Rojas defiende denunciar a madres con niños que ocupan viviendas: "No es la manera"

"No es la manera", afirmó el intendente de Toay, Ariel Rojas, este miércoles, consultado por el caso de la madre con tres niños que ocupó hace una semana una vivienda social en la localidad. El municipio la denunció penalmente. La casa es la misma que había ocupado otra mujer en situación vulnerable, un caso que terminó en tragedia, con un suicidio. Pegado a la vivienda, otra madre con niños hace ocho meses que ocupa el lugar.

"Hicimos lo que cualquier titular de una propiedad debe hacer. En este caso, nosotros tenemos la responsabilidad del Estado de velar por el cuidado de las mismas y lo que hemos hecho justamente es denunciar esta situación indeseada que ha ocurrido. A partir de allí será la justicia quien tenga que determinar y saber los pasos a seguir", justificó Rojas, abordado por el tema, durante una conferencia de prensa que convocó para anunciar el festival de canto y danza.

-Más allá de la denuncia, ¿qué tipo de intervención tiene el municipio, en el caso de esta joven con tres niños, que entendemos que están en una situación socioeconómica complicada? -le consultaron.

-Sí, como mucha gente, como muchas situaciones que tuvimos antes, que tenemos y que seguramente seguiremos teniendo. La situación está abordada desde distintos ámbitos, como tantas otras, desde la Dirección de Desarrollo Social, desde la Secretaría de Niñez, del gobierno provincial. Como siempre, se trata de buscar una mejor solución, entendiendo que estas decisiones no ayudan para nada. Inclusive perjudican a otras familias que por ahí están esperando otras soluciones, otras ayudas. No es la manera,  es lo que siempre tratamos de decirles, y seguimos obviamente atentos a lo que sucede con el cuidado de los niños, sobre todas las cosas, con la responsabilidad que los mayores tenemos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, y por eso también es que apelamos a que estas situaciones no ocurran, y cuando ocurren, tenemos que hacer lo que nos corresponde.

-¿Podría haber alguna alternativa para esta situación que está viviendo esta persona, y esta familia?

-Sí, siempre se le ofrecen. A veces, cuando estas cosas ocurren, pareciera que fuera el único caso terrible o tremendo que tenemos en una ciudad de 20.000 habitantes. Lamentablemente, en una época de crisis como la que estamos viviendo, tenemos muchas situaciones similares. Obviamente que todas con su grado de reserva, y a cada una de esas situaciones se las trata de acompañar con lo que se puede y con lo que se tiene de la mejor manera y de la mejor forma. Como te decía, antes, durante, y seguiremos seguramente atentos al acompañamiento de esta situación, que sabemos que no es la que quisiéramos y que ojalá que pronto podamos encarrilarla, sobre todo desde lo que tiene que ver con situaciones que no se expongan ni a los niños, ni en este caso a la mamá, pero por sobre todas las cosas que podamos encontrar la mejor forma para todos ellos.

-En la otra vivienda contigua, también está la otra joven que ya hace 8 meses que está ocupando. Pidieron tener los servicios. ¿Qué respuesta da el municipio?

-Nosotros, como responsables de los inmuebles, acudimos a la justicia diciendo que hay una situación indeseada o no es lo que se quisiera. A partir de allí, la justicia es quien tiene que disponer. Nosotros seguimos, de alguna manera, atentos, ayudando a las familias, pero bueno, obviamente que no podemos ya hacer o decir lo que tiene que hacer la justicia. 

El caso

La vivienda donde vivía Antonela Villalba, quien se quitó la vida en diciembre del 2024, fue tomada hace una semana por una joven madre con tres hijos menores. La casa tenía las aberturas soldadas, no posee luz ni gas, aunque sí tiene conectado el servicio de agua. El intendente Ariel Rojas la denunció por usurpación y daños a la propiedad.

 Lucía de 27 años y madre de dos niñas de 8 y 4 años y un bebé de 5 meses, tomó la decisión de usurpar la vivienda ante la negativa de ayuda por parte del municipio, cansada de esperar una vivienda y "viendo lo mismo de siempre, cómo gente acomodada accedió a viviendas de IPAV" .

 "Me cansé de golpear puertas y nunca me dieron una solución, me daban 20 mil pesos para un alquiler, mostré cómo estaba viviendo a las autoridades y ni así me ayudaron. Sé que no está bien, pero no tenía otra opción", contó en una radio de Toay.

"Tengo una tarjeta alimentaria de $ 25.000, un cuota alimentaria de $ 30.000 y no mucho más. Con changas y ayuda de familiares y amigos llego, con suerte, a $ 100.000 por mes y con eso nos estamos arreglando", comentó.

Un antecedente trágico

 Cabe recordar que en junio del año pasado Antonella Betiana Villalba Guinder y Melanie Florencia López ocuparon con sus hijos aquellas dos viviendas deshabitadas en el barrio Los Profesionales de Toay. El municipio las denunció y cortaron sus conexiones domiciliarias de energía eléctrica y gas natural. Tres meses después recibieron una notificación desde el Poder Judicial y fueron formalizadas por el delito de usurpación. El 6 de septiembre acudieron a la Ciudad Judicial para sostener una audiencia con la fiscalía, acompañadas por un abogado y referentes de organizaciones sociales y agrupaciones feministas. Abrumada por la difícil situación económica y familiar que atravesaba, Antonella Villalba decidió quitarse la vida el 8 de diciembre.