Ordenan a un exempleado estatal a devolver más de $2,2 millones

El Poder Judicial confirmó que Marcelo Alejandro Zárate, exagente del Estado pampeano, deberá devolver al fisco provincial un total de $2.223.546,78 por haberes percibidos de manera indebida entre marzo de 2018 y julio de 2022. La decisión fue tomada por la Cámara Civil de Santa Rosa, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado de La Pampa y ratificó el fallo de primera instancia que ordenaba la restitución de los fondos.

El caso se originó cuando la Contaduría General de la Provincia detectó que Zárate había cobrado salarios sin justificación durante más de cuatro años debido a un error administrativo. Mediante la Resolución 211/23, se determinó que debía reintegrar el dinero y se emitió una Boleta de Deuda por un total de $2.319.056,08. Sin embargo, el juez de primera instancia, Evelio Santamarina, consideró que parte de esa deuda —correspondiente a los haberes de marzo a julio de 2018, por un monto de $95.509,30— estaba prescripta, por lo que ordenó el cobro del monto restante.

Disconforme con el fallo, la Provincia apeló la decisión ante la Cámara Civil, argumentando que el juez de primera instancia incurrió en un error al considerar la prescripción de parte de la deuda. La Fiscalía de Estado sostenía que el plazo de prescripción debía contarse desde la emisión de la Boleta de Deuda, fechada el 11 de enero de 2024, y no desde la fecha en que Zárate recibió los pagos indebidos.

Sin embargo, la jueza Marina Álvarez, de la Sala 1 de la Cámara Civil de Santa Rosa, rechazó el planteo y confirmó la sentencia original. La magistrada concluyó que la acción para el cobro de los haberes debía computarse desde el momento en que fueron percibidos, ya que desde entonces el Estado estaba en condiciones de reclamar su devolución. Por lo tanto, determinó que los haberes de marzo a julio de 2018 efectivamente estaban prescriptos, ya que había transcurrido el plazo de cinco años establecido por el Código Civil y Comercial.

Además, la jueza consideró que el recurso de la Provincia no presentó fundamentos sólidos para revertir la sentencia y que la normativa aplicada por el juez de primera instancia era correcta. Como consecuencia, Zárate deberá devolver los $2,2 millones restantes, además de los intereses acumulados y las costas del proceso.

El fallo puso en evidencia deficiencias en el control de la administración pública, ya que el error que permitió el pago indebido se extendió por más de cuatro años sin ser advertido. Desde la Provincia, consideran que la devolución del dinero es fundamental para resguardar el correcto uso de los recursos públicos, aunque la demora en la acción judicial impidió recuperar la totalidad de la suma adeudada.