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EL DIARIO digital
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El Consejo Directivo del INTA, conformado por representantes del gobierno, las universidades y las entidades rurales, se opuso a varios de los pedidos de ajuste realizados por el Poder Ejecutivo, aunque accedió a otros. Se frenó el despido de 227 personas contratadas por el organismo en 2023, se aprobó la venta de los inmuebles de Cerviño y Cerrillos, los retiros voluntarios y se abrió un plazo de 75 días para evaluar cuál es la dotación óptima de personal del INTA.
El secretario General de APINTA, Roberto Maldonado dijo que "seguimos en la incertidumbre de lo que puede pasar". Aunque evaluó que "somos uno de los pocos organismos nacionales que no hubo despidos".
"Tenemos que festejar a medias, no va a haber despidos al menos por 75 días que es lo que se va a tomar el Gobierno para rever la planta del INTA. Queremos hacer cargo al Gobierno, al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, a Juan Pazo y al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino que fueron lo que aprobaron la venta de tierras", dijo Maldonado.
El dirigente gremial celebró que no se haya aprobado la venta de tierras del organismo. "Nosotros tenemos 3.700 hectáreas, de las cuales nos quieren dejar 400 y el resto lo quieren poner a la venta y sabemos que es un negocio inmobiliario y no es que no las trabajemos, el problema es que tenemos un prepuesto recortado", aseguró.
"Somos una entidad con autarquía y quieren que perdamos esa autarquía para tener el mando de todo", completó.
Después de las reuniones de esta semana, cl Consejo Directivo aceptó la venta compulsiva que decidió la AABE (Administradora de Bienes del Estado) del edificio de la calle Cerviño 3100, en Barrio Norte, y que se subastará con una base de 6,37 millones de dólares. También se aprobó la cesión de 40 hectáreas de campo en el INTA de Cerrillos, en Salta, que antes se había rechazado en una anterior reunión.
Las condiciones que puso el cuerpo colegiado para acceder a esta petición del gobierno fue que el dinero de esas operaciones regresase al INTA. Votaron a favor 8 de los 10 integrantes y solo se opusieron el representante de las Universidades de Veterinaria, Guillermo Bernarde, y el consejero por la Federación Agraria, Pablo Pailolle.
Se decidió también conceder al INTA un nuevo plazo de 75 días (los consejeros pedían 120 días) para hacer una "adecuación del personal", pensando en una modernización real de la estructura y no como mero ajuste de costos. El director nacional deberá ser quiens e ocupe de esa tarea. Así se evitó el despido de los 227 empleados que no tenían planta permanente y que ingresaron a trabajar en el INTA en diferentes posiciones en 2023