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Red de pornografía infantil: el acusado negó haber compartido los videos 

Pablo Tesitore declaró en la primera audiencia y planteó que "si se bajó algún video en algún momento, se borró". La fiscalía expuso la investigación que se hizo y detalló que había más de 300 videos en los dispositivos secuestrados.

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EL DIARIO digital

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La primera audiencia del juicio contra Pablo Nicolás Tesitore, un empleado judicial acusado de la distribución de material con contenido de explotación sexual infantil, se desarrolló este lunes desde las 8 de la mañana en el Centro Judicial de Santa Rosa. El imputado declaró y negó haber compartido los videos. "No sé si es correcto lo que se me imputa, no soy pedófilo. Si se bajó algún video en algún momento, se borró. No es un tema de mi interés", sostuvo Tesitore ante el juez Andrés Olié al momento de declarar. 

Un operativo internacional sobre una red de distribución de material sexual infantil, realizado en 2022, terminó Tesitore imputado. Utilizando software P2P captaron información de usuarios que descargan y comparten material con contenido de explotación sexual infantil. El software Peer to Peer (P2P), sigla en inglés para "red de pares o de iguales" indica que cada equipo conectado funciona como servidor y cliente, no hay un servidor general para almacenar los archivos. Es decir, cuando una persona instala un programa de intercambio de archivos, es consciente que al menos a una carpeta en su directorio tendrá acceso cualquier persona integrante de esa red. Luego, a través de programas como eMule, reciben material y lo ponen a disposición del resto.

Alegatos

La audiencia inició con los alegatos de clausura de las partes, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal de género, Cecilia Molinari, y del defensor del acusado, Gastón Gómez.

En primer lugar, Molinari detalló que, de acuerdo a la investigación, el acusado "descargó y compartió 316 videos de contenido sexual explícito de niños y niñas entre el 23 de noviembre de 2017 y el 10 de marzo de 2022". Y puntualizó que lo realizó a través de las direcciones de IP pertenecientes al domicilio de su padre y un departamento, ubicado al lado, y al de su novia de aquel momento.  

Por ese accionar se lo acusa de "facilitamiento y distribución de material de contenido sexual, en concurso real, agravado por ser de menores de 13 años de edad", explicó la fiscala. Además, Molinari planteó que, en las audiencias, "se buscará acreditar el hecho, comprobar la autoría del mismo y el dolo".

A su turno, el defensor Gómez planteó dudas sobre la acusación. "Mi defendido es inocente de la producción de los hechos. No se ha encontrado nada de lo que le imputa, ni videos ni imágenes", argumentó. Y añadió que los videos aludidos "no fueron hallados en los dispositivos secuestrados".  

Declaración

Luego de los alegatos, Tesitore decidió declarar y negó las acusaciones. "No sé si es correcto lo que se me imputa, no soy pedófilo. Si se bajó algún video en algún momento, se borró. No es un tema de mi interés", expresó. 

Admitió tener instalados los softwares para la red P2P, como el eMule que sirve "para bajar lo que sea, imágenes, videos. Bajaba muchas cosas a la vez, pero muchas veces los nombres de los archivos no coinciden con lo que contiene". Y aseguró que, al momento del allanamiento, "no entendía lo que pasaba".

La audiencia continuó con la declaración de tres investigadores del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Cecilia Chiodi (coordinadora de la Unidad de Cibercrimen), Agustina García Riffo (Investigaciones complejas) y Marcos Vissani (coordinador Departamento Técnico).

Los tres profesionales detallaron el proceso desde la identificación de la descarga del material pornográfico infantil, a través de una investigación internacional, hasta que se identifica la IP de Tesitore. 

Luego interviene el cuarto testigo, el secretario de la Procuración, Cristián Much, quien es el referente de la Red 24/7. "en 2014, se firmó un convenio de colaboración entre las provincias para combatir la pornografía infantil. Se recibió el reporte, se elaboró el legajo y se coordinó el accionar con los fiscales", relató Much. Esa coordinación finalizó con los allanamientos coordinados realizados en 79 puntos del país, uno de ellos en Santa Rosa.

Este martes continúan las audiencias con otros cuatro testigos que brindarán más detalles de la investigación.

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