Dictaron arresto domiciliario para representantes de la constructora AKSA

Esta medida judicial, que surge tras una impugnación presentada por el abogado de los querellantes, Álvaro Carlos Ruggiero, el pasado 3 de abril, establece que los imputados deberán permanecer en sus domicilios bajo monitoreo electrónico.

En caso de que el monitoreo electrónico no sea viable, se ha dispuesto que la Policía realice visitas diarias a los domicilios de Andrada y Krenz. Esta decisión del TIP revoca parcialmente la resolución previa dictada por el juez de Control de la Primera Circunscripción Judicial el 31 de marzo de 2025, durante la audiencia de Formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria.

El TIP ha instruido al juez de Control para que tome las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta nueva disposición, que se mantendrá vigente hasta la conclusión del proceso judicial.

La causa

Una decena de clientes denunció que la empresa AKSA Construcciones les cobró parte de los contratos de obra, mediante engaños, porque nunca cumplieron con la construcción de las viviendas acordada.

Algunos de ellos abonaron hasta el 50% del valor del contrato y otros denunciantes entregaron 10 y 15 mil dólares. La constructora que promocionaba los planes en las redes y nunca cumplió con la construcción de las viviendas.

Un grupo de damnificados presentó primero la denuncia y luego se fueron agregando otros. Algunos damnificados abonaron hasta el 50% del valor del contrato y los últimos denunciantes entregaron 10 y 15 mil dólares. El abogado patrocinante, Álvaro Ruggiero, asegura que hay más casos, aunque algunos prefirieron no sumarse a las denuncias. 

En la audiencia de formalización contra el titular de la empresa constructora AKSA, le iban a imputar 17 estafas. En todos los casos las víctimas son personas que aseguran haber anticipado fondos a la firma para la construcción de sus viviendas particulares sin haber recibido contraprestación alguna.

La causa está caratulada como "R.A.C. (Damnificado) sobre Estafa". La audiencia será presidida por el juez Carlos René Ordás. La acusación quedó en manos del fiscal general de Santa Rosa Guillermo Sancho.

Los representantes de la constructora son Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz (foto), quienes en octubre del año pasado ya habían sido formalizados por un número menor de estafas. En ese entonces, las denuncias contra ellos eran once. En aquella oportunidad, la Justicia dispuso la prisión preventiva sustitutiva para ambos, con la obligación de no salir del país, no acercarse por ningún medio a los denunciantes y fijar un domicilio todas las semanas.

Este lunes, se iban a formalizar las últimas cuatro denuncias recibidas en su contra. Una de ellas fue formulada por una vecina de Santa Rosa, quien indicó que continuó pagando las cuotas hasta septiembre del 2024, dado que el propietario de la empresa continuaba enviándole mensajes, a pesar de estar imputado y con prisión preventiva.

La denuncia radicada por la mujer el pasado martes 5 de noviembre detalla que, en 2022, inició contactos con Andrada y Krenz, quienes se presentaron como asesores de ventas de la empresa AKSA Construcciones. En enero de 2023, la mujer y su hijo firmaron un contrato de construcción de vivienda bajo la modalidad llave en mano, pero ese convenio nunca se cumplió. A la fecha de la denuncia, la familia lleva abonada una suma cercana a los 7.500 dólares.

La última denuncia corresponde a un hombre oriundo de General Pico que entregó 8.500 dólares y, luego de ello, siguió siendo hostigado y recibiendo mensajes hasta diciembre pasado, a pesar de que los imputados estaban con prisión preventiva.

Andrada y Krenz habían conseguido que la prisión preventiva les sea sustituida por otras medidas de restricción, como la entrega de sus pasaportes y la presentación en la justicia, entre otras.

La primera denuncia trascendió en mayo de 2024, cuando uno de los damnificados explicó que en 2023 había entregado 10.000 dólares para la construcción de su vivienda, pero según contó, la obra "no avanzó conforme a lo pactado, los materiales entregados fueron insuficientes y se empleó a personal inexperto sin las herramientas adecuadas".  

Los imputados enfrentan cargos por estafa genérica, según el artículo 172 del Código Penal, por hechos ocurridos entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Previo a la feria judicial del último invierno, la Justicia había allanado la casa, oficina y depósito de Andrada. Secuestraron celulares, computadoras, contratos, remitos y notificaciones judiciales.

En primer lugar, una mujer de Santa Rosa denunció en la fiscalía que los representantes de la constructora la estafaron en 15.000 dólares. En la presentación, a la que accedió El Diario, relató que en abril de 2022 inició contacto con la empresa Aksa Construcciones mediante WhatsApp y redes sociales para consultar sobre sus proyectos de construcción y sus precios. Las respuestas siempre provenían, aseguró, de Luciano Andrada o de Daiana Krenz, quienes se presentaban como "asesor de ventas de la empresa". 

