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EL DIARIO digital
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La denuncia del intendente de Santa Isabel sobre irregularidades en el uso y entrega de las Tarjetas Sociales derivó en una auditoría del Ministerio de Desarrollo Social, la cual comprobó que una funcionaria utilizó la tarjeta social de una familia en su beneficio: hizo una compra en un comercio de Santa Isabel por 27.000 pesos, según consta en la investigación judicial. La funcionaria fue separada del cargo y la investigación incluye a una empleada de esa misma área.
En diciembre del 2024, el intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, pidió una auditoría a las tarjetas sociales que se entregan en su localidad y la zona, ante la denuncia de una beneficiaria a la que no le habían entregado su tarjeta, pero si la habían utilizado para realizar compras en comercios de la zona.
La fiscalía general de la Segunda Circunscripción Judicial, que interviene en el oeste provincial, comenzó una investigación, a cargo del fiscal general Armando agüero y del fiscal adjunto Matías juan, sobre dos empleadas del municipio de Santa Isabel.
Una de ellas, María Ester Fernández, se desempeñaba, en ese momento, como Secretaria de Desarrollo Social. La otra es Daiana Cabal, trabajadora municipal de esa área. Según la investigación, las empleadas recibieron tarjetas alimentarias de al menos 5 personas de esa ciudad, enviadas por el gobierno provincial y retrasaron por varios meses la entrega. Durante ese tiempo, habrían usado las tarjetas para hacer compras a su favor en comercios de ese medio.
Según pudo saber El Diario, la justicia ordenó allanamientos en sus domicilios, durante diciembre y enero. Las investigadas fueron demoradas durante las requisas y se produjo el secuestro de sus celulares. Ambas mujeres fueron notificadas en libertad, a disposición de la fiscalía interviniente.
Los investigadores tienen comprobado, hasta el momento, una compra por 27.000 pesos en un comercio de Santa Isabel, realizada por la funcionaria municipal con una tarjeta social que no le pertenecía.
Las sospechosas afrontan imputaciones por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para la justicia, el caso es grave porque "son dos funcionarias que deberían asistir con esas tarjetas a familias necesitadas y no solo las privaron de poder adquirir alimentos, sino que las usaron en beneficio propio, perjudicando a las familias que deberían ayudar", según indicó una fuente oficial. Y añadió que "al ser empleadas públicas, la causa penal no tiene salida alternativa, van a ir a juicio y pueden recibir una condena, aparte de la exoneración y despido en la comuna".
La funcionaria fue separada del cargo y las decisiones en el área social del municipio pasaron a depender exclusivamente del Departamento Ejecutivo. Sin embargo, ambas investigadas continúan trabajando en el municipio hasta se formalice la imputación y avance la causa judicial.
Auditoría
El Ministerio de Desarrollo Social auditó 372 tarjetas sociales y se detectaron beneficiarios que no sabían que tenían tarjeta, múltiples irregularidades en la entrega y el uso de tarjetas sociales por quienes no eran sus titulares.
Este último caso fue el que realizó la secretaria de Desarrollo Social, según detectó el relevamiento del Ministerio.
Otro ejemplo es el de un vecino que registra consumos desde septiembre de 2024 aunque la tarjeta nunca le fue entregada. "Me dijeron que me la estaban usando a la tarjeta", sostuvo el beneficiario y admitió no necesitarla.
Otra vecina tenía la tarjeta habilitada desde abril de 2024, pero la titular la recibió recién en octubre, seis meses después.
Durante ese periodo, el municipio de Santa Isabel le entregaba órdenes de compra para ser utilizadas en un comercio local, procedimiento que la beneficiaria asumió como normal.
Algunos titulares desconocen por completo el uso de sus tarjetas, entre ellas una vecina que tiene consumos registrados en Santa Rosa, sin haber viajado a la capital provincial.
Otro hombre acudió a la Delegación local tras descubrir que su madre estaba utilizando la tarjeta a su nombre. Aunque la tarjeta fue habilitada en el sistema el 27 de noviembre, aún no ha sido entregada físicamente al titular, contraviniendo las normas que exigen la firma del beneficiario para la activación.
Además de las empleadas investigadas, resta conocer también que responsabilidad les corresponde a los comerciantes que avalaron las compras con las tarjetas sociales a personas que no eran sus titulares.
