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EL DIARIO digital
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El Gobierno nacional cerró la primera etapa de la privatización de 9.000 kilómetros de rutas con un reparto concentrado que levanta sospechas sobre los verdaderos beneficiarios del esquema. Tres grupos empresariales se garantizaron el 60 % de la recaudación total anual por cobro de peajes, en el marco de un negocio que moverá $518 mil millones al año ($10 billones a lo largo de los 20 años de concesión). La movida coincide con la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de paralizar los fondos para el mantenimiento de las trazas y anunciar la intención de transferir otros 6.000 kilómetros a las provincias para deslindar responsabilidades.
En este reparto clave para la región central y pampeana, la licitación del Tramo Pampa que abarca más de 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5 para unir Santa Rosa con Buenos Aires quedó formalmente en manos del consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco. Con esta asignación por un plazo de 20 años, la UTE encabezada por el empresario Sebastián Galluzzo no solo manejará el corredor neurálgico que conecta a la capital pampeana con el puerto porteño, sino que consolidó su posición como el segundo actor de mayor peso en el negocio privatizador, al sumar este trazado a los $128 mil millones anuales que ya percibe por el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur (autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri, Jorge Newbery y rutas 3, 205 y 226).
Por su parte, el gran ganador en volumen global de facturación fue el Grupo Cartellone, controlado por Alejandro Cartellone, que se aseguró ingresos por $135 mil millones anuales mediante dos firmas: Autovía Construcciones y Servicios y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Esta última se alzó con el Tramo Centro Norte ($16 mil millones anuales) a pesar de figurar en la Central de Deudores del Banco Central con una deuda irrecuperable situación 5 de más de $16 mil millones con el Banco Nación. Además, la firma se quedó con el Tramo Oriental por $97,4 mil millones al año y el Tramo Noroeste por $21,3 mil millones en sociedad con Vapeu SRL y Guigivan SRL.
Cajas millonarias, negocios paralelos y vacíos de control
En el resto de las adjudicaciones, la UTE cordobesa Basaa-Cecosa, vinculada al empresario Horacio Miró, obtuvo el Tramo Puntano por $36 mil millones anuales, mientras que el grupo integrado por Obring, Pitón, Rovial, Edeca y Pietroboni se quedó con la conexión Rosario-Victoria y el tramo Chaco-Santa Fe, áreas sobre las cuales el sitio oficial de concesiones evita publicar datos de tránsito.
Los pliegos confeccionados por Vialidad Nacional abren la puerta a un negocio oculto a espaldas de los usuarios. Además de autorizar la instalación de nuevos peajes no detallados en las licitaciones originales y disponer aumentos automáticos vía Coeficiente de Variación de Tarifa, el contrato faculta a las concesionarias a explotar comercialmente los márgenes de las rutas. Previa venia del organismo oficial, las empresas podrán instalar paradores, parquímetros, estaciones de servicio, paradores de camiones, centros logísticos, restaurantes, áreas de esparcimiento, antenas y tendidos de fibra óptica, convirtiendo el espacio público en una plataforma de negocios privados mientras el Estado proyecta recaudar $109 mil millones al año por el cobro del IVA en las barreras.