Salario mínimo, vital y móvil: "Una crónica de una muerte anunciada"

La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roxana Rechimont, calificó de "predecible" la reciente decisión del gobierno nacional de fijar el salario mínimo, vital y móvil en un monto que no supera los 280.000 pesos.

La gremialista cuestionó la falta de un debate serio y profundo en torno a este ajuste y denunció la desconexión entre el monto definido por el Ejecutivo y el costo real de vida de los trabajadores y trabajadoras. "La imposición de este salario es algo que era de esperar, un reflejo de la despersonalización y la falta de diálogo genuino por parte del gobierno nacional", señaló a CPEtv la dirigente sindical, quien criticó la ausencia de una mesa de discusión adecuada sobre los salarios, la cual considera esencial para garantizar una vida digna para los trabajadores.

Rechimont destacó que la mesa del salario mínimo ha dejado de cumplir su función fundamental. "Ya no fija un salario mínimo ni vital ni móvil. Es un monto alejado del costo de vida de cualquier trabajador. Y si a eso le sumamos la escalada de aumentos en los insumos básicos, como alimentos, combustibles y servicios, es simplemente imposible que un salario de esta magnitud pueda sostenerse en la vida cotidiana de una familia trabajadora", subrayó.

La dirigente alertó especialmente sobre el impacto de esta medida en los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que, según ella, "mueven la economía" a través de su trabajo. Rechimont mencionó además el contexto crítico del sector estatal, uno de los principales afectados por la pérdida del poder adquisitivo y los ajustes salariales insuficientes.

"El sector que mueve la economía, el sector estatal, ha sufrido una caída estrepitosa. Esto no es una sorpresa. Es una crónica de una muerte anunciada", afirmó Rechimont, quien se mostró especialmente preocupada por el cierre de hospitales y las renuncias masivas de médicos. "Nuestros abuelos ya no pueden acceder a una salud de calidad y, lamentablemente, esta es la realidad de un sistema que está colapsando", agregó.

En cuanto al impacto de este ajuste en el salario mínimo, Rechimont detalló que, en lo que va del año, los trabajadores han visto una pérdida de más del 60% de su poder adquisitivo, con algunas regiones registrando una caída de hasta el 80%. "Estamos hablando de sectores en los que el salario mínimo se fija en los municipios, donde muchos trabajadores reciben jornal diario, y el valor de la hora de trabajo es de 1.400 pesos. ¿Cuántas horas tiene que trabajar un trabajador o trabajadora para llegar a cubrir las necesidades básicas de una familia?", preguntó.

Frente a este panorama, Rechimont insistió en que el salario mínimo de un trabajador o trabajadora no debe ser inferior a 1.400.000 pesos. "Nosotros sostenemos que el salario mínimo tiene que ser acorde a las necesidades de las familias. Hoy, lamentablemente, este ajuste no hace más que profundizar la desigualdad y la pobreza", remarcó.

La dirigente también anticipó que el año 2025 será aún más difícil que el 2024, con la perspectiva de nuevos despidos en el sector público. "Ya tenemos más de 50.000 trabajadores que se verán afectados por la caída de puestos de trabajo en el Estado. Y la indemnización por despido, en muchos casos, se calcula sobre la base de un salario mínimo de 279.000 pesos. Es decir, los trabajadores, que son despojados de su empleo, también están siendo despojados de su derecho a una indemnización justa", denunció.