"Durante nuestras interacciones, Andrada insistió en que AKSA era una empresa constructora de gran prestigio y experiencia, con un amplio inventario de materiales en un depósito en Santa Rosa. Aseguró que contaban con personal altamente calificado y con amplia experiencia en el sector", comentó la mujer en la fiscalía.

En 2021, el asesor de ventas "me urgió a celebrar un contrato de construcción debido al aumento inminente de los precios de los materiales. Acordamos un contrato por el cual le entregue en pesos, el equivalente a 15 mil dólares en efectivo a ambos en escribanía". "Este monto supuestamente cubriría la compra de todos los materiales y el pago de la mano de obra para la construcción completa de una vivienda en la modalidad "llave en mano", narró.

"Desde la firma del contrato, nunca me construyó nada a pesar de mis múltiples reclamos. La estrategia consistía en simular ser un constructor competente, con el único objetivo de obtener el dinero adelantado y luego no cumplir con las obligaciones contractuales", enmarcó.

La conducta imputada, detalló la presentación, puede encuadrar en la acción criminal del artículo 172: "Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, infuencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño". También podría encuadrarse en el artículo 173: "Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:1. El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio".

Otra opción, detalló el patrocinante, es el 174: "Sufrirá prisión de dos a seis años: 4º. El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado".

La segunda denuncia la hizo un hombre, con domicilio en la capital pampeana. La maniobra descrita es similar. Aunque en este caso entregó un monto de 10 mil dólares.

Relató que, en noviembre de 2020, inició contacto con la empresa mediante WhatsApp y redes sociales para consultar sobre sus proyectos de construcción y sus precios. "Acordamos un contrato por el cual le entregué 10.000 dólares en efectivo en escribanía. Nunca me construyó nada a pesar de mis reclamos", dejó asentado.

Primera denuncia

Cabe recordar que unas siete personas habían presentado denuncias del mismo tenor. El patrocinante de los denunciados, y uno de los afectados, el abogado Alvaro Ruggiero, le comentó a El Diario que empezaron a contactarse entre los perjudicados por la maniobra, armaron un grupo de wasap y terminaron en una denuncia colectiva. 

La constructora tenía una oficina en la galería Gemellus de Santa Rosa. Promocionaban los planes para construir viviendas en las redes sociales. Los denunciantes son de la capital pampeana y de Toay. Y hacen responsable de la maniobra a Luciano Andrada y Daiana Krenz, quienes se presentaban como "asesores de ventas de la empresa".

De acuerdo a la denuncia, uno de los damnificados en 2021 abono un millón de pesos, siendo el 50% del contrato para la construcción de casa, sistema llave en mano. Una vez abonado, diez meses después colocaron la platea y solo unos paneles que dejaron a la intemperie, los cuales se pudrieron y deformaron la tirantería. Nunca se respetó lo pactado.

Otro de los denunciantes también abonó el 50% para la construcción de una casa sistema llave en mano a edificarse en Pehuencó. A la fecha, luego de casi dos años, solo se construyó la platea.

"El tipo penal de estafa se comete en el mismo instante en que se recibe el dinero por adelantado, resultado al cual llega a través de engaños que utiliza para convencer a la gente de que le entregue el dinero. Sin embargo, siempre a sabiendas de que no tiene la capacidad de cumplir con su obligación de construcción, carece de los conocimientos, la mano de obra especializada, etc. Todos los actos que realiza con posterioridad (enviar materiales insignificantes y jóvenes inexpertos a las obras) son actos que persiguen únicamente ocultar el delito cometido", describió la presentación en la fiscalía.

A partir de la firma de los contratos, "surgieron múltiples problemas que evidenciaron un engaño sistemático por parte de AKSA. Las construcciones no avanzaron según lo pactado, y los materiales entregados fueron insignificantes en cantidad y calidad, claramente insuficientes para la envergadura de los proyectos".

El abogado Ruggiero detalló que la operatoria tenía como finalidad "obtener el dinero adelantado y luego no cumplir con las obligaciones contractuales. En los contratos, se estipulaba que la empresa proporcionaría mano de obra especializada, lo cual nunca se cumplió. También se acordó que el dinero entregado sería utilizado para la compra de materiales de primera calidad, lo cual tampoco se materializó".

"Las construcciones no presentaban progreso alguno tras varios meses, con serias deficiencias y riesgos estructurales en las insignificantes obras. Finalmente, se comprobó que AKSA Construcciones no es solvente, no tiene empleados reales y es una fachada utilizada para defraudar a personas que buscan construir sus viviendas", agregó el patrocinante en la denuncia.