Infraestructura en tierras tomadas: "se harán cargo los que votaron"

Camargo sostuvo que "el PJ ratificó la resolución del Intendente para hacer la obra de alumbrado público y conexiones domiciliarias en los tres barrios populares de Santa Rosa, surgidos a partir de la toma de tierras públicas y privadas. Desde la UCR votamos en contra".

El concejal afirmó que "las opiniones han quedado divididas entre quienes justifican la medida en el derecho a acceder a la electricidad, y quienes la cuestionan diciendo que esto avala las usurpaciones, incentiva que sigan ocurriendo y que es injusto para quienes cumplen con la ley".

"Todos son argumentos atendibles, pero en el Concejo Deliberante no podemos decidir solo desde lo ideológico o discursivo. También tenemos la responsabilidad de analizar la normativa vigente", remarcó. 

"El acceso a la electricidad es un derecho fundamental. Pero los derechos se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Y, desde el punto de vista legal, esta resolución presenta serias irregularidades", aseguró.

Puntualizó que "no se han realizado los proyectos de integración socio-urbana exigidos por la ley del RENABAP, que deben cumplir criterios técnicos, ambientales, económicos y urbanísticos. Sobre todo, cuando hablamos de terrenos que están en zona inundable, o cercanos al relleno sanitario, o sobre el acuífero, según el caso".

"Los terrenos de particulares que están usurpados aún no han sido expropiados. Hay que respetar la propiedad privada", dijo Camargo.

"Se busca parcelar tierras sin respetar el Código Urbano Ambiental aprobado en 2023. Algunas zonas requieren obras previas a la urbanización y otras, una ordenanza especial que la autorice. Y se pretende ejecutar la obra bajo la ordenanza de cooperativas, que fue aprobada de manera ilegal", indicó.

"Hay muchos pasos previos por cumplir. Se actúa sin planificación urbana, al margen de la ley. Quienes apoyaron esta medida serán responsables de sus consecuencias", señaló el concejal radical.

Asentamientos

El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó esta semana, con el respaldo mayoritario del peronismo y el rechazo de la oposición, el proyecto del Ejecutivo municipal para dotar de energía eléctrica a los asentamientos El Nuevo Salitral, Micaela García y El Amanecer. La medida generó el rechazo del abogado Homero Cruz Marques, quien reclama la propiedad de una parte de los terrenos donde se asienta El Nuevo Salitral y denunció haber quedado "en una situación de indefensión".

La toma de los terrenos se produjo en 2018, mientras estaba en la intendencia del radical Leandro Altolaguirre. Dirigentes y punteros opositores alentaron las tomas. Ocho familias del asentamiento fueron objeto de un proceso de desalojo impulsado por Marques, pero a finales de 2023 el asentamiento fue incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), lo que frena cualquier intento de desalojo y obliga al Estado a urbanizar el sector. Esto también implica que la Nación debería negociar con el propietario la compra de las tierras o, en su defecto, promover su expropiación, lo que hasta el momento no ocurrió.