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EL DIARIO digital
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El objetivo es que sus autoridades asistan de manera presencial para brindar información sobre el funcionamiento de las políticas y programas provinciales de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa busca conocer la aplicación de las medidas excepcionales de protección, los dispositivos de cuidado alternativo, los procesos de revinculación familiar y el Programa de Familias de Contención, así como los criterios, protocolos y mecanismos empleados para evaluar las intervenciones y determinar su continuidad, modificación o finalización.
El reclamo se da en el medio de la polémica por la situación de una familia de Rancul que pelea por la adopción de un niño con el cual se vincularon a partir de su papel como familia de contención.
Entre los puntos incluidos en el pedido, se requiere información sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentran bajo medidas excepcionales, cuántos fueron separados de sus familias de origen y qué criterios se aplican para determinar la continuidad, modificación o cese de esas disposiciones.
También se solicita precisar los protocolos y procedimientos implementados para el inicio, desarrollo, seguimiento, evaluación y finalización de las revinculaciones familiares, además de los mecanismos de revisión periódica y los tiempos promedio de duración de esos procesos.
Otro de los aspectos centrales del proyecto apunta a determinar de qué manera se garantiza el contacto de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores, familiares directos y demás referentes afectivos, cuando ello resulte compatible con su interés superior. Asimismo, se pide información sobre la conformación, integración y disponibilidad de los equipos interdisciplinarios que intervienen en estas situaciones.
En relación con el Programa de Familias de Contención, la iniciativa solicita información sobre su funcionamiento, los protocolos de actuación y los criterios utilizados para determinar el ingreso, la permanencia y el egreso de niñas y niños. Además, se requiere que se informe el marco normativo que establece su creación, estructura orgánica y facultades de funcionamiento.
Cuadrado también plantea la necesidad de determinar de qué manera se evalúa, documenta y pondera el vínculo afectivo construido entre niñas, niños y las familias de contención durante el período de acogimiento, así como los criterios generales aplicados al momento del egreso.
El proyecto incorpora, además, interrogantes sobre los procedimientos utilizados para comunicar a las familias de origen y de contención aquellas decisiones administrativas que impliquen modificaciones sustanciales en la situación de la niña o el niño.
"No buscamos intervenir en decisiones judiciales ni expedirnos sobre casos particulares. Queremos que el Estado explique cómo funciona el sistema, qué criterios utiliza y cómo evalúa sus intervenciones cuando está en juego el derecho de un niño a mantener sus vínculos familiares y afectivos", afirmó la diputada.
La legisladora remarcó que el pedido se realiza en el marco de las facultades propias del Poder Legislativo en materia de seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas provinciales, con el propósito de promover la transparencia institucional y procurar que el Sistema Provincial de Protección Integral funcione de conformidad con los principios y derechos establecidos por la normativa vigente.
"Cuando hablamos de niñez, el Estado tiene que poder explicar qué hace, cómo lo hace y con qué herramientas cuenta. El objetivo es fortalecer las políticas públicas y garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes sea realmente el criterio que guíe cada intervención", concluyó Cuadrado.