Apoyo al proyecto que previene la tortura en las cárceles

Josefina Ignacio y Silvina Irrazabal, integrantes del Comité Nacional Prevención de la Tortura, defendieron este martes en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura el proyecto que crea un mecanismo de prevención de la tortura en la provincia. "En la medida que La Pampa tenga su mecanismo local, va a integrar el sistema nacional de Prevención de la Tortura, va a integrar el Consejo Federal de Mecanismo Locales y, sobre todo, va a tener un organismo propio que va a ejercer un control sobre los lugares de encierro y colaborar con los tres poderes del estado, para que no se violen Derechos Humanos en esos espacios", explicó Ignacio. 

La Ley 26.827 es la que establece el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en Argentina. La ley creó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), un organismo público que se encarga de monitorear y controlar los lugares donde se encuentran personas privadas de su libertad. La iniciativa busca crear un mecanismo local en La Pampa. 

"La Pampa tiene un proyecto que se debe aprobar y luego, conformar el organismo. El proyecto es uno que acompañamos desde el inicio. Siempre decimos que los proyectos tienen que ser factibles, posibles, que puedan realizarse y que se ajusten a las necesidades y singularidades de cada provincia", dijo Ignacio. 

Agregó que "nosotros no pretendemos que todos los proyectos de cada provincia sean iguales. No hay proyectos enlatados que venimos a promover, sino que emitimos algunas recomendaciones básicas, cuestiones que sí o sí tienen que tener los proyectos y, a partir de ahí, cada Legislatura es autónoma para dictarse su propia ley. Este proyecto, en principio, respeta todas las recomendaciones que nosotros como organismo nacional hemos volcado a las provincias a la hora de dictar sus propias leyes".

"Venimos a acompañar el proyecto, a que cada bloque opine y sea la propia Legislatura, representando al pueblo de la provincia que decida su propia ley, pero queriendo que esto salga pronto, acompañando todo el proceso y a disposición de eso, de acompañar este proceso. Celebramos que la Legislatura esté llevando adelante", dijo.

En el país son 15 las jurisdicciones provinciales que ya tienen sus propias leyes y están con los mecanismos trabajando. "Hay otras donde se han aprobado los proyectos de ley, pero el mecanismo no se ha puesto en funcionamiento y otras que, directamente, no hay proyecto ni debate parlamentario sobre este mecanismo", comentó.

"El Comité efectúa recomendaciones, asesora en programas y políticas públicas vinculadas al tema, asesora en proyecto de ley, vinculados a la temática y tiene todo un trabajo colaborativo. No es reactivo, no va atrás de una denuncia o ante una situación grave —que también lo puede hacer— pero no es su función específica, sino que es preventiva, hace un control permanente de estos espacios para prevenir situaciones o condiciones que puedan generar situaciones de vulnerabilidad de derecho, situaciones de violencia o torturas", concluyó.