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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) – Se realizó ayer en los Tribunales de Pico el juicio oral y público contra dos miembros de la Policía provincial acusados de pedir una coima al propietario de un colectivo en el Puesto Caminero Chamaicó. La Fiscalía solicitó que se les aplique una pena de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los efectivos imputados son el agente José Gabriel Paulino Martínez y el sargento primero Alfredo Reinaldo Agüero, quienes escogieron como estrategia defensiva cargar la culpa uno sobre el otro.
El juez de Audiencia Carlos Federico Pellegrino presidió el debate, del que fueron parte el fiscal adjunto Matías Juan y el fiscal general Armando Agüero. El abogado Héctor Freigedo tuvo a cargo la defensa de Martínez, mientras que el defensor oficial Walter Vaccaro asistió a Agüero.
El juicio contó también con declaraciones de testigos, entre ellos la jefa de la Unidad Regional II de la Policía, comisario general Vanina Fileni.
El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2024, entre las 19:15 y 19:30 horas, cuando el damnificado, José Luis "Lito" Ayala, circulaba por la Ruta Nacional 188 a bordo de un micro cargado de equipos de sonido, desde la localidad de Realicó hacia la ciudad puntana de Buena Esperanza. En el Puesto Caminero fue detenido por los dos uniformados, que le detectaron una supuesta infracción y, para permitirle seguir camino sin hacerle una multa de 600.000 pesos, le pidieron que girara a un CBU entre 200.000 y 250.000 pesos.
Los efectivos le dijeron que lo dejarían circular pero más tarde se comunicarían con él para pasarle los datos de la cuenta donde debía depositar la coima, con cuyo pago no solo zafaría de la boleta, sino que también obtendría una especie de "pase libre" a futuro.
Efectivamente, cuando el hombre llegó a su destino laboral recibió el CBU en su teléfono. Sin embargo, lejos de acceder al pedido de dinero, cuando regresó a General Pico le comunicó lo sucedido a la comisario Fileni y luego efectuó la denuncia en la Justicia, en la que aportó las pruebas que tenía.
La Fiscalía acusó a los dos policías por el delito de "cohecho en grado de tentativa", para pedir sobre el final del debate una pena de un año de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Alegatos
El fiscal Juan señaló en la apertura del juicio que "con relación al acusado José Gabriel Paulino Martínez, se le endilga que en su condición de funcionario público provincial, con el cargo de agente y desempeñándose en el Puesto Caminero Chamaicó, haber solicitado al señor José Luis Ayala (domiciliado en Realicó) que entregara o pusiera a su disposición la suma de 250.000 pesos, a transferir desde la cuenta de Ayala a la cuenta del imputado, que este le facilitó por mensaje de WhatsApp de su línea personal a la de Ayala".
Y agregó que "ese pedido fue a condición de que, si le pagaba, Ayala podía seguir transitando en su colectivo con el que viajaba desde Realicó a Buena Esperanza, provincia de San Luis, pese a que Ayala no podía justificar con documentación pertinente la realización de la Verificación Técnica Obligatoria".
Acusó luego al sargento primero Alfredo Reinaldo Agüero de haber pedido la coima, que sería transferida al CBU de Martínez.
El fiscal encuadró el caso en "cohecho en grado de tentativa" y consideró a los dos uniformados como coautores, a pesar de que "el hecho no llegó a consumarse por voluntad ajena a los coimputados, porque Ayala, al haberse rebelado a lo que le pedían por entender que tenía todo en regla para circular, no hizo entrega del dinero".
Por su parte, los defensores de los imputados negaron la existencia de un hecho delictivo y reclamaron la absolución, alegando que "no existen elementos suficientes para condenarlos".
La lectura de la sentencia se realizará el día 4 de abril a las 12 horas.
