ATE denunció que hubo 50 casos de violencia laboral en 2024

La Secretaría de Género y Diversidad de ATE realizó, ese viernes por la mañana, una conferencia de prensa para denunciar los numerosos casos de violencia laboral que han atravesado las y los trabajadores estatales, de distintos sectores. "Queremos hacer público que el año 2024 ha sido un periodo extremadamente difícil en cuanto a la violencia en los lugares de trabajo, a nivel nacional, provincial y municipal. Durante ese año, registramos aproximadamente 50 casos de violencia laboral, que abarcan desde hostigamiento, acoso laboral, mobbing, abuso de poder y violencia de género con modalidad laboral", indicaron las gremialistas, encabezadas por la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont, junto a Mariana Andueza y Naalia Pérez, de la Secretaría de Género y Diversidad del gremio.

"Vemos con preocupación que se ha profundizado en Salud, los municipios, comisiones de fomento y Educación de La Pampa hechos de violencia que se originan desde los directores, jefes, capataces y responsables de áreas y departamentos hacia el resto de las y los trabajadores. Además, hemos tenido que acompañar y asesorar a compañeros/as que han sufrido violencia entre ellos", detallaron. 

Y advirtieron que "lo más alarmante es la falta de respuestas de parte de los funcionarios y las instituciones que deberían abordar esta problemática, como ministerios, subsecretarías y direcciones, que conforman la Red Territorial que aborda las violencias con modalidad laboral".

Desde ATE insistieron que "lamentablemente, no se están implementando los protocolos necesarios, ni existen líneas claras de acción frente a estas situaciones. Los convenios internacionales, las leyes nacionales, provinciales y las ordenanzas municipales que deberían proteger a las víctimas de violencia laboral, simplemente no se aplican". 

Pusieron como ejemplo el Ministerio de Salud, "donde la Comisión de Violencia, que es a referéndum de la paritaria sectorial tuvo una sola reunión sin avances concretos. A pesar de haber solicitado por nota una nueva convocatoria para tratar la alarmante cantidad de casos de violencia en los hospitales y centros de salud, la respuesta nunca llegó".

Desde la Secretaría de Género explicaron que, actualmente, "seguimos acompañando a víctimas que, lejos de recibir el apoyo necesario, son re-victimizadas constantemente. En lugar de aplicar protocolos o brindar respuestas, lo que ocurre es que las víctimas son trasladadas a otros lugares, se les otorgan días de franco para que busquen nuevos destinos, mientras que los agresores permanecen en sus cargos de poder. Incluso, en algunos casos, los agresores reciben ascensos, mientras que las víctimas enfrentan dudas sobre si tienen derecho a tomarse una licencia especial, ley N° 3.042".

Y aclararon que "esto no ocurre solo en los hospitales, sino también en los municipios, comisiones de fomento e incluso en las escuelas. Otro caso de estos es lo ocurrido en una escuela primaria en Ingeniero Luiggi, donde un agresor fue denunciado por dos compañeras auxiliares no docentes como él. Sin embargo, tanto la directora de la institución como el Ministerio de Educación de la provincia han protegido al agresor, permitiéndole seguir trabajando en la institución, incluso con niños y niñas presentes.

El rol de la FIA

Las dirigentes gremiales plantearon, "como una cuestión urgente, ¿Cuál es la función de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en todo esto? Sabemos que este organismo es un ente de control externo, cuyo trabajo es investigar la conducta de los funcionarios públicos y garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, nos encontramos con una situación alarmante: en los casos de violencia laboral denunciados, especialmente en el Ministerio de Salud, las denuncias de las víctimas son derivadas a la Subsecretaría de Salud, Social y Comunitaria, que está a cargo de la Sra. Zalabardo".

Y manifestaron su preocupación por que "cuando no es ATE quien interviene directamente, ya sea enviando notas o acompañando personalmente a las víctimas, estas no son convocadas ni se les da el tratamiento adecuado". 

"Nos resulta improcedente –continuaron- cómo es posible que se manejen las denuncias de forma confidencial dentro de las instituciones sin que se respeten los procedimientos administrativos. Por ejemplo, cuando el denunciado es funcionario y tiene una relación familiar directa con la Subsecretaría, lo que genera un conflicto de intereses claro y pone en duda la imparcialidad del proceso".

Para las dirigentes gremiales, "la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, debería garantizar como organismo de control, que estos casos se investiguen de forma objetiva y que las víctimas reciban el apoyo necesario. Sin embargo, hasta el momento no vemos ninguna intervención efectiva por parte de este organismo para esclarecer y dar respuesta a estas denuncias. Esto solo aumenta la sensación de impunidad y desprotección que viven las víctimas de violencia laboral".

Solicitaron que "se tomen medidas concretas" y exigieron a la FIA "actúe con rapidez y responsabilidad, para asegurar que se cumplan las leyes, se respeten los derechos de las víctimas y se sancione a quienes tienen responsabilidades en estos hechos".

Asimismo, cuestionaron a la Secretaría de Trabajo, bajo la conducción de Marcelo Pedehontaa, y a la Subsecretaría de Relaciones Laborales, a cargo de Ana Rodriguez, por su "inacción". 

Aseveraron que estas áreas y sus funcionarios, "quienes deberían velar por el bienestar de las y los trabajadores, durante todo el 2024, permanecieron inactivas, sin dar respuesta alguna a las denuncias sobre situaciones de violencia en los municipios. Siendo este el receptor de las denuncias de las/os compañeros y compañeras que se animaron a denunciar y nunca obtuvieron respuestas". 

"La falta de acción por parte de las autoridades ha dejado claro que, para ellos, los trabajadores solo somos importantes para las fotos y los videos, pero no cuando se trata de dar respuestas, acompañar y resolver", añadieron.

Finalmente, las representantes de ATE indicaron que "este escenario solo nos deja con una realidad difícil: quienes denunciamos la violencia en el trabajo, enfrentamos represalias, perjuicios económicos y un entorno laboral cada vez más hostil. Este tipo de actitudes y negligencia institucional no pueden seguir ocurriendo. Es hora de que las autoridades se hagan responsables y tomen medidas concretas para erradicar la violencia laboral en todas sus formas dando cumplimiento cabal a las leyes".

Y concluyeron: "Desde la Secretaría de Género y Diversidad de ATE, seguiremos luchando por los derechos de todas las víctimas y exigiendo respuestas reales, efectivas y urgentes. No vamos a dejar que la violencia en los lugares de trabajo quede impune".