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EL DIARIO digital
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El caso de Antonella Villalba tiene un nuevo capítulo: finalmente, la Justicia provincial decidió imputar a su pareja, un muchacho santarroseño de 27 años de edad, identificado como Marcos Burgos, por presunta instigación al suicidio. Los fiscales Andrés Torino y Walter Martos decidieron en los primeros días de enero que la joven podría haber sido "instigada" por Burgos a tomar la trágica decisión de quitarse la vida.
"Es una figura muy compleja, quizás desactualizada con el enfoque de violencia de género, pero debemos investigar en ese sentido", detallaron en su momento los funcionarios judiciales.
Tal como informó El Diario, la FIA ya había iniciado una investigación sobre presuntas deficiencias en el abordaje de la situación de Antonella. El objetivo es dilucidar si también existió una irregularidad o ilícito por parte de funcionarios provinciales.
La investigación está a cargo de la fiscala adjunta, Gabriela Tebernero, quien ya envió oficios con pedidos de informes a reparticiones de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y a la Defensoría de Niñez y Adolescencia.
Desde la FIA aclararon que no tienen competencia para investigar las responsabilidades de los funcionarios de la municipalidad de Toay, pero sí en cuanto a determinar "qué sucedió y si hay o no responsabilidades de reparticiones provinciales".
La denuncia fue presentada el pasado 17 de diciembre por la Asamblea Autoconvocada, compuesta por distintas organizaciones y colectivos sociales, quienes solicitaron se investigue la responsabilidad del Estado, municipal y provincial, ante la sospecha de que no le dieron ayuda y contención a Antonella.
Los denunciados fueron el intendente de Toay, Ariel Rojas; la directora de Acción Social de Toay, Andrea Arteaga; el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca; el director de Niñez y Adolescencia de La Pampa, Rodrigo Lofvall; el ministro de Salud, Mario Kohan; y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá.
"Creemos que hubo incumplimiento de deberes de funcionarios, abandono de persona, vulneración de derechos, trato discriminatorio y desigual, criminalización y judicialización ante la falta de vivienda", plantearon los denunciantes en la presentación.
Antonella, de 26 años, murió ahorcada en una vivienda de la calle Urquiza al 300, en Toay. Tenía dos hijos, de 3 y 5 años, y en junio había ocupado, junto a otra joven, dos casas en un barrio ante la imposibilidad de pagar un alquiler y su estado de vulnerabilidad social.
Respuestas e investigación
El intendente de Toay, Ariel Rojas, dijo que "no hubo persecución ni hostigamiento" contra la joven. "Sabemos que hemos hecho todos los esfuerzos desde el primer día que tomamos conocimiento de esta situación, siempre tuvo el acompañamiento que se le pudo dar desde el Estado, trabajando en conjunto con organismos provinciales y con Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes", expresó el jefe comunal.
En tanto, el defensor de Niñez y Adolescencia, Juan Pablo Meaca, no disimuló su sorpresa por la denuncia.
"Cuando hay usurpaciones y desalojos, interviene el organismo mío, nosotros participamos de todas esas situaciones, acompañamos a las familias, y de hecho he tenido mi intervención", detalló Meaca.
Y destacó que "somos el único distrito en el país que tiene un protocolo de desalojo y en el que las usurpaciones no se terminan resolviendo como en otras provincias, donde hay denuncia, orden del juez, va la Policía y los saca a la calle y se terminó. En La Pampa tenemos un procedimiento que nos da intervención a nosotros, paramos la orden del desalojo y empezamos a trabajar alternativas que son variadas, como acomodarlos en algún lugar con las familias".
"Me llamó la atención la presentación y me llamó sobre todo la atención porque mucha de la gente que se presentó habla con nosotros. Y nunca nos llamaron para preguntarnos cuánto intervenimos o cómo intervinimos en esta situación", completó.
