Viajó a Rincón de los Sauces pero no llegó: lo buscan
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EL DIARIO digital
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Alejandro Sebastián Mendiara tiene una carrera tan rápida como problemática como fiscal dentro del Poder Judicial de La Pampa. Su paso por Eduardo Castex y General Acha tuvo más repercusiones por los conflictos que mantuvo el abogado oriundo de Victorica, que por sus intervenciones en materia penal. Solo un caso judicial, en 2023, tuvo impacto mediático y fue el pedido de absolución del intendente de 25 de Mayo, David Bravo, en una causa por abuso de autoridad y peculado.
Mendiara ejerció como abogado en el ámbito privado desde 2011 hasta 2018, cuando fue designado fiscal adjunto en Eduardo Castex. Hasta 2020 mantuvo esa condición y en junio de ese año concursó, en un concurso interno con pocos postulantes, y quedó como titular.
Durante su gestión en esa localidad, Mendiara fue denunciado, en el Ministerio Publico Fiscal (MPF) de Santa Rosa, por la abogada Marcela Rita Chaves, quien acusó al fiscal de "lesiones leves agravadas con medidas de violencia de género".
Chaves contó que fue agredida por el fiscal y la secretaria del organismo judicial castense intentó borrar la grabación de una charla en el interior del edificio judicial; mientras que el fiscal argumentó que Chaves lo tomó de la corbata y él intentó tranquilizarla.
El escándalo se desencadenó por el caso de un automovilista demorado en Castex, que iba con su hija, de 2 años, desde la ciudad de La Banda hacia Carmen de Patagones, y un juzgado santiagueño emitió una resolución cuando el conductor ya había iniciado el viaje hacia la ciudad sureña.
"Grabé una charla con la secretaria y después de las 9 horas llega el fiscal y me dice que le deje de romper los huevos", contó la abogada castense.
"Estábamos escritorio de por medio y a los empujones me saca el teléfono y se lo entrega a la secretaria. Me agarra de los hombros, me levanta y me lleva a una oficinita que tiene la Fiscalía al fondo. Empecé a los gritos. La secretaria cuando termina de intentar borrar la grabación volvió, pregunta qué pasa y empecé a gritar", dijo Chaves.
La denunciante aportó como pruebas el certificado médico emitido en la Guardia Médica del Hospital "Pablo F. Lacoste", las grabaciones de los incidentes que habrían ocurrido en el interior del edificio judicial de Eduardo Castex y capturas de imágenes de conversaciones de WhattsApp, entre otros elementos.
Sin embargo, el caso quedó en la nada y la carrera del fiscal siguió adelante hasta tener un nuevo destino.
Pedido de absolución
En marzo de 2022, Mendiara fue designado, fiscal general sustituto en General Acha, en un principio por tres meses, pero luego fue ratificado en el cargo. En su gestión frente al MPF achense, Mendiara tuvo que intervenir, el 23 de septiembre del 2023, en una causa por "abuso de autoridad y violación de las obligaciones de funcionarios públicos, en concurso ideal con peculado", que tenía como acusado al intendente de 25 de mayo, David "Sapo" Bravo.
En el juicio se investigaba una denuncia que, en 2012, hicieron tres concejales de la oposición (PJ), Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, debido a que el Concejo Deliberante, (donde el Movimiento Popular Veinticinqueño, liderado por Bravo, tenía mayoría), había aprobado una ordenanza que derivaba a la Cooperativa de 25 de Mayo (Coospu) los fondos de las regalías petroleras.
Los denunciantes sostuvieron que la sanción fue irregular porque no tenía la mayoría especial requerida, de 6 votos. Además, advirtieron que la ordenanza también contradijo la misma ley al permitir el uso de fondos públicos, en connivencia con los directivos de esa entidad de servicios, sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, el Concejo Deliberante.
