"Nunca tuve respuestas ni del Poder Judicial ni del poder político"

El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó esta semana, con el respaldo mayoritario del peronismo y el rechazo de la oposición, el proyecto del Ejecutivo municipal para dotar de energía eléctrica a los asentamientos El Nuevo Salitral, Micaela García y El Amanecer. La medida generó el rechazo del abogado Homero Cruz Marques, quien reclama la propiedad de una parte de los terrenos donde se asienta El Nuevo Salitral y denunció haber quedado "en una situación de indefensión".

La toma de los terrenos se produjo en 2018. Ocho familias del asentamiento fueron objeto de un proceso de desalojo impulsado por Marques, pero a finales de 2023 el asentamiento fue incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), lo que frena cualquier intento de desalojo y obliga al Estado a urbanizar el sector. Esto también implica que la Nación debería negociar con el propietario la compra de las tierras o, en su defecto, promover su expropiación, lo que hasta el momento no ocurrió.

El abogado expresó su frustración y descontento ante la decisión del municipio de dotar de energía eléctrica al barrio: "Con esto se termina un ciclo. Siempre estuvo pergeñado, nunca fue casualidad que la gente buscara un terreno. Ahora se blanquea que detrás de la toma estaban todas las organizaciones".

Marques sostuvo que la declaración de barrio popular se realizó "entre gallos y medianoche", poco antes de que finalizara el gobierno nacional anterior, y que la medida consolidó "el despojo" de su propiedad. "Desde el primer día sabía que no recuperaría los terrenos porque tenían todo el poder judicial en contra. Nunca tuve respaldo ni de la Justicia ni de la política", reclamó.

Según el letrado, nunca recibió una propuesta de compra ni fue llamado a negociar por su propiedad. "Nunca me lo expropiaron ni me llamaron a hablar. Ahora, la aparición del intendente facilitando todo es como consolidar la toma y validar todo", indicó, en referencia al rol del Ejecutivo municipal en la urbanización del barrio.

"Estoy defraudado con todos. Nunca tuve una respuesta del poder judicial ni del poder político. Nunca nadie se comunicó conmigo", lamentó, al tiempo que cuestionó la actitud del intendente Luciano di Nápoli: "Tomar mate con los ocupantes sí, pero a mí nunca me llamó para ver cómo era mi situación".

Para el abogado, la regularización del asentamiento se transformó en "un negocio inmobiliario de los ocupantes". También enfatizó que se encuentra en una situación de "total indefensión" ante la aprobación de obras de urbanización en los terrenos que reclama como propios.

"Esperaba un poco más de empatía conmigo, como la tuvieron con la gente que ocupó de forma ilegítima. Me dejaron solo y se ocuparon solamente de los ocupantes. Son más que yo en términos electorales, pero como ciudadano tengo el mismo derecho", concluyó Marques, quien aún espera una solución legal para su reclamo de propiedad sobre las tierras.