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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) El ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Di Nápoli, fue convocado a prestar declaración testimonial este jueves en los Tribunales de Pico, en el marco de la causa penal donde se investiga el accionar del fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial, Alejandro Sebastián Mendiara. El viernes declararían los policías involucrados y también testigos civiles.
La Fiscalía General de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Pico, que tiene a su cargo también la Cuarta Circunscripción con sede en Victorica, recibió el pasado martes el sumario elaborado por los policías que participaron del cuestionable episodio protagonizado por el fiscal. El legajo no tiene carácter de denuncia, sino que es un informe que se eleva a Fiscalía para que se analice si el hecho configura, o no, un delito penal.
En ese contexto, el fiscal general Armando Agüero confirmó el inicio de una investigación penal, donde una de las primeras medidas fue convocar al ministro di Nápoli, a partir que el propio Mendiara señala en el video que llamó al funcionario provincial esa madrugada, situación que el titular de la cartera de Seguridad ya admitió públicamente. Agüero busca conocer cuál fue el motivo de la llamada y lo que se habló en la misma.
Al día siguiente, el viernes 14, deberán declarar cuatro policías de Victorica y cuatro testigos civiles.
La investigación penal buscará determinar si Mendiara en el episodio con los policías de Victorica incurrió en delitos tales como "abuso de autoridad", "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "amenazas" u otros, por los cuales se podría llegar a penas de prisión en suspenso e inhabilitación.
Por otra parte, también recayó sobre la Fiscalía General de Pico la investigación administrativa impulsada por el procurador general, Mario Bongianino, donde se requiere establecer sobre el mismo hecho si Mendiaria rompió con una serie de reglas de conducta que se les exige respetar dentro y fuera del trabajo- a los funcionarios públicos. La violación de las mismas reglas, llevarían a sanciones administrativas que van desde apercibimientos, llamados de atención, multas, suspensiones y hasta la exoneración del cargo.