"Las políticas del Gobierno nacional son nefastas", se quejó una empresaria piquense
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EL DIARIO digital
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La reciente decisión de Mendoza de incluir a las empresas mineras en su Registro Único de Empresas y Establecimientos para cobrarles un canon por el uso del agua genera una profunda controversia. Mientras asegura el suministro de agua para la actividad minera a cambio de sumas millonarias, sigue negando a La Pampa su derecho al recurso hídrico del río Atuel.
Mendoza sostiene que la creación del canon busca preservar el recurso hídrico y regular su uso por parte de las empresas mineras. Sin embargo, este argumento se tambalea cuando se considera que parte del agua destinada a las mineras proviene de la cuenca del río Atuel, un recurso compartido del cual La Pampa ha sido excluida durante décadas. Mientras se asegura el abastecimiento a las empresas, La Pampa sigue enfrentando las graves consecuencias ecológicas y sociales de un río cortado.
El argumento histórico de Mendoza para justificar el corte del río Atuel ha sido la falta de agua suficiente. Sin embargo, la decisión de abastecer a las mineras demuestra que el recurso existe, aunque su distribución responde a intereses económicos que priorizan a las empresas sobre los derechos de La Pampa y de las comunidades afectadas por la falta de acceso al agua.
En el último año, Mendoza avanzó con la autorización de al menos 34 proyectos mineros que están en la cuenca del otro río que comparte con La Pampa: el río Colorado.
Cuánto paga la minería por el agua
Los montos establecidos por Mendoza para las empresas mineras varían entre $285.120 y $53.460.000, según la etapa de explotación y la categoría metalífera. Estos ingresos millonarios contrastan con la negativa de la provincia a garantizar siquiera un caudal ecológico mínimo para La Pampa, que podría mitigar los daños ambientales y sociales causados por la sequía del río Atuel.
El río Atuel no pertenece exclusivamente a Mendoza; es parte de una cuenca interprovincial cuyo uso debe ser compartido y regulado en forma equitativa. Sin embargo, Mendoza ha mantenido una postura unilateral, restringiendo el caudal hacia La Pampa y priorizando sus propios intereses, ahora ampliados a la actividad minera.
La Pampa ha reclamado insistentemente ante instancias judiciales y políticas por un reparto justo del agua del río Atuel. Sin embargo, las resoluciones aún no han garantizado el acceso al recurso. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que no se cumple y que obliga a Mendoza a entregar 3,2m3 por segundo de caudal permanente del río Atuel a La Pampa.
El discurso de Mendoza sobre la sostenibilidad ambiental pierde credibilidad al observar la contradicción entre sus acciones: garantiza agua a la minería, un sector conocido por su alto impacto ambiental, mientras niega este recurso a una provincia vecina que lo necesita para sostener ecosistemas y comunidades.
