Para el STJ es "aberrante" nombrar jueces por decreto en la Corte

El presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, consideró "gravísimo" el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto del presidente Javier Milei. "Es un nombramiento de facto, con una interpretación a la ligera. Desaparece la seguridad jurídica", alertó, sobre del daño a la institucionalidad en el país.

El juez calificó de "aberrante" pasar por alto el rol del Senado de la Nación para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. "Le deben el cargo al capricho del presidente. El Poder Legislativo es soslayado. Desaparece la seguridad jurídica", afirmó en declaraciones a CPEtv.

El Superior Tribunal, por unanimidad, le pidió a la Junta Federal de Corte, que nuclea todas las cortes del país, que manifieste repudio a los nombramientos, según confirmó el magistrado. "No solamente por un procedimiento que es inconstitucional, sino porque Lijo no reúne idoneidad e independencia para el cargo. Es muy conocido su cajoneo de expedientes de peso político", dijo.

"Estamos en total desacuerdo con este procedimiento de desconocer los otros poderes, como el Senado de la Nación, en la representación genuina de las provincias, pero de tantos sectores que están avisando desde la cátedra, desde la academia, desde todo el mundo", indicó.

Con respecto a García Mansilla, cuestionó el procedimiento. "Esto genera un absurdo. Siempre la Corte, en distintas integraciones, ha dicho que sus fallos necesitan el acatamiento moral de la justicia del interior del país. Es muy difícil hablar de acatamiento moral cuando la forma de llegar a la Corte es repudiable, moralmente y jurídicamente", manifestó.

"Vamos a tener que acatar lo que diga un ministro que está muy cuestionado, pero no por razones políticas, sino por la idoneidad", insistió. "Para mí es un hecho grave, le hace muy mal a la calidad institucional del país", agregó.

-El gobierno niega la inconstitucionalidad por la demora del Senado en tratar los pliegos y porque se hizo en receso.

-Una de las condiciones para ser juez de la Corte y de toda la justicia es la inamovilidad. Estamos nombrando a gente que no sabemos si se va a dar acuerdo. ¿Qué independencia puede tener un Ministro de la Corte que tiene todavía en suspenso su continuidad? Durante estos meses, ¿qué pasa con lo que digan en su fallo? Si no sabemos si van a seguir. Eso es, lo dijeron desde Joaquín B. González y Albert, la necesidad de la inamovilidad. Nombrar a alguien en comisión para la justicia es aberrante. Además, torcer la interpretación de la Constitución… No se puede manipular la Constitución de una manera tan espuria y tan evidente. No es la única vez que ha pasado, pero el resultado, cuando fueron propuestos Rossati y Rosenkfaft, , por lo menos después tuvieron el acuerdo del Senado. ¿Qué inamovilidad puede tener Lijo y García Mansilla cuando ya el parte del Senado está anunciando que no les van a dar el acuerdo? La inamovilidad, además de la idoneidad, es una de las condiciones necesarias. Y acá, esto se puede transformar en un problema jurídico-institucional gravísimo. Yo no sé si no se miden las consecuencias. 

El juzgamiento que se haga a nivel internacional sobre la debilidad institucional que implica este nombramiento, de facto, usando una interpretación muy a la ligera de la Constitución, es grave.

-¿Qué herramienta queda para frenar esto?

-El Poder Judicial no se puede meter en la división de poderes, no se puede meter en estos temas. Solamente cuando hay arbitrariedad e ilegalidad puede decirle a los otros poderes, ojo con esto. Pero esto para mí es responsabilidad esencial del Senado. La Constitución, que se modificó varias veces, y siempre se mantuvo eso, hasta la del 94. Es el Senado, y pasar por alto el Senado es hacer que los tres poderes ya no existan. Porque el Poder Judicial se va a debilitar con alguien que depende de un capricho del Poder Ejecutivo. Si yo le debo mi cargo al capricho del Presidente de la Nación, el Poder Legislativo directamente es soslayado totalmente. Entonces el Estado de Derecho queda con una elasticidad, con una debilidad internacional. La seguridad jurídica desaparece. Porque no olvidemos que la Corte es la última palabra en la interpretación de la ley. ¿Y cómo va a tener la última palabra dos personas que no se sabe si van a seguir? Es muy grave. 

-¿Entiende que el nombramiento fue para disimular el escándalo de las cripto estafa que envuelve al presidente?

-No tengo experiencia política. Si yo fuera Doña Rosa o Don Juan, me da que pensar que realmente siempre se trata de disminuir los efectos de los escándalos. No me extrañaría, pero no me animo a juzgar. No tengo elementos para juzgarlo, pero me extraña muchísimo. Me extraña muchísimo porque sabiendo que existe un poder del Estado que es muy importante, acudir de esta manera y en este momento era innecesario.