Un proyecto de ley busca crear un protocolo de auxilio en bares, fiestas y alojamientos

La iniciativa parte de una situación concreta: una persona está en un bar, una fiesta o un boliche y comienza a sentirse incómoda, amenazada o en peligro. Tal vez alguien la está acosando, intenta obligarla a hacer algo que no desea o le impide retirarse del lugar. En esas circunstancias, según el texto del proyecto, pedir ayuda abiertamente puede resultar difícil e incluso aumentar el riesgo.

El mecanismo propuesto es sencillo: si alguien se siente amenazado, podrá acercarse a un trabajador del establecimiento y preguntar por "Ángela". Esa expresión funcionará como una señal de auxilio. Al escucharla, el empleado deberá reconocer que se está solicitando asistencia y activar el procedimiento correspondiente. La persona no tendrá que explicar delante de otros qué le sucede, identificar públicamente a quien la incomoda ni demostrar que sufrió una agresión.

El proyecto aclara que no será obligatorio utilizar esa frase exacta para recibir ayuda. El protocolo también deberá ponerse en marcha cuando alguien solicite protección de otra manera, un tercero advierta sobre el peligro o los propios trabajadores detecten una situación preocupante. El objetivo, según la iniciativa, es que ninguna persona quede desprotegida por no saber cómo pedir auxilio o por encontrarse en circunstancias que le impidan hacerlo.

En cuanto al procedimiento, el personal deberá escuchar a quien solicita asistencia, mantener la calma y avisar al responsable capacitado para intervenir. Luego se ofrecerá un espacio seguro, alejado de la persona señalada como presunta agresora, donde pueda permanecer sin quedar expuesta públicamente. A partir de ese momento, se consultará qué necesita y si desea continuar en el lugar o retirarse. Con su consentimiento, se facilitará la comunicación con alguien de confianza y, cuando corresponda, un medio de transporte que permita una salida segura.

Si la persona presenta lesiones, pérdida de conocimiento, confusión intensa, dificultades para respirar u otros signos de urgencia, se solicitará inmediatamente atención médica. Ante un peligro grave e inminente o una agresión en curso, deberá darse aviso a las fuerzas de seguridad. La iniciativa también contempla situaciones de sospecha de sumisión química, es decir, cuando existen indicios de que una persona pudo haber sido afectada por sustancias capaces de alterar su conciencia o su capacidad de reacción. En todos los casos, se deberá preservar la intimidad de quien recibe ayuda, evitar interrogatorios innecesarios y respetar su voluntad, sin perjuicio de las intervenciones exigidas por la ley o necesarias frente a una emergencia.

El texto establece que el personal no tendrá facultades policiales ni podrá realizar investigaciones por cuenta propia. Su función será proteger, acompañar y facilitar la intervención de los organismos competentes.

La implementación del protocolo será obligatoria en bares, pubs, discotecas, boliches y otros establecimientos de recreación nocturna. También alcanzará a salones de fiestas, eventos sociales, festivales, espectáculos públicos, hoteles y alojamientos transitorios. Los responsables de estos espacios deberán informar al personal sobre el procedimiento, exhibir carteles que expliquen cómo solicitar asistencia y contar con los contactos actualizados de los servicios de emergencia.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la aplicación de esta herramienta no dependa solamente de colocar un cartel o dar a conocer una frase. Para que funcione, los trabajadores deberán recibir instrucciones sobre cómo reconocer situaciones de peligro, asistir a quienes soliciten protección y actuar sin agravar las circunstancias. La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, prevista como autoridad de aplicación, deberá ofrecer capacitaciones gratuitas, presenciales o virtuales, destinadas a titulares, organizadores y personal de atención al público y seguridad. La formación será obligatoria para quienes tengan la responsabilidad de activar el protocolo.

El proyecto contempla mecanismos de fiscalización y establece sanciones para los establecimientos que incumplan las obligaciones previstas. Las penalidades podrán consistir en apercibimientos o multas de entre cinco y cincuenta salarios mínimos, vitales y móviles, según la gravedad de la infracción, el riesgo generado y otros criterios establecidos en la iniciativa. Sin embargo, la sola ocurrencia de un episodio de violencia no será motivo de sanción cuando el establecimiento haya cumplido correctamente con sus deberes de prevención y asistencia.

También se propone crear el reconocimiento "Espacio comprometido con tu seguridad - Preguntá por Ángela", destinado a los lugares que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Aunque presta especial atención a la protección de las mujeres, el sistema estará disponible para cualquier persona que atraviese una situación de riesgo, sin distinción de género, edad o condición. La propuesta busca que una frase sencilla pueda convertirse en el primer paso para salir de una situación de peligro, recibir protección y acceder a la asistencia necesaria.