Fiscalía archivó un hurto en un comercio y dejó sin respuestas al damnificado
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EL DIARIO digital
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El Ministerio Público Fiscal de Santa Rosa solicitó penas de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para empleados municipales acusados de integrar una organización que sustraía, vendía y utilizaba bienes del Estado en beneficio propio.
El requerimiento fue presentado por el fiscal Facundo Bondergham a partir de una denuncia formulada por las propias autoridades de la Municipalidad de Santa Rosa, a través del secretario del Obras Públicas, Walter Boneff, y el director de Vialidad Municipal, Pablo Piñeiro.
Según la acusación fiscal, la maniobra se desarrolló al menos entre julio y octubre de 2023. Durante ese período, Osvaldo Rojas, Leonardo Gauna y Eduardo Frank (este último ya fallecido) montaron una estructura ilícita para sustraer y comercializar insumos estatales como suelo, áridos y toscas.
Asimismo, utilizaban vehículos, maquinaria pesada y herramientas del corralón municipal en horario de trabajo para prestar servicios privados a contratistas a cambio de dinero en efectivo que luego se repartían entre los involucrados. Entre los hechos imputados se constató el traslado en al menos cinco oportunidades de tierra municipal hacia un domicilio privado en Anguil en beneficio del empleado Miguel Gregorio Díaz, utilizando un camión conducido por Frank y una retropala a cargo de Gauna.
En el marco de las 5 audiencias, realizadas entre el 20 y el 26 de agosto, quedó probado un importante número de hechos a través de la apertura de los celulares de los imputados y también la "participación igualitaria" de todos ellos en la organización.
Según la prueba surgida en las pericias, se identificó a un camión rojo, a través del seguimiento de cámaras, como el vehículo utilizado para transportar los materiales.
Además, el entrecruzamiento de llamadas permitió conocer los mensajes de los acusados. "Tenemos que vender algo porque estoy seco. Estoy yendo a la planta", sostuvo uno de los empleados en los mensajes.
El fiscal Facundo Bon Dergham (de anteojos) pidió penas de ejecución condicional y multas para los imputados.
En uno de los hechos investigados, Rojas y Frank acordaron el traslado de 4600 kilos de arena de río a un domicilio de la calle Torres y Lastiri, los cuales fueron llevados en un camión municipal.
Además, las comunicaciones detallaron el uso de la retropala en el terreno de un tercero, cuando debía presar servicios en una dependencia municipal. A pesar de la sucesión de los hechos y los cobros realizados por los acusados, durante el juicio no se pudo determinar un monto sobre el perjuicio económico para el municipio santarroseño.
Pedidos de pena y calificaciones legales
El MPF requirió las siguientes condenas para los imputados. Osvaldo Argentino Rojas y Leonardo Raúl Gauna fueron acusados por asociación ilícita, fraude en perjuicio de la Administración Pública Municipal agravado por la condición de empleados públicos (o Administración fraudulenta) y Malversación de bienes y servicios. Para ambos se solicitó la pena de 3 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de $50.000 a abonar al Estado.
En tanto, Miguel Gregorio Díaz fue acusado como coautor de Fraude en perjuicio de la Administración Pública Municipal (o subsidiariamente Hurto, por 5 hechos) y se solicitó la pena de 2 años de prisión en suspenso.
En cuanto a Eduardo Aníbal Frank, involucrado en la investigación en calidad de chofer municipal, se extinguió la acción penal tras su fallecimiento.
Adicionalmente, la Fiscalía solicitó la imposición de reglas de conducta por dos años (fijación de residencia y sometimiento al control de la Unidad de Abordaje de Personas en Conflicto con la Ley Penal) y la remisión del veredicto final al Municipio para la adopción de las medidas administrativas pertinentes. La solicitud de la fiscalía fue adherida por el querellante particular, José Luis Olguín, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la municipalidad santarroseña.
La defensa de los acusados estuvo a cargo de Juan Carlos Resia, Oscar Zaccara, Fernando Pina y Juan José Hermúa. Los abogados de los imputados Rojas y Gauna prestaron conformidad al pedido de la Fiscalía porque aceptaron los hechos, mientras que el defensor del acusado Díaz pidió su absolución.
Según dispuso el juez de la causa, Aníbal Olié, la sentencia se dará a conocer el próximo miércoles 9 de septiembre.
