento hizo uso de un derecho y de un consejo legal: no abrió la boca.

...y una de arena

La escalada de los precios asoma como el principal problema de gestión que tendrá la administración nacional, al menos a lo largo de 2021, frente a una marcada caída del salario.

Un caso testigo es lo que ocurre con los combustibles: en los últimos 60 días las petroleras, impulsadas por la estatal YPF, aplicaron cinco aumentos consecutivos -dos de ellos entre el 31 de enero y el 1º de febrero- asestando un duro golpe al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores.

Un informe de este diario dio a conocer que en poco menos de dos meses el costo de llenar el tanque se incrementó en 500 pesos para los vehículos nafteros en la provincia, que incluso tiene valores diferenciados con respecto a otros distritos del país.

Todo ello a pesar de que el Gobierno Nacional había informado recientemente, el pasado 25 de enero, que se postergaba hasta el 12 de marzo la suba en el impuesto a los combustibles prevista para el 1º de marzo en procura de establecer una "estabilización de los precios".

Sin embargo, se especula que habrá nuevos ajustes en abril y mayo.

Las fábricas aún piden otro 10% de aumento, el mismo porcentaje exigen las petroleras y a eso hay que sumarle el supuesto "retraso" en el impuesto a los combustibles que todavía no se ha actualizado.

Tampoco se puede pasar por alto el "desfasaje" entre el dólar y la inflación.

Las expectativas en este sentido no son mejores. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado de enero que publicó el Banco Central de la República Argentina, el incremento del índice de Precios al Consumidor para 2021 se ubicará en el 50%, claramente superior al 29% estipulado en el Presupuesto Nacional.

Durante la semana pasada también se conoció otra "mala nueva": el sobreseimiento del exintendente santarroseño Luis Larrañaga y del empresario local Omar Jubete en la causa por las defectuosas cloacas del barrio Butaló, cuyas consecuencias los vecinos las sufren en la actualidad.

La sentencia, que hasta ahora se desconocía, fue dictada en el mes de diciembre del año pasado y ya quedó firme.

El delito que se les endilgaba a Larrañaga y Jubete era "defraudación por fraude en la construcción".

El pedido de sobreseimiento había sido realizado por el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella, antes de que asumiera la actual fiscala Iara Silvestre. Fue una de las últimas actuaciones que tuvo en el cargo antes de dejarlo.

El caso de la obra del barrio Butaló estalló con las reiteradas pérdidas y problemas cloacales en los domicilios particulares.

Un informe del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) había verificado que no se hicieron conexiones domiciliarias ni compactación de las zanjas y tampoco se renovaron tramos previstos en el contrato, ocasionando "trastornos" en el funcionamiento interno de la red en las viviendas.

Sobreseimiento mediante, por "inexistencia del delito", nadie pudo responder una pregunta sencilla que hasta el día de hoy se plantean los propios vecinos damnificados: ¿por qué se hicieron dos veces las obras si estaban bien hechas?

El escándalo por las cloacas del barrio Butaló estalló en el mes de julio de 2016, luego de una protesta de dos vecinas en la esquina de Pasaje Las Jarillas y la calle Unanue.

La primera denuncia la hizo la concejala Claudia Giorgis, actualmente en el mismo cargo, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Fue ese organismo el que posteriormente hizo la denuncia respectiva en la Justicia provincial. Como esta se declaró incompetente, dada la existencia de fondos nacionales, todo pasó a la órbita federal.

El caso pasará a engrosar ahora una larga lista de injusticias relacionadas con fondos del erario público.