Clausura de geriátrico en Pico: apelan a la responsabilidad de las familias

General Pico (Agencia) – La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Gabriela Echegaray, se refirió a la clausura del geriátrico "Doña Filo" y explicó los pasos previos al cierre del establecimiento, cuya mayor complejidad pasa por encontrar lugares para trasladar a las personas alojadas allí. Al mismo tiempo, y tal como lo señala la ley provincial, la funcionaria apuntó al compromiso de la sociedad cuando ubica a un abuelo en una residencia. "Uno es responsable de aquellos lugares donde aloja a sus familiares", recordó.

Echegaray dialogó con medios locales y comentó los antecedentes de la clausura del geriátrico, cuyas condiciones de alojamiento deficientes también fueron denunciadas públicamente por un grupo de extrabajadoras del lugar. Confirmó por otra parte que el otro geriátrico de Gisela Rebeco, emplazado en el barrio Carlos Berg, cuenta con habilitación comercial y tiene personas alojadas, aunque enfrenta un problema judicial por una supuesta deuda de alquiler.

La funcionaria municipal comentó que "lo que hicimos fue terminar un proceso que empezó un tiempo antes, que tiene que ver con la fiscalización y con una ley que nos obliga a ser órgano de control de las residencias de larga estadía que tienen alojadas a personas mayores. En esta residencia lo que había era una clausura comercial a raíz de algunas actas de infracción que se habían labrado con anterioridad, y se efectivizó con un trabajo previo que tiene que ver con el vínculo con las familias".

Mencionó luego algunos de los requisitos que debe cumplir esa clase de establecimientos, como por ejemplo contar con "directores técnicos, personal a cargo, un plan nutricional, actividades recreativas y todo lo que tiene que ver con lo edilicio de cada edificio. Todo esto tiene que ver con las fiscalizaciones que hacemos de manera periódica".

Incumplimientos

En cuanto al inmueble de calles 49 y 24, Echegaray informó que "tuvo diversas fiscalizaciones durante mucho tiempo, no cumplió con las indicaciones que se le pedían desde las diferentes áreas municipales, tanto Comercio como Obras Públicas, y en función de eso se emitió la clausura desde el Juzgado de Faltas y, desde allí, lo que se hizo fue trabajar con las familias para que el día viernes, que se termina con el procedimiento", hubiesen retirado a sus familiares .

A raíz de dicha tarea, cuando los funcionarios llegaron a ejecutar la clausura ya no quedaba ninguna de las 15 personas que residían en el lugar.

Sobre las irregularidades, la funcionaria señaló que "el motivo que queda escrito en la clausura es falta de habilitación, eso implica que la habilitación municipal tiene varias cuestiones que no se cumplían, por ejemplo las historias clínicas, que no cumplían con los requisitos que se pedían, y cuestiones que tenían que ver con presentar toda la documentación para obtener la habilitación".

Remarcó que "es un trabajo de mucho tiempo" y advirtió que "no voy ahondar en los detalles porque tiene que ver también con el respeto de las personas mayores que vivían allí", aunque admitió luego que tampoco se respetaban los requisitos de "salubridad e higiene".

En cuanto a las denuncias de abuelos desnutridos, indicó que "eso lo tiene que certificar un médico y nosotros no vamos con un médico a las inspecciones", aunque aclaró que "lo que hacemos es una observación y, por eso, justamente en función de las observaciones que veníamos haciendo, que no había un plan nutricional y faltaban otras cuestiones, entendíamos que las personas no podían seguir residiendo ahí".

Familias

La secretaria de Desarrollo Social remarcó luego el rol que deben cumplir los familiares que deciden alojar a una persona mayor en una residencia.

"La ley dice que hay tres espacios en los que tenemos que hacer foco, y uno es la familia. Uno es responsable de aquellos lugares donde aloja a sus familiares. Obviamente que hay personas que no tienen una red de apoyo, y esa es otra condición de las familias y personas a las que acompañamos, y la verdad es que nos hemos encontrado con situaciones graves de gente que ni siquiera vive en Pico, que no tenía la cotidianeidad de supervisar el espacio en el que estaba el adulto y hubo que esperar a que venga a la ciudad. Todo eso costó mucho", señaló.

Aclaró luego que "a nosotros en este caso no nos llegó ninguna notificación de la Justicia, por lo que tengo entendido este planteo que hicieron las trabajadoras del lugar fue una cuestión laboral en la Justicia, pero lo que sí hacemos es invitar a que estas situaciones se hagan visibles porque es una situación que a nosotras nos ayuda en la fiscalización".

Agregó que "nosotros podemos hacer una clausura automática si vemos una situación grave, pero el contexto es dónde vamos a reubicar a las personas, las plazas que hay en residencias de la ciudad, y este es otro tema complejo para todos, inclusive para los dueños, porque cada residencia tiene su reglamento y sus condiciones de admisión".

Y remarcó en esa línea que "para poder tomar la decisión tenemos que tener cubiertas las posibles plazas para trasladar a esas personas mayores. De hecho, en la clausura anterior el municipio se hizo cargo del total de la cápita de cinco personas que trasladamos compulsivamente. En esta ocasión no sucedió porque cuando llegamos ya no había personas mayores allí".

Para cerrar, Echegaray destacó que "por lo general hablamos cuando hay clausuras, pero quiero dejar claro que hay gente que hace las cosas muy bien, que en Pico tenemos residencias con estándares superiores, de hecho, de las mejores que hay en La Pampa".