Condena por un robo y apuñalamiento
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EL DIARIO digital
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La Sala A del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó la condena contra A. A. R., ex supervisor de la empresa Ribeiro S.R.L., por el delito de abuso sexual simple cometido contra una empleada de maestranza bajo su supervisión. La decisión, firmada por los jueces Gabriel Lauce Tedin y María Eugenia Schijvarger, rechazó el recurso de impugnación presentado por la defensa del imputado, ratificando así la pena de dos años de prisión en suspenso impuesta en diciembre pasado por la Sala B del mismo tribunal.
El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2020 en el yacimiento Medanito Sudeste, zona rural de la localidad pampeana de 25 de Mayo. De acuerdo con lo probado en el juicio, R. aprovechó su posición jerárquica para quedarse a solas con la víctima, tocarla sin consentimiento y realizar insinuaciones de carácter sexual. Luego del ataque, le advirtió: "Esto que quede acá, porque si se entera otra persona más, ni vos ni nadie la va a zafar. ¿A quién le van a creer, a un supervisor o a una piba de maestranza? Pensá en tus hijos".
Los jueces consideraron que, además de los tocamientos no consentidos, se configuró un abuso coactivo de una relación de poder y autoridad, tal como establece el artículo 119 del Código Penal. También valoraron el testimonio de una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo, quien describió el estado de angustia de la mujer y el hostigamiento posterior que sufrió en su entorno laboral.
La defensa del condenado había argumentado que los jueces de la Sala B incurrieron en errores al interpretar la figura penal y que la pena carecía de motivación suficiente. Sin embargo, la Sala A desestimó esos planteos, entendiendo que la sentencia cuestionada se ajusta al derecho vigente y respeta el principio de doble conforme, garantizando una revisión integral del fallo original de absolución.
Con esta decisión, el caso queda firme en el ámbito provincial, aunque aún podría ser objeto de recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
La querella en este proceso fue impulsada por la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno de La Pampa, lo que dio marco a la causa dentro de un contexto de violencia de género laboral, donde la víctima sufrió represalias tras denunciar el hecho.
La causa había generado atención en la localidad, no solo por involucrar a personal de una empresa contratista en un yacimiento petrolero, sino por la crudeza del relato de la víctima y las secuelas psicológicas sufridas tras el abuso.
