Condena por un robo y apuñalamiento
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EL DIARIO digital
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El caso de un policía que habría sido herido por un superior en el polígono policial de General Pico generó un pedido de informes del diputado provincial de la UCR, Jullián Aguilar. El legislador radical presentó un proyecto de resolución "para que el Ministerio de Seguridad de La Pampa brinde información oficial sobre una serie de situaciones presuntamente ocurridas el pasado 5 de abril en el predio del polígono de la Unidad Regional II de la Policía, en General Pico".
Ese día, el comisario inspector Martín Portillo, jefe del área Toxicomanía de la UR II, habría realizado una demostración y golpeado con el arma en la boca del estómago a un policía. Al caer, el jefe policial habría continuado con su maniobra agresiva e impactado con ambas rodillas en la espalda del subordinado. Esto le produjo heridas que, días después, produjeron la internación del policía. Durante la internación, el jefe agresor se habría presentado en la clínica, pero no para saber el estado de salud de su subordinado, sino para "apretarlo" y exigirle que declarara que sus lesiones fueron resultado de un "accidente durante un allanamiento" o "cambiando una rueda de auxilio".
La jefatura de policía confirmó a El Diario que Portillo fue desplazado de su cargo y se inició un sumario administrativo a través dela Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA):
El pedido de Aguilar surge "a raíz de versiones que indicarían la realización de prácticas físicas dentro del predio policial, en condiciones que podrían no haber contado con la debida autorización o supervisión". La iniciativa legislativa busca conocer "si tales actividades fueron registradas oficialmente, quiénes fueron sus responsables y si existe alguna actuación administrativa al respecto".
Además, se solicita al Ejecutivo provincial que "confirme si hubo intervención médica tras los hechos señalados, si inició alguna investigación interna y si intervino algún organismo de control o auditoría. También se plantea la necesidad de saber si existe preocupación dentro de la fuerza por posibles represalias hacia quienes quieran aportar información sobre lo sucedido".
El proyecto también requiere precisar "si hubo traslados recientes dentro de la jerarquía policial vinculados a estos hechos, y si los mismos están siendo evaluados desde el área de Asuntos Internos u otros órganos de control institucional".
"Se remarca que este tipo de pedidos -continúa el proyecto- no pretenden señalar culpables ni anticipar conclusiones, sino ejercer el deber de control, asegurar transparencia en el accionar de las fuerzas de seguridad y garantizar el respeto a los derechos humanos y al profesionalismo dentro de la institución".
Finalmente, "la transparencia es la base para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones", señaló Aguilar, que resaltó "la importancia de actuar con responsabilidad y firmeza ante hechos que podrían poner en cuestión el accionar de una de las áreas más sensibles del Estado".
