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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) La Fiscalía de Pico pidió elevar a juicio la investigación contra el administrador general de APAP, Hugo Carbonel, acusado de cometer delitos sexuales contra personas con discapacidad asistidas por la institución.
A un año de la denuncia que generó conmoción en la ciudad, según confirmó el fiscal general Armando Agüero, en los últimos días la fiscala sustituta de Delitos de Género, Andreína Montes, pidió la elevación a juicio del legajo que se instruyó contra el responsable de la entidad.
Será acusado de "abuso sexual agravado", entre otras circunstancias por su responsabilidad de "guarda" como titular de la Asociación de Padres, Amigos y Protectores, que asiste a personas con discapacidad intelectual, aunque el resto de los agravantes no trascendieron para proteger a las víctimas.
La denuncia fue presentada el 13 de marzo de 2024, a partir de la circulación de audios aberrantes entre Carbonel y algunas de las personas damnificadas. Esos registros sonoros llegaron al teléfono de la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso, quien los presentó ante la Fiscalía para investigue el caso.
Las víctimas son dos mujeres de 28 y 29 años de edad, ambas con distintos grados de discapacidad y vinculadas a APAP a través de diversos abordajes, ya que parte de la población beneficiada por la institución asiste a un Centro de Día, mientras que otra reside en departamentos que fomentan la independencia de dichas personas.
La gravedad de la acusación que pesa sobre el imputado, y el avance de la pesquisa en su contra, quedó de manifiesto en la prisión domiciliaria que se le dictó desde el momento de su formalización, que se extendió hasta la actualidad para que el referente de la organización no gubernamental no obstaculice la investigación.
Tras la denuncia, según trascendió, una de las damnificadas habría reconocido una relación con Carbonel. Se entiende en esa línea que las pericias psicológicas a las víctimas fueron claves en el avance de la investigación, y lo sean al mismo tiempo en el debate oral y público, ya que las mismas deben establecer si las mujeres con retraso madurativo estaban en condiciones de comprender los actos y brindar consentimiento, o no.
No es la primera vez que al hombre se lo menciona en legajos judiciales, aunque ninguna investigación había llegado hasta esta instancia.
Por las características de la institución que durante décadas condujo, Carbonel administró por años un importante flujo de dinero proveniente de leyes que benefician a estas entidades y aportes del Estado, como así también de la comunidad a través de bonos o rifas. En dicho sentido, ese movimiento dinerario fue denunciado públicamente en más de una oportunidad por extrabajadores de APAP, que apuntaron a manejos poco claros y un supuesto crecimiento patrimonial del involucrado.
También se lo sindicó en más de una oportunidad por el trato hacia el personal que se desempeñó en el Centro de Día, con permanente rotación, y que en varias oportunidades terminó en juicios y denuncias públicas que en la mayoría de los casos no se sustentaron en expedientes judiciales.
Carbonel tiene ya más de 70 años de edad y enfrenta una acusación que le podría valer una pena que va de 8 a 25 años de cárcel, y de ser condenado un juez de Ejecución Penal deberá analizar si puede cumplir la sentencia que se le imponga tras las rejas o en su domicilio.