Ocuparon la casa en Toay donde murió Antonella
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EL DIARIO digital
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"Diego Loza. Tapar tu memoria no tiene perdón. Siempre en nosotros", escribió en sus redes sociales el exconcejal santarroseño Pablo Pera Ibarguren.
Según pudo saber El Diario, las autoridades del municipio santarroseño no se comunicaron con la familia de Loza, ni tampoco brindaron una explicación de por qué decidieron "blanquear" la pared donde estaba el mural, lo que provocó un enojo y malestar.
"Siempre es importante mantener la memoria. Hace unas semanas nos enteramos que habían tapado su mural. Ninguna autoridad municipal nos avisó. Solo lo hicieron. Un mural que gritaba Justicia, que recordaba unos de los casos más aberrantes y violentos ocurridos en la ciudad de Santa Rosa", se expresó en Facebok Pauli Loza.
"Seguimos sufriendo la ausencia y seguimos extrañando. A pocos meses de confirmar la condena efectiva de uno de los asesinos de Diego, no sabemos todavía por decisión de quién, borraron el mural que para nosotros era no sólo un homenaje a Diego, sino también el recuerdo de que nunca se le suelta la mano a quienes amamos y que el grito de JUSTICIA debe ser a toda voz y de todas las formas. Ninguna autoridad municipal se comunicó con mis padres y nadie les dijo el porqué; fue tapado, desvalorizando la importancia de lo que representaba. Era un lugar memorial, que fue bendecido por el Padre Cipolla, circunstancia que tampoco les importó", agregó.
"El silencio impuesto en este espacio es una falta de respeto no solo a la memoria de Diego, sino también a los que representamos y compartimos el dolor de su ausencia. Alguien tiene que dar explicaciones del por qué. No hay mucho más para decir... en nuestros corazones siempre estás presente. Justicia por Diego Loza", reclamó.
Loza fue asesinado el 23 de junio de 2018. La Justicia condenó a Walter Eleuterio Rojas Pedraza a prisión perpetua por ser autor de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, homicidio criminis causa, en concurso ideal con robo con escalamiento agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todo en concurso real, en calidad de co-autor.
A su vez, declaró la autoría y responsabilidad penal de Carlos Andrés Carrión -quien al momento del hecho tenía 17 años- por los mismos delitos, y también en calidad de coautor. Posteriormente, ya a mediados de 2023 y luego de diferentes presentaciones que dilataron el proceso, Carlos Andrés Carrión, fue condenado a 12 años de prisión.
La defensa argumentó que existía una contradicción en las pruebas utilizadas para condenar a Carrión. Según los abogados, el arma secuestrada y asociada a su cliente, una pistola calibre 22, no podía haber causado las lesiones mortales en la víctima ya que los disparos correspondían a un calibre 9 mm, de acuerdo con el informe forense. Esta discrepancia fue presentada como fundamento de la acción de revisión, argumentando que se trataba de una prueba invalidante de la condena inicial.
Asimismo, los abogados plantearon que esta contradicción era suficiente para considerar la revisión de la sentencia, en el marco del principio de la "cosa juzgada írrita", aplicable a casos excepcionales en los que un fallo pudiera considerarse como un fraude al debido proceso. La defensa invocó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en especial el caso "Almonacid Arellano vs. Chile", como fundamento de la necesidad de revisión.
