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EL DIARIO digital
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"Muy por el contrario algunos agregados parecen ir en sentido contrario", remarcaron.
Aseguran que buscan una ley que "atienda la salud humana y cuide el medioambiente, pero que no atente contra la producción".
Las entidades firmantes son CARBAP, Sociedad Rural Argentina, CREA, AAPRESID, Federación Agraria Argentina, COPROMA, CEPIA (Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios), Centro de Acopiadores de Cereales y APALP.
En la nota explicación que el 26 de Noviembre recibió un correo electrónico desde su Dirección de Agricultura con el adjunto de un documento con modificaciones sobre el borrador inicial de la reglamentación de la ley 3288.
"El mismo fue analizado por todas las entidades abajo firmantes en conjunto y, teniendo en cuenta el plazo perentorio de 15 días que otorgó para una respuesta, le informamos: Las abajo firmantes manifiestan una vez más la predisposición al diálogo a través del cual podemos realizar los aportes necesarios para lograr una legislación que, defendiendo el medio ambiente y la salud humana, no atente contra la producción agropecuaria provincial, dijo.
Explicaron que "esa predisposición ha quedado demostrada en las reuniones que hemos mantenido con el Gobernador, la Ministra de Producción, el Ministro de Salud y la Secretaria de Ambiente, en las que percibimos la voluntad de ambos funcionarios a tener en cuenta nuestros puntos de vista".
"Llama la atención que en el documento modificado no se vuelcan los temas abordados en las reuniones mencionadas y muy por el contrario algunos agregados parecen ir en sentido contrario", advierten.
Las entidades detallan los elementos que se evidencian contrarios a la postura de los sectores productivos:
Distancias excesivas de exclusión y amortiguamiento sobre zonas urbanas, cursos de agua y cuerpo de agua haciendo improductiva enorme superficie de la provincia.
Poder de policía elevado de las autoridades de aplicación.
Alta carga burocrática de todos los permisos y autorizaciones para poder realizar una aplicación.
Un sistema de trazabilidad provincial innecesario, en la cual hay una ley nacional que la provincia puede adherir.
Una receta de compra que solo generará inconvenientes en el libre comercio. Incorporación de las BPA para determinar condiciones de aplicación y distancias.
Además, sostienen que "no hemos sido convocados por esa Dirección en esta instancia, para volcar nuestros aportes y concretar los puntos desarrollados ante el Gobernador y sus ministros, si no que, tal como lo declara, las modificaciones introducidas son producto de lo planteado solamente por sectores no representados en nuestras instituciones".
Las entidades del campo afirman que "por todo lo manifestado, las instituciones abajo firmantes consideran que su solicitud de una respuesta referida al documento modificado resulta improcedente, pues no contemplan los aspectos que originaron nuestro rechazo al original. Consideramos que el mismo no modifica sustancialmente al original, por lo que le caben las mismas consideraciones".
Además, le dijeron al director de Agricultura que "recordamos a usted que en la primera reunión convocada del Consejo Consultor, las entidades presentes, haciendo uso de las facultades que les otorga el artículo 24 de la Ley 3288, solicitaron la inclusión de CREA, AAPRESID , CENTRO DE ACOPIADORES Y APALP, por considerar que las mismas pueden realizar valiosos aportes al tema planteado lamentablemente dicha iniciativa parece haber sido ignorada".