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EL DIARIO digital
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La estrategia del oficialismo nacional para destrabar la reforma de la Ley de Salud Mental sumó una instancia de negociación directa con las provincias, pero también dejó al descubierto las fricciones de forma y fondo sobre cómo encarar el debate. Mientras la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, inició una seguidilla de reuniones por Zoom con titulares de las carteras sanitarias de todo el país, desde el Gobierno de La Pampa marcaron la cancha: la discusión debe darse de manera presencial y en el seno del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).
Bajo esa premisa, el ministro de Salud pampeano, Mario Kohan, resolvió no participar de la convocatoria virtual programada para este tramo inicial del debate legislativo. La postura de la provincia, alineada con la solicitud de la mayoría de sus pares jurisdiccionales, es que un marco normativo de semejante impacto en el sistema público requiere una mesa institucional cara a cara.
En representación de la provincia intervendrá el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá. Sin embargo, la indicación para el funcionario provincial es clara: ingresar al encuentro remoto con el objetivo central de llevar el reclamo institucional para que el tratamiento de la ley se traslade formalmente al CoFeSa presencial.
Cabildeo en el Senado
El proyecto del Ejecutivo nacional ingresó a la Cámara Alta el pasado 18 de abril. Tras dos reuniones informativas realizadas en comisión el 28 de abril y el 12 de mayo, la iniciativa quedó paralizada ante la falta de acuerdos con los bloques dialoguistas. Frente a ese freno, Bullrich —junto a la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascaeta— diseñó una agenda de encuentros remotos dividida en tres tandas regionales para buscar el aval de los ministros provinciales y presionar por el consenso.
La legisladora oficialista defendió la necesidad de modificar la legislación actual argumentando que presenta "dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves" y sostuvo que se busca "dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias".
En paralelo al rechazo de las provincias al formato del debate, en los pasillos del Senado ya se negocian cambios al texto original para viabilizar su dictamen:
Internaciones involuntarias: Para atenuar la redacción original que concentraba la decisión en la figura exclusiva del psiquiatra, se evalúa exigir la firma de dos profesionales de la salud, de los cuales uno deba ser médico y, en lo posible, psiquiatra. La medida se mantendría reservada únicamente para casos de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros".
Plazos e internación: Se contempla ampliar el plazo actual de 48 horas para justificar los motivos de la internación ante la Justicia. Además, se añadiría la obligación de elaborar un plan de egreso desde el diagnóstico y notificar con anticipación a familiares o representantes legales.
Adicciones y menores: Se busca incorporar formalmente los consumos problemáticos como una afección de salud mental, sumando un apartado específico para menores de edad que garantice la atención por parte de equipos especializados en fuero infanto-juvenil.
Límites al sistema: Se acordó mantener la prohibición explícita de crear nuevos manicomios o sostener internaciones crónicas, al tiempo que se darían de baja los artículos del proyecto inicial que modificaban aspectos de la Ley 26.827 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
La ronda de consultas virtuales encabezada por el oficialismo nacional continuará este martes, con la participación confirmada de las delegaciones del resto de las provincias. Resta saber si la presión coordinada de las carteras sanitarias provinciales logrará torcer la dinámica del Congreso y forzar la convocatoria a una asamblea presencial del CoFeSa antes de que el dictamen llegue al recinto.
