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EL DIARIO digital
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¿El poder político pampeano va a proteger al fiscal Alejandro Sebastián Mendiara? Esa pregunta, hecha por El Diario en el ámbito de la Cámara de Diputados, por ahora no tiene respuesta. Como suele decirse, el tiempo dirá.
La semana pasada el Superior Tribunal de Justicia presentó la denuncia contra el fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial ante el Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, hubo una fuerte discusión en el organismo judicial más importante de la provincia.
Ahora, este diario pudo saber que el jury habría sido impulsado bajo una serie de rigurosos argumentos y casi en soledad por el magistrado Fabricio Losi. Al resto no les quedó otra que el acompañamiento para no mostrarse divididos.
"Acá están muy calientes con el STJ, porque les tiraron el jury por la cabeza... esperaban que bancaran un poco más a Mendiara", graficó sin medias tintas una fuente ligada a la Legislatura que conoce de cerca los movimientos en cada uno de los bloques. Y hasta se animó a una premonición: "Mendiara tiene la protección divina por lo que hizo con el intendente Bravo... tienen que pasar muchas cosas para que el jury lo destituya".
El mecanismo de juzgamiento de un fiscal está previsto en los artículos 113 y 114 de la Constitución pampeana. Ahora, luego de que se formulara la denuncia ante la secretaría del jury, la Secretaría deberá remitir el texto al presidente del jury, que por la ley 313 es el titular del STJ Eduardo Fernández Mendía.
Además de Fernández Mendía, el jurado está integrado por dos representantes del Poder Legislativo (las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama) y dos abogados de la matrícula que serán sorteados.
No es un detalle menor a quién responden las dos integrantes del jury en la Cámara de Diputados. Silvia Larreta es conocida por su vinculación con el exgobernador Carlos Verna. Y la radical Valderrama es un serio foco de atención por sus últimas declaraciones políticas. Una definición suya, en este año electoral, podría causar hasta sorpresa.
Mendiara y el "Sapo"
El fiscal Alejandro Sebastián Mendiara sostiene, por ahora, una carrera tan rápida como problemática dentro del Poder Judicial de La Pampa. Sus pasos por Eduardo Castex y General Acha tuvieron más repercusiones por los conflictos que mantuvo, que por sus intervenciones en materia penal.
Solo un caso judicial, en 2023, tuvo impacto mediático y fue el pedido de absolución del intendente de 25 de Mayo, David Bravo, en una causa por abuso de autoridad y peculado.
Mendiara ejerció como abogado en el ámbito privado desde 2011 hasta 2018, cuando fue designado fiscal adjunto en Eduardo Castex. Hasta 2020 mantuvo esa condición y en junio de ese año concursó, en un concurso interno con pocos postulantes, y quedó como titular.
En marzo de 2022, Mendiara fue designado, fiscal general sustituto en General Acha, en un principio por tres meses, pero luego fue ratificado en el cargo.
En su gestión frente al MPF achense, Mendiara tuvo que intervenir, el 23 de septiembre del 2023, en una causa por "abuso de autoridad y violación de las obligaciones de funcionarios públicos, en concurso ideal con peculado", que tenía como acusado al intendente de 25 de mayo, David "Sapo" Bravo.
En el juicio se investigaba una denuncia que, en 2012, hicieron tres concejales de la oposición (PJ), Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, debido a que el Concejo Deliberante, (donde el Movimiento Popular Veinticinqueño, liderado por Bravo, tenía mayoría), había aprobado una ordenanza que derivaba a la Cooperativa de 25 de Mayo (Coospu) los fondos de las regalías petroleras.
Los denunciantes sostuvieron que la sanción fue irregular porque no tenía la mayoría especial requerida, de 6 votos. Además, advirtieron que la ordenanza también contradijo la misma ley al permitir el uso de fondos públicos, en connivencia con los directivos de esa entidad de servicios, sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, el Concejo Deliberante.
El argumento de Bravo y su defensa es que los recursos se volcaron en el tendido de una línea eléctrica que efectivamente se hizo, para atender la emergencia social de 200 personas que vivían en un asentamiento, en el marco del boom petrolero y la expansión demográfica de la localidad.
En la audiencia, el fiscal Mendiara pidió la absolución de Bravo y criticó duramente la sustanciación de la causa que inició el entonces fiscal de 25 de Mayo, Alejandro Maso Mendiburu. "Tengo grandes diferencias de criterio con la acusación que heredé", se quejó.
Mendiara entendió que fue el Concejo Deliberante quien autorizó el convenio, y consideró una incongruencia que los fiscales oportunamente estuvieron de acuerdo con el sobreseimiento de los cinco concejales que la aprobaron, pero insistieron con el proceso a Bravo, que solamente lo ejecutó.
"Yo no voy a mantener esta acusación -de los fiscales anteriores-, porque es poco criteriosa. Además, no pueden acreditar el dolo. Acá se cae de maduro que el MPF lo presume, y no lo comparto", agregó.
"En cuanto al peculado, el convenio lo autorizó el Concejo y Bravo lo ejecutó, hay documental de los pagos y la obra está terminada. Sí estoy de acuerdo con lo señalado por la perito, la contadora Ana María Kin, quien dijo que -en la ejecución- no se respetaron las normas de la Ley 3 del Administración Provincial y las de Obras Públicas, pero eso no forma parte de la acusación. Por eso no voy a sostenerla y solicito la absolución", sentenció Mendiara.
La misma solicitud fue planteada por el abogado defensor Hernán Danzi. Por su parte, el abogado querellante, Guillermo Galcerán, solicitó 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Esta decisión de Mendiara fue una buena noticia para Bravo, quien en ese momento tenía dos condenas previas sobre sus espaldas. En 2013 lo condenaron a 7 meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de "abuso de autoridad", al haber habilitado un cabaret.
A principios del 2022 también fue condenado por trata de personas y facilitamiento de la prostitución. Le aplicaron 5 años de prisión, por ser partícipe necesario del delito de "trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual".
Finalmente, Bravo fue absuelto en la causa luego de la intervención de Mendiara y el fallo fue ratificado por el Tribunal de impugnación Penal (TIP), al año siguiente.
Llamativamente, o no, pocos días después, el 4 de octubre de 2023, la comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Acuerdos, de la Cámara de Diputados de La Pampa, emitió dictamen favorable -con la mayoría del bloque del FreJuPa- al pliego para designar a Mendiara como titular en la Fiscalía General con funciones en la III Circunscripción Judicial.
Los legisladores de la UCR anunciaron que fijaban posición en el recinto, y el PRO y Comunidad Organizada rechazaron el acuerdo. Los votos fueron los siguientes: 16 el Frejupa y 1 del Movimiento Productivo Pampeano (Brindesi).
El 22 de noviembre de ese mismo año, Mendiara juró en el cargo que aún ostenta. ¿Todo fue obra de la mentada "protección divina"?
Contra la policía
El fiscal Mendiara protagonizó dos fuertes episodios contra la policía pampeana.
El más escandaloso ocurrió en la localidad de Victorica durante la madrugada del pasado domingo 9 de marzo. Por ese hecho hay una investigación judicial al respecto. Bajo un comportamiento cuanto menos errático, e incluso con dificultades para mantenerse en pie, increpó en duros términos a un policía en la puerta de un boliche. El video que trascendió por ese episodio provocó un escándalo que traspasó los límites de la provincia y fue noticia nacional.
Hubo otro hecho similar, ocurrido en General Acha, pero no que salió a la luz hasta que se conoció lo ocurrido en Victorica. En este caso puntual, todo sucedió en su oficina por la demora de su hijo menor de edad.
