Tenía prohibido conducir y corría picadas: fue detenido
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EL DIARIO digital
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La jueza Marisol Rodríguez condenó al empleado judicial Leonardo Alexis Isequilla a dos años de prisión en suspenso por sustraer dinero de dos expedientes pertenecientes a la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad.
En un juicio abreviado, también recibió una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de devolver el total del dinero hurtado: 1.219.090 pesos y 1.900 dólares.
La sentencia se leyó este jueves en el Centro Judicial de Santa Rosa, a partir de acuerdo entre el fiscal general Máximo Paulucci y el defensor particular del imputado, Rodrigo Villa, y fue avalado por la jueza Marisol Emilia Rodríguez.
El caso salió a la luz cuando uno de los propietarios de los fondos sustraídos se presentó en la Fiscalía para retirar el dinero y descubrió que este no se encontraba. La denuncia por el faltante llevó al Ministerio Público Fiscal a iniciar una investigación de oficio. Las pesquisas revelaron que Isequilla, quien trabajaba en la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y tenía acceso a los legajos, se había apropiado de los fondos mediante engaños.
El imputado convenció al personal administrativo de que los paquetes con dinero habían sido solicitados por los fiscales a cargo de los expedientes, Facundo Bon Dergham y Leticia Pordomingo. Sin embargo, en lugar de entregarlos a los dueños legítimos, Isequilla se apropió de ellos.
Tras la denuncia y el inicio de las investigaciones, se llevaron a cabo una requisa en el lugar de trabajo del acusado y un allanamiento en su domicilio, ubicado en avenida Circunvalación Sur al 400. Durante los procedimientos, la Brigada de Investigaciones encontró en la casa de Isequilla los paquetes rotulados con los números de legajo y parte del dinero sustraído. También se hallaron 800 dólares y pesos chilenos, que correspondían a uno de los expedientes.
El análisis de las cámaras de seguridad, el libro de actas de Mesa de Entrada y otras pruebas reforzaron la acusación contra el imputado. La Fiscalía determinó que su accionar como hurto, defraudación especial y delito contra la administración pública.
La Fiscalía va a crear una cuenta en pesos y otra en dólares para que el exempleado judicial pueda ir haciendo la devolución. Tiene un plazo de 180 días.
Por su parte, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) determinará la situación del empleado: si debe ser echado, sancionado o exonerado.