El argumento de Bravo y su defensa es que los recursos se volcaron en el tendido de una línea eléctrica que efectivamente se hizo, para atender la emergencia social de 200 personas que vivían en un asentamiento, en el marco del boom petrolero y la expansión demográfica de la localidad.
En la audiencia, el fiscal Mendiara pidió la absolución de Bravo y criticó duramente la sustanciación de la causa que inició el entonces fiscal de 25 de Mayo, Alejandro Maso Mendiburu. "Tengo grandes diferencias de criterio con la acusación que heredé", se quejó.
Mendiara entendió que fue el Concejo Deliberante uqien autorizó el convenio, y consideró una incongruencia que los fiscales oportunamente estuvieron de acuerdo con el sobreseimiento de los cinco concejales que la aprobaron, pero insistieron con el proceso a Bravo, que solamente lo ejecutó.
"Yo no voy a mantener esta acusación -de los fiscales anteriores-, porque es poco criteriosa. Además, no pueden acreditar el dolo. Acá se cae de maduro que el MPF lo presume, y no lo comparto", agregó.
"En cuanto al peculado, el convenio lo autorizó el Concejo y Bravo lo ejecutó, hay documental de los pagos y la obra está terminada. Sí estoy de acuerdo con lo señalado por la perito, la contadora Ana María Kin, quien dijo que -en la ejecución- no se respetaron las normas de la Ley 3 del Administración Provincial y las de Obras Públicas, pero eso no forma parte de la acusación. Por eso no voy a sostenerla y solicito la absolución", sentenció Mendiara.
La misma solicitud fue planteada por el abogado defensor Hernán Danzi. Por su parte, el abogado querellante, Guillermo Galcerán, solicitó 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Esta decisión de Mendiara fue una buena noticia para Bravo, quien en ese momento tenía dos condenas previas sobre sus espaldas. En 2013 lo condenaron a 7 meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de "abuso de autoridad", al haber habilitado un cabaret.
A principios del 2022 también fue condenado por trata de personas y facilitamiento de la prostitución. Le aplicaron 5 años de prisión, por ser partícipe necesario del delito de "trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual".
Finalmente, Bravo fue absuelto en la causa luego de la intervención de Mendiara y el fallo fue ratificado por el Tribunal de impugnación Penal (TIP), al año siguiente.
Llamativamente, o no, pocos días después, el 4 de octubre de 2023, la comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Acuerdos, de la Cámara de Diputados de La Pampa, emitió dictamen favorable -con la mayoría del bloque del FreJuPa- al pliego para designar a Mendiara como titular en la Fiscalía General con funciones en la III Circunscripción Judicial. Los legisladores de la UCR anunciaron que fijarán posición en el recinto, y Comunidad Organizada rechazó el acuerdo.
El 22 de noviembre de ese mismo año, Mendiara juró en el cargo que aún ostenta.
Contra la policía
El derrotero del fiscal en General Acha no terminó allí, pero no por cuestiones judiciales. El año pasado, Mendiara tuvo un incidente con la policía local, antecedente de lo ocurrido el fin de semana pasado en Victorica.
Según pudo saber El Diario, el hijo del fiscal tuvo un incidente en una escuela de la localidad, lo que derivó en la intervención policial y de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia (UFGNA). Indignado por lo ocurrido, Mendiara increpó duramente en la comisaría a los efectivos policiales. Por esto se le inició un sumario a Mendiara, que aún no ha sido resuelto.
Con estos antecedentes, no sorprende la actitud del fiscal el fin de semana pasado en su Victorica natal, donde increpó en duros términos a dos efectivos policiales en un boliche, en un llamativo estado de alteración, que incluyó un llamado al ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli.
Ahora Mendiara enfrentará un jury dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), un sumario administrativo por parte del Procurador General, Mario Bongianino, otra causa en la Fiscalía de General Pico, que tiene jurisdicción donde se produjo el incidente. Además, los diputados de la oposición pidieron que se suspenda al fiscal, quien se encuentre de licencia luego del escandaloso episodio en Victorica.
