Un pedido en Telén contra la RTO en Santa Rosa que no tuvo respuesta
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EL DIARIO digital
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La Municipalidad de Toay negó cualquier tipo de persecución o falta de asistencia a la mujer que ocupa una de las dos viviendas en el barrio "Los Profesionales" que el pasado 1 de febrero se incendiaron.
"La ocupante, tanto en esta última situación como a lo largo de todo el conflicto de usurpación no sufrió ningún tipo de persecución, apremios ni amenazas, y por el contrario siempre recibió escucha activa y propuestas de solución", afirmaron desde el Municipio.
El incendio ocurrido el pasado 1 de febrero en dos viviendas pertenecientes al Municipio de Toay, ambas usurpadas, dejó en evidencia el peligro estructural de estos inmuebles.
Pericias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Toay confirmaron que las viviendas presentan un alto riesgo de derrumbe.
"No obstante, una de las ocupantes, que lleva más de siete meses en la casa, se negó a desocuparla, lo que representa un riesgo para su vida y la menor conviviente", aseguraron.
Desde el Municipio indicaron que la ocupante ha sido asistida con diversas herramientas de apoyo, las cuales han sido debidamente documentadas y presentadas ante organismos provinciales.
"Lo planteado, que se encuentra debidamente documentado y presentado ante los Organismos provinciales correspondientes, incluye: entrega de módulos de alimentos, vales para la carga de gas, asistencia económica para emprendimiento, oferta de ayuda para alquiler y gestión de subsidios provinciales", remarcaron desde la Municipalidad.
Sin embargo, todas estas opciones fueron rechazadas.
Desde la Comisión conformada en cumplimiento de la Ordenanza 44/2024, que regula el destino de estas viviendas municipales, se desmienten las acusaciones de persecución y se insiste en que la ocupante falta a la verdad en sus declaraciones a los medios y en redes sociales.
"La usurpación violenta toda norma ya que las casas, de acuerdo con la Ordenanza 44/2024, tienen un destino específico y deben ser entregadas en comodato anual y renovable a personas mayores en estado de vulnerabilidad social y/o personas con discapacidad", enfatizó el comunicado municipal.
"La normativa establece que las viviendas municipales deben ser entregadas a quienes cumplen con los requisitos y no a quienes ocupan inmuebles de manera irregular. Además, Toay cuenta con más de 1200 familias inscriptas en el IPAV, quienes aguardan pacientemente su turno para acceder a una vivienda de manera legal", indicaron.
El Municipio reafirmó su postura de que "el diálogo y el respeto por las normas son fundamentales para resolver la situación".
También destacó que "todas las acciones realizadas han sido enmarcadas en el respeto a los derechos de la ocupante, quien, a pesar de recibir asistencia y múltiples alternativas, ha optado por rechazar la ayuda y presentar denuncias infundadas".
"Es imprescindible que cada una de las partes ponga su grado de raciocinio y sentido común. Existen normas y procedimientos necesarios", concluyó el comunicado.
