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EL DIARIO digital
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Un grupo de vecinos autoconvocados del barrio Lowo Che de Toay presentó una denuncia penal contra las autoridades de la Municipalidad debido a la falta de acción frente a la instalación de una antena de telefonía móvil considerada ilegal. Los vecinos argumentan que la estructura, de 35 metros de altura, viola las ordenanzas locales que prohíben la instalación de antenas mayores a 25 metros dentro del ejido urbano. La torre está ubicada en en Chuña y Loica Pampeana.
En un comunicado, los denunciantes sostienen que el municipio está incurriendo en el delito de "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos", tipificado en el artículo 248 del Código Penal. Según explicaron, las propias ordenanzas municipales establecen que este tipo de estructuras deben instalarse fuera del área urbana, algo que, afirman, el municipio ha ignorado.
Habilitación e impacto ambiental
Los vecinos remarcan que la antena carece de autorización municipal para su instalación. De acuerdo con el comunicado, en respuesta a los reclamos presentados por las familias del barrio, el municipio remitió en su momento dos cartas documento a Telefónica Móviles S.A., intimando a la empresa a exhibir la documentación que acreditara la habilitación correspondiente. Sin embargo, la empresa no presentó ningún aval, y pese a ello, las autoridades municipales no procedieron a ejecutar el apercibimiento de remoción estipulado.
El comunicado subraya que la estructura soporte de la antena es competencia exclusiva de la Municipalidad, y que, aunque el Enacom tiene la potestad de autorizar las emisiones de radiofrecuencia, no puede regular la obra civil vinculada al soporte. Por ello, el reclamo apunta directamente a la inacción del Ejecutivo local.
Además, los vecinos denuncian que la antena no cuenta con el informe de impacto ambiental requerido por la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. Según indicaron, la empresa jamás inició un expediente para obtener la aprobación ambiental, lo que refuerza la ilegalidad de su funcionamiento.
El grupo de vecinos expresó su preocupación por las posibles consecuencias para la salud y la seguridad de las familias del barrio. Aseguran que la presencia de la antena no solo viola normativas legales, sino que también pone en riesgo la vida de los residentes.
"Este silencio y permisividad por parte del intendente es inadmisible. No solo permite el funcionamiento de una antena ilegal, sino que lo hace ignorando los riesgos que implica para la salud de nuestras familias", aseguraron.
Con la denuncia penal, las familias buscan que el Poder Judicial intervenga y obligue al municipio a cumplir con las leyes vigentes, removiendo la antena.