El STJ pide al Gobierno un "plan gradual" para mejorar los salarios de los judiciales

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, afirmó que la paralización de la justicia por los reclamos gremiales ya generan quejas de los sectores que acuden a tribunales, aunque descargó toda responsabilidad de respuesta en las decisiones presupuestarias del gobierno provincial. Los judiciales no firmaron el último acuerdo salarial y desplegaron un plan de lucha que esta semana paralizó la actividad tribunalicia, con tres días seguidos de asambleas y retiro del trabajo.

Fernández Mendía consideró que pronto habrá contactos del STJ con el gobierno y deslizó la posibilidad de llegar a un acuerdo de un mejoramiento salarial gradual en un plazo de cuatro o cinco años para compensar lo perdido con la devaluación y el ajuste dispuesto por el gobierno nacional desde diciembre  de 2023. Los judiciales argumentan que los últimos acuerdos salariales eliminaron la carrera judicial.

El juez mencionó que La Pampa fue perjudicada por políticas del gobierno nacional contrarias al federalismo. "Eso incide también en el presupuesto provincial y en el presupuesto que nos dan a nosotros, porque el presupuesto, si bien lo elevamos como proyecto, el que lo termina definiendo es la Cámara de Diputados. Y obviamente hay una especie de debilitamiento de nuestro presupuesto, aunque reconocemos que la provincia tiene que gestionar el bien común de todos los sectores", indicó.

"En nuestro caso, las quejas que transmiten los empleados, yo las comparto porque también las recibo de la gente que pertenece a la Judicatura. Estamos pasando un muy mal momento todos y realmente eso influye, porque es natural que el empleado, el colaborador nuestro, utilice los remedios legales que tiene de las medidas de fuerza, pero eso está resintiendo el trabajo en el Poder Judicial", señaló en declaraciones a CPEtv.

El magistrado indicó que en la paritaria sectorial "con respecto a las recategorizaciones, lo único que podemos hacer nosotros es tratar de ampliarla en su funcionamiento, pero todo depende del presupuesto, porque toda recategorización es económica. También hay condiciones de trabajo, pero es fundamentalmente económica. Si a nosotros en el presupuesto no nos dan categorías, no podemos inventarlas".

"Las pedimos en todos los presupuestos. Yo no puedo juzgar por qué a veces no logramos la cantidad, porque es la autonomía de decisión del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y yo sé que realmente esta situación que se ha dado en el último año es de una gravedad muy notoria que la vemos a diario en los diarios", indicó.

El juez aclaró que la relación con el gobierno provincial "siempre ha sido muy fluida". "Tratamos de no molestar demasiado, pero lo que vamos pidiendo como refuerzo presupuestario siempre hemos tenido una respuesta, no de la que uno quiere, pero por lo menos la receptividad ha sido siempre muy buena en este periodo y en todo. Yo llevo 30 años en el Superior Tribunal y no puedo decir jamás que nos hayan cortado el diálogo. Lo que sí, siempre vamos a estar desconforme con lo que nos dan".

Respecto al conflicto actual, estimó que "seguramente pronto" tendrán algún diálogo con el gobierno porque "ya se nos empiezan a quejar otros sectores de que acuden a la justicia por los efectos del paro".

"Nosotros les damos como respuesta que nosotros no podemos coartar en nada la expresión sindical. Es un derecho constitucional que es innegable, pero obviamente repercute en la capacidad de respuesta, en la lentitud. Y eso es lo que nos preocupa, también lo salarial y lo vamos a plantear", reafirmó.

"He tomado conocimiento que otras provincias han logrado un acuerdo con el Poder Ejecutivo de mejoramiento gradual. Es decir, en un plan de 4 o 5 años, más allá de la inflación, un incremento extra para recuperar lo que se ha perdido de manera evidente. Y eso lo plantearíamos en un diálogo con el Gobierno", finalizó.