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EL DIARIO digital
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En el Ministerio de Salud de La Pampa se encendió una luz de alerta roja ante la creciente proliferación de consultas y solicitudes de prácticas médicas de altísimo valor económico por parte de personas provenientes de provincias vecinas. En un contexto de restricción presupuestaria y recursos finitos, la utilización del sistema sanitario provincial por parte de pacientes que migran en busca de atenciones gratuitas amenaza con resentir la capacidad operativa y financiera de la red hospitalaria local.
A excepción de la provincia de Buenos Aires, con la cual La Pampa mantiene un convenio de reciprocidad y compensación interprovincial, el resto de las jurisdicciones del país no compensa las atenciones que sus ciudadanos reciben en suelo pampeano. Esta situación genera un desequilibrio creciente, donde el erario provincial termina absorbiendo la demanda y los costos que otros estados provinciales no garantizan a sus habitantes.
Frente a este escenario de demanda importada, la cartera sanitaria endureció los controles y los requisitos de acreditación de residencia para acceder a prestaciones complejas, insumos onerosos y prótesis. La normativa vigente exige parámetros estrictos de radicación en La Pampa e invalida la atención gratuita a quienes registran coberturas en el subsector privado (prepagas o obras sociales) o no poseen domicilio formal en la provincia.
Estas exigencias buscan evitar el vaciamiento de partidas y garantizar que los recursos públicos pampeanos prioritariamente atiendan a las familias locales. Sin embargo, la brecha de controles entre jurisdicciones permite que habitualmente se registren casos de raid administrativo.
Un caso emblemático
El fenómeno quedó al descubierto de manera drástica tras el reclamo público de Manuel Esteban, un joven de 26 años de la comunidad gitana internado en el Hospital Dr. René Favaloro a la espera de una prótesis de cadera valuada en casi 12 millones de pesos. Si bien el paciente denunció demoras burocráticas, los registros oficiales de la administración pública revelaron un historial de radicaciones que explica el motivo de los filtros normativos aplicados por el área de Salud.
De acuerdo con la documentación oficial del sistema de trámites a la que accedió El Diario, el solicitante registró gestiones sucesivas en Caleta Olivia y Las Heras (Santa Cruz) entre 2017 y 2019, en Cipolletti (Río Negro) en 2021, y en Centenario (Neuquén) en 2022, antes de asentar su primer trámite en Santa Rosa en septiembre de 2025.
Este recorrido interjurisdiccional -sumado al antecedente de una cobertura prepaga previa- activó de inmediato las alertas del sistema de auditoría. Para las autoridades, el expediente no constituye un hecho aislado, sino que representa la muestra concreta de cómo el sistema público de La Pampa es sistemáticamente demandado por pacientes sin arraigo local, obligando al Estado provincial a poner la lupa sobre cada solicitud para evitar que el presupuesto público colapse ante exigencias externas.