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EL DIARIO digital
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El Superior Tribunal de Justicia resolvió este miércoles, por unanimidad, denunciar al fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial, Alejandro Sebastián Mendiara, por desorden de conducta, ante el Jurado de Enjuiciamiento.
El desorden de conducta es una casual que está incluida en el artículo 21, inciso 2° de la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento. Este mecanismo de juzgamiento lo prevén los artículos 113 y 114 de la Constitución provincial.
La decisión fue adoptada por el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, y los ministros/as Hugo Oscar Diaz, María Verónica Campo, Fabricio Luis Losi y José Roberto Sappa, durante la reunión semanal y habitual de acuerdos.
La denuncia, a raíz de los hechos ocurridos en Victoria y que fueron dados a conocer por El Diario, será formalizada en los próximos días.
Repudio de abogados
Por otro lado, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa expresó su "más enérgico repudio" a la conducta del fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial, Sebastián Mendiara, tras el incidente ocurrido el fin de semana pasado en la localidad de Victorica.
El hecho, que tomó estado público a partir de la difusión de un video por El Diario, muestra al funcionario judicial en una situación de maltrato hacia un efectivo policial en la puerta de un boliche. La gravedad del episodio motivó que el Procurador General, Mario Bongianino, resolviera iniciarle un sumario administrativo a Mendiara, quien además se tomó "licencia ordinaria" tras el escándalo. En paralelo, la Fiscalía de Victorica lleva adelante una investigación sobre lo sucedido.
En su comunicado, el Colegio de Abogados de La Pampa calificó el comportamiento del fiscal como "inaceptable para un funcionario judicial, cuya función es velar por el cumplimiento de la ley y el respeto a las instituciones". Asimismo, recordó que los fiscales generales "son los jefes del Ministerio Público Fiscal en las circunscripciones judiciales de la provincia para las que fueren designados y responsables de su buen funcionamiento, según lo establece el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
La entidad profesional hizo hincapié en que el "uso indebido de su autoridad y la exhibición de conductas que atentan contra los principios de profesionalismo y respeto que deben regir su comportamiento generan un malestar social". Por ello, reclamó que la sanción que eventualmente adopten las autoridades competentes sea "ejemplificadora para apaciguar las aguas sociales".
Finalmente, el Colegio instó a que la investigación del caso se realice "de manera inmediata" y con una "respuesta clara y contundente respecto de la conducta inadecuada del funcionario judicial".
