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EL DIARIO digital
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La interna de La Libertad Avanza en la provincia ya no solo es feroz, sino que además está convertida en una comedia de enredos, con situaciones inverosímiles y un desenlace que es todo un misterio, en el que intervendrá necesariamente la Justicia Federal Electoral.
Después de un fallo del juez Juan José Baric que dejó en suspenso a la conducción que se había elegido y cuya batuta manejaba Juan Pablo Patterer, Luciano Ortiz aprovechó la volada y retomó la presidencia, con una reunión del partido que sus rivales consideran "trucha".
El contragolpe a esa movida por parte de Patterer y Nicolás Boschi fue convocar a un congreso extraordinario para el próximo 27 de febrero, donde intentarán reponerse como autoridades. Además de protagonizar esas pujas novelescas, son funcionarios públicos: Ortiz está a cargo del PAMI, Boschi y Patterer son las caras visibles del PAMI.
Patterer fue el enviado de Karina Milei y Lule Menem para "ordenar" el partido en La Pampa, después de que en 2023 la desorganización partidaria derivara en que LLA ni siquiera pudo presentar candidaturas legislativas. Aunque se supone que las autoridades nacionales tienen en esta hora preocupaciones más graves a partir de la criptoestafa y las coimas, mantenían hasta la semana pasada cierta vigilancia e interés por lo que ocurría en la provincia.
Tras la decisión de Baric que reveló irregularidades en el modo en que a fines del año pasado se eligieron las autoridades de LLA, Ortiz movió los hilos para echar a Patterer como apoderado. Hizo una reunión del Comité Ejecutivo partidario. Tuvo que ser en la vereda porque ingresar a la sede partidaria les fue imposible: los representantes de la Casa Rosada cambiaron la cerradura del local de la calle Mariano Rosas.
Aún así, designaron como supuestos nuevos apoderados del partido a los integrantes de un triunvirato: Moisés Ortiz (hermano de Luciano y apoderado original), Victoria Rambur y Sebastián Abt. El Juzgado tomó esa información como válida.
Patterer, Boschi y compañía impugnaron la medida, denunciaron que esa reunión se convocó y se hizo en menos de 24 horas, que no tenía quórum (hubo mayoría de firmas de integrantes suplentes) y que ni siquiera se usó el libro de actas correspondiente.
Dicen que pese al fallo judicial el congreso está en funciones y que es en ese ámbito donde se harán las correcciones que solicitó la Justicia: una carta orgánica, como corresponde, con artículos adecuados a la ley; y autoridades que no ocupen espacios incompatibles.
Por eso llamaron de apuro a una asamblea extraordinaria para este 27 de febrero